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Senadores mexicanos afirman que crímenes de periodistas serán delito federal

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Por Mike O'Connor/Representante del CPJ en México

El autor, a la derecha, junto al presidente del Senado, José González Morfín, quien dialoga con el coordinador senior del programa de las Américas, Carlos Lauría. (Ignacio González Anaya)

En México, donde la impunidad en casos de asesinatos de periodistas ha generado terror y censura en la prensa local, legisladores afirmaron que el Senado federal está a punto de aprobar una enmienda constitucional que otorgaría jurisdicción a las autoridades federales sobre delitos contra la libertad de prensa. La aprobación significaría que los fiscales y la policía federal, que en general son menos corruptos y más efectivos, tendrían jurisdicción sobre las autoridades estatales en los casos de periodistas asesinados y amenazados.

Desde 2006, más de 40 periodistas han sido asesinados o están desaparecidos en México, según la investigacióndel CPJ. Debido a una combinación de negligencia y corrupción entre funcionarios públicos, en particular a nivel estatal, numerosos crímenes contra la prensa permanecen sin resolverse. La falta de investigación sobre estos abusos promueve un clima donde se registran más crímenes. Los periodistas evitan informar sobre temas sensibles como la violencia, la corrupción y el narcotráfico y en consecuencia los ciudadanos son privados de su derecho a información vital.

El Senado dio el primer paso al aprobar el martes la medida en comisión, y los líderes de los tres principales partidos políticos aseguraron a una delegación del CPJ en Ciudad de México que sería aprobado por el pleno el próximo martes. El proyecto había sido aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre. De ser aprobado en el Senado, pasaría a los estados para su ratificación, donde necesitaría ser ratificado por la mitad más uno. (La delegación del CPJ estuvo conformada por Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas; María Teresa Ronderos, reconocida periodista colombiana e integrante de la junta directiva del CPJ; Danny O'Brien, coordinador de campañas de Internet del CPJ; y Mike O'Connor).

"Existirá cierta resistencia en algunos estados, pero esperamos que en unos meses una mitad de las legislaturas aprobará la reforma", afirmó al CPJ el senador José González Morfín, presidente de la Cámara Alta. González es el líder del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado. Similar optimismo fue expresado por Senador Manlio Fabio Beltrones, quien lidera el bloque en el senado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la bancada mayoritaria. Ese partido también controla las gobernaciones en la mayoría de los estados, lo que significa, según fuentes diplomáticas, que el respaldo del PRI aseguraría la aprobación de la enmienda en la mayoría de las legislaturas estatales.

La enmienda es tan amplia que permitiría a las autoridades a investigar y enjuiciar crímenes contra los periodistas o personas o instalaciones de medios cuando el derecho a la información o el derecho de expresión se vean afectados.

La aprobación de la reforma constitucional se produce dos años y medio después de que presidente Felipe Calderón se comprometiera ante una delegación del CPJ a trabajar intensamente para impulsar la medida en el Congreso y los estados. Parecía, hasta hace poco, que había fracasado por completo. La mayor parte de ese tiempo fue consumido por esfuerzos infructuosos para impulsar la enmienda en la Cámara de Diputados, con ninguna acción en el Senado. Los diplomáticos y abogados de derechos humanos que siguieron la falta de progreso anticiparon que había pocas esperanzas para aprobarla durante la actual sesión legislativa, que a efectos prácticos termina a finales de abril. Agregaron, no obstante, que sería necesario un nuevo esfuerzo en la nueva legislatura y con un nuevo presidente, que será electo en julio. No está claro que ha cambiado exactamente, pero los diplomáticos especulan que es posible que el gobierno de Calderón le haya dado nuevo impulso a la reforma en un intento por salvar su reputación.

Sin embargo, el tema aún no está del todo resuelto. La enmienda, de ser aprobada, le otorgaría al gobierno federal jurisdicción sobre los casos que ahora son tramitados por las autoridades estatales, pero será necesaria legislación secundaria para definir los detalles de su implementación. Para que su entrada en vigencia, sería necesario introducir cambios a los códigos procesales y penales a nivel federal.

Al mismo tiempo, la enmienda en sí no reforma la actual fiscalía especial que investiga los pocos crímenes contra la libertad de expresión que ya son clasificados como delitos federales. La nueva fiscal, Laura Borbolla, quien reemplazó a Gustavo Salas Chávez en febrero, asumió el cargo semanas atrás, pero la fiscalía que ha heredado no resolvió ni un caso de asesinato de periodistas y los funcionarios se quejan por la falta de recursos. Borbolla indicó a la delegación del CPJ que el fortalecimiento de la fiscalía será necesario para combatir los delitos contra la prensa. La financiación supuestamente formará parte de la legislación secundaria.

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