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Los asesinos de Cabezas están libres, 15 años después del crimen

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Por Carlos Lauría/Coordinador Senior del Programa de las Américas

Fotógrafos levantan retratos de José Luis Cabezas durante una multitudinaria manifestación en Buenos Aires, el 25 de febrero de 1997, para protestar por el asesinato de Cabezas el mes anterior (AP/Daniel Muzio)

Fue una mañana de invierno crudo hace más de 15 años. Como parte de mi rutina diaria de corresponsal extranjero, abrí mi computadora personal para leer los diarios argentinos. Un titular me conmovió: José Luis Cabezas, fotógrafo del semanario Noticias, había sido asesinado. Su cuerpo con dos balazos en la cabeza fue hallado el 15 de enero de 1997, dentro de un auto que había sido incendiado, esposado y el cuerpo calcinado, en las afueras de la ciudad balnearia de Pinamar.   

El asesinato de Cabezas, el crimen más brutal de un periodista desde la restauración de la democracia en 1983, perturbó a la sociedad argentina. Periodistas locales, activistas en defensa de la libertad de prensa y ciudadanos comunes protestaron en las calles para reclamar al gobierno del Presidente Carlos Menem una investigación exhaustiva del crimen. Cabezas fue el primer fotógrafo profesional en captar imágenes de Alfredo Yabrán, un empresario poderoso con una vida recluida que era descripto como el jefe de la mafia local. Yabrán había construido su fortuna a través de lucrativos contratos con el estado y por medio del control de la mitad del correo privado y una buena parte del negocio de las imprentas oficiales. Yabrán no era conocido para el público hasta que Noticias publicó artículos sobre sus negocios y vínculos con políticos y el gobierno. Las fotografías de Cabezas ilustraron numerosos artículos sobre corrupción de la elite política y empresarial, que tradicionalmente migra a Pinamar durante el verano.

Como corresponsal de la revista en Nueva York, se me encomendó la tarea de contactar a los defensores de la libertad de prensa en Estados Unidos quienes deberían mantener la presión sobre el gobierno argentino para que realizara una investigación profunda sobre el crimen. El 27 de enero, el CPJ envió una carta dirigida a Menem exhortando a su gobierno a conducir una pesquisa exhaustiva sobre el asesinato e instando a  que los responsables fueran procesados por la justicia. También entrevisté a Katharine Graham, dueña del Washington Post Company e integrante de la junta directiva del CPJ, quien expresó su solidaridad con Noticias, la familia Cabezas y la prensa argentina. En mayo, el CPJ publicó un informe especial sobre el asesinato del fotógrafo.

El crimen ocurrió en medio de una disputa política entre Menem y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, cuando los dos caudillos peronistas estaban involucrados en una campaña para la candidatura del partido a la elección presidencial de 1999. (Pinamar está en la provincia de Buenos Aires). El gobierno tenía vínculos con Yabrán, y a pesar de que Menem negó inicialmente conocer en persona al empresario, los investigadores pronto revelaron que el hombre de negocios había realizado varios llamados telefónicos al ministro de Justicia, Elías Jassan, inmediatamente después de que Cabezas fuera asesinado. La revelación, que fue divulgada por la prensa (junto al hecho de que Menem había viajado en el avión privado de Yabrán), condujo a la renuncia del ministro.

Como resultado de una fuerte presión de la opinión pública internacional y la prensa argentina, durante el año posterior al asesinato fueron detenidos varios sospechosos, incluyendo el jefe de seguridad de Yabrán y algunos ex policías. En mayo de 1998, Yabrán fue llamado a testificar en el juicio por el asesinato. El enigmático empresario desapareció y fue hallado muerto varios días después en la provincia de Entre Ríos. Se había disparado un tiro en la boca.

A comienzos de 2000, ocho hombres fueron sentenciados a reclusión perpetua por participar en el crimen de Cabezas y el tribunal indicó que el asesinato había sido planeado por Yabrán. Otro sospechoso recibió la misma sentencia en 2002. Pero todos los asesinos condenados han sido liberados en los últimos cuatro años. Luego de que sus condenas fueran reducidas en instancia de apelación, la aplicación de la cláusula conocida como el "2 por 1" posibilitó que los acusados del asesinato salieran en libertad después de cumplir menos de 10 años cada uno. La semana pasada, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) instó a la justicia a que vuelva a encarcelar a los asesinos, algo que podría ocurrir si la sentencia original es ratificada.

Para los argentinos, el asesinato de Cabezas tiene reminiscencias con los miles de crímenes que ocurrieron durante la llamada "guerra sucia" de fines de los años setenta y comienzos de los ochenta durante la dictadura militar. El crimen desenterró penosos recuerdos en un país donde decenas de periodistas fueron asesinados en ese período, y unas 30 mil personas fueron desaparecidas después de ser secuestradas y torturadas. En años recientes, Argentina ha hecho grandes avances en el enjuiciamiento de integrantes de la dictadura por crímenes de lesa humanidad. El hecho de que todos los asesinos de Cabezas estén en libertad es un retroceso en el combate contra la impunidad.

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