Emisoras atacadas en México; ingeniero asesinado

"Una vez más los medios mexicanos están en la primera línea de la guerra entre narcotraficantes", aseguró Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. "El gobierno federal debe adoptar medidas concretas para proteger la libertad de expresión consagrada en la constitución".

Un grupo de individuos armados irrumpieron en la planta de transmisión del Grupo Multimedios Laguna, según entrevistas del CPJ e informes de la prensa local. Los asaltantes dispararon contra Rodolfo Ochoa Moreno, de 27 años, que llamaba a la policía, mientras destruían y robaban equipos, señaló Juan Carlos Zuñiga, un conocido presentador del grupo de medios. Heriberto Gallegos, gerente de la emisora Radiorama Laguna, ubicada en las inmediaciones, informó que los sujetos también irrumpieron en las instalaciones de esa emisora y estropearon sus equipos.

Gallegos aseguró que el ataque fue dirigido a generar pánico entre el público de Torreón, una ciudad grande en el centro-norte de México y un campo de batalla entre dos carteles de la droga rivales. "Ambos quieren demostrar su poder. Ambos quieren demostrar que el gobierno no los puede controlar y que la gente tiene que hacer lo que quieran", indicó Gallegos.

El Grupo Multimedios ha sido blanco de los narcotraficantes en varias ocasiones desde 2009, según la investigación el CPJ. Eliseo Barrón, un reportero y fotógrafo del diario La Opinión de Torreón, uno de los periódicos del grupo, fue secuestrado y asesinado ese año. Jaime Canales, camarógrafo del grupo, figuraba entre varios de los periodistas secuestrados en julio para obligar a la empresa de medios y otra emisora a emitir videos realizados por un cartel de la droga.

Zuñiga indicó que el Grupo Multimedios Laguna no cubre crimen organizado por miedo a represalias de los narcotraficantes.

La violencia del narcotráfico ha convertido a México en uno de los países más peligrosos para la prensa, según una investigación del CPJ. Diez periodistas fueron asesinados en el país en 2010, al menos tres en represalia directa por su trabajo periodístico. El CPJ continúa investigando para determinar si las otras siete muertes estuvieron relacionadas con el trabajo de las víctimas.