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El CPJ condena sentencia por difamación criminal en Perú

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Nueva York, 14 de julio de 2011--El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena la sentencia de dos años de prisión contra Hans Francisco Andrade Chávez, periodista peruano de televisión, quien fue acusado por difamación criminal con motivo de un informe periodístico publicado el 2 de marzo que involucró a un funcionario del gobierno local.

Andrade Chávez, un periodista de la filial local de la cadena nacional de televisión América, realizó una entrevista a una dirigente política local que acusó al subdirector de servicios públicos de Chepén, Juan José Vásquez Romero, de amenazarla de muerte, según informes de la prensa local y entrevistas del CPJ. El 31 de marzo, Vásquez Romero acusó oficialmente a Andrade Chávez por difamación, según indicaron los informes de prensa local.

En su sentencia del 6 de julio, la justicia indicó que las afirmaciones vertidas en el informe no eran ciertas, aunque la decisión escrita no citó evidencia alguna. El periodista aseguró al CPJ que buscó a Vásquez Romero para que emitiera un comentario antes de que el informe saliera al aire, pero le fue imposible encontrarlo. Andrade Chávez afirmó creer que fue acusado por su cobertura crítica sobre el gobierno local.

Una jueza también multó a Andrade Chávez por 4,000 soles (1.430 dólares estadounidenses), indicó la prensa local. El periodista afirmó al CPJ que apelará la decisión judicial.

"Instamos a las autoridades judiciales peruanas a revertir la condena contra Andrade Chávez en la instancia de apelación", afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. "Las autoridades peruanas deben implementar de inmediato reformas para eliminar disposiciones arcaicas sobre difamación que contradicen estándares internacionales en materia de libertad de expresión".

Los procesos penales por difamación no son inusuales en Perú. Alejandro Carrascal Carrasco, editor del periódico Nor Oriente de Bagua, y el periodista de radio Oswaldo Pereyra Moreno, de San Lorenzo, fueron ambos encarcelados por difamación en 2010 como consecuencia de su labor informativa. La Corte Suprema de Perú anuló la sentencia judicial en el caso de Carrascal y liberó al periodista. Pereyra fue liberado luego de que una corte de apelaciones consideró que los procedimientos del tribunal inferior  estaban viciados.

La legislación peruana contradice el consenso emergente en la región que considera a las leyes civiles como la solución adecuada para resolver casos de supuesta difamación y que los periodistas no deben ser encarcelados por calumnias o injurias. En diciembre de 2009, la Corta Suprema de Costa Rica eliminó las penas de prisión para casos de difamación. Un mes antes, en noviembre de 2009, el Congreso de Argentina derogó cláusulas sobre difamación contenidas en el código penal. Y en abril de 2009, el Tribunal Supremo de Brasil anuló la Ley de Prensa de 1967, una medida que imponía duras penas por calumnias e injurias. Tribunales en Colombia y Chile también han dictado recientemente sentencias en contra de cargos por difamación criminal.

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