Noticias   |   México

Periodista amenazado tras informar sobre asesinato en Veracruz

También está disponible en English, Português

Ciudad de México, 17 de abril de 2013--El semanario mexicano de circulación nacional Proceso informó el martes que había tomado conocimiento de un complot por parte de funcionarios del gobierno de Veracruz para causarle daño al periodista Jorge Carrasco, quien ha escrito ampliamente sobre el asesinato de la corresponsal del semanario en ese estado. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) insta a las autoridades a investigar de forma exhaustiva las supuestas amenazas y garantizar la seguridad de Carrasco.

Proceso afirmó que desde el domingo ha estado recibiendo información de fuentes confidenciales acerca de una reunión entre funcionarios actuales y antiguos del gobierno estatal, la fuerza pública y la Procuraduría General del Estado para acordar "acciones hostiles en contra del reportero en respuesta a su publicación más reciente en torno al caso de Regina Martínez". El periodista y editor ha escrito artículos con tono crítico y de manera exhaustiva sobre la investigación del asesinato de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, hecho ocurrido en abril del 2012.

Desde la muerte de Martínez, el semanario ha sostenido que el móvil más probable del asesinato son las denuncias de la periodista acerca de funcionarios estatales. La publicación no ha ofrecido prueba alguna al respecto y los funcionarios rechazan la acusación. El 9 de abril, Jorge Antonio Hernández Silva fue sentenciado a 38 años de cárcel por el asesinato, cuyo móvil las autoridades vinculan a un intento de robo. El domingo, Proceso publicó un reportaje de Carrasco donde se cuestionaba seriamente las acusaciones de las autoridades contra Hernández.

"Las autoridades deben investigar estas amenazas exhaustivamente, inclusive cualquier posible vínculo con las autoridades de Veracruz, y garantizar la seguridad de Carrasco y su familia", declaró Robert Mahoney, subdirector del CPJ, desde Nueva York.

De acuerdo con Proceso, los funcionarios habían analizado formas de utilizar los bancos de datos policiales para localizar a Carrasco. El semanario agregó que había verificado que se envió a agentes de la policía veracruzana a varios estado del país para recabar información sobre Carrasco, aunque no amplió la información. Una fuente cercana al caso que solicitó el anonimato, expresó al CPJ que estaba en marcha un plan para matar al reportero, y que unos sujetos lo andaban buscando en Ciudad de México. Esta mañana Proceso publicó una carta que recibió del Procurador General del Estado de Veracruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa, donde éste catalogaba las acusaciones de "infundadas" y le solicitaba al semanario que de inmediato presentara cualquier prueba en su poder a las autoridades para que éstas investigaran.

Autoridades federales que solicitaron el anonimato manifestaron al CPJ que funcionarios federales le han dado seguimiento al caso desde el lunes y que Carrasco y su familia han recibido una oferta de protección de la policía federal.

Si bien el gobernador Javier Duarte en sus declaraciones públicas se ha esforzado por presentar el estado como un lugar seguro para el ejercicio del periodismo, durante su gestión Veracruz se ha convertido en uno de los estados más peligrosos para los periodistas mexicanos. Al menos ocho de ellos han sido asesinados desde que Duarte tomó posesión del cargo a finales de 2010, y muchos otros han huido, ya sea de manera permanente o temporal, no solamente debido a las amenazas provenientes del crimen organizado, sino también de funcionarios del gobierno estatal, según datos del CPJ. Estos periodistas afirman que investigar la corrupción o los vínculos entre funcionarios de gobierno y el crimen organizado es imposible.

La corrupción prevaleciente en muchos estados llevó al Senado mexicano a aprobar una enmienda constitucional en marzo de 2012 que amplía la jurisdicción de las autoridades federales para investigar delitos contra la libertad de expresión y enjuiciar a los responsables. La ley que en la práctica implementa la reforma fue aprobada recientemente en el Senado y espera la aprobación en la cámara baja.

"Este caso demuestra por qué las autoridades mexicanas deben terminar el proceso de federalizar los delitos contra la prensa", señaló Mahoney, el subdirector del CPJ. "Mientras los periodistas que denuncien la corrupción estén a merced de las autoridades locales, ellos, al igual que la libertad de prensa, no estarán seguros".

Publicado

Al igual que este artículo? Apoya nuestro trabajo