Clausuran semanario venezolano y dos ejecutivos son acusados

El sábado, el semanario publicó un artículo con el título "Las poderosas de la revolución bonita", en el cual indica que varias juezas y funcionarias de alto rango de la administración de  Presidente Hugo Chávez cumplen roles específicos en un "cabaret dirigido por Mister Chávez," informó la prensa.  El artículo fue acompañado con un montaje fotográfico que superpuso las cabezas de las funcionarias en los cuerpos de unas bailarinas de cabaret.

Después de la publicación del artículo, funcionarios del gobierno afirmaron que la nota fue denigrante para las mujeres e  insistieron que investigan al diario, informó la prensa. El lunes, una jueza dictó una medida cautelar  que ordenó al diario cesar de inmediato la distribución mientras que los fiscales investigan el caso. Pedro Aranguren, el abogado del diario, pretende apelar la decisión, informó la prensa.

Dinorah Girón, la ejecutiva senior del diario, fue detenida el domingo y liberada el martes, indicó Silvia Alegrett, la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, al CPJ. Girón deberá presentarse cada 15 días  ante el tribunal y tiene prohibido efectuar declaraciones a los medios acerca del proceso, afirmó Alegrett. Según informó la prensa, se ha emitido un orden de captura para Leocenis García, el propietario del diario. El martes, el diario El Nacional publicó un  comunicado de prensa de García en el que afirma estar en la clandestinidad.

Bajo el código penal venezolano, los cargos de instigación pública al odio y vilipendio a funcionario público implican penas de prisión y multas elevadas; la ofensa pública por razones de género es una infracción punible bajo la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La investigación del CPJ muestra que la administración de Chávez ha utilizado  todas las herramientas del poder a su disposición para silenciar a los medios de prensa críticos. Con la confianza depositada en tribunales de justicia politizados, el gobierno prohibió el año pasado a dos importantes periódicos publicar imágenes de crímenes y violencia en vísperas de las elecciones legislativas de septiembre.

Existe un cuerpo creciente de opiniones jurídicas internacionales en el sentido que los funcionarios públicos no deben ser resguardados del escrutinio público. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobada en octubre del 2000, expresa que "los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".