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Consideran nueva ley ecuatoriana mordaza para silenciar críticas

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Por John Otis/Corresponsal del CPJ en los Andes

Legisladores de la oposición protestan la aprobación de la Ley de Comunicación en la Asamblea Nacional. (AFP / Eduardo Flores)

Tras inspeccionar un proyecto hidroeléctrico en el norte de Ecuador el año pasado, el presidente Rafael Correa se quejó de la escasa cobertura de prensa que recibió su visita y sugirió que se trataba de un bloqueo informativo. "¿Conspiraron los medios ecuatorianos para ignorar este importante evento? Eso parecería", Correa expresó en un acto público. "En este país, las buenas noticias no son noticia".

No obstante, según lo previsto por la nueva Ley de Comunicación de Ecuador, a partir de ahora los periodistas tendrán que prestarles mucho más atención a las ceremonias de inauguración de obras públicas y a otras actividades de relaciones públicas del gobierno. El Artículo 18 de la ley prohíbe la "omisión deliberada... de la difusión de temas de interés público", pero el artículo tiene una redacción tan vaga que casi cualquier acto de un funcionario nacional, provincial o municipal pudiera interpretarse como de interés público.

"Los diarios no tienen suficientes periodistas ni espacio para cubrir todos esos actos. Los programas radiales no tienen suficiente tiempo de transmisión", señaló al CPJ Paul Mena, presidente del Foro de Periodistas de Ecuador. "Si el gobierno comienza a exigir cobertura, vamos a tener problemas".

La agudización del conflicto entre los medios y el gobierno de Correa parece inevitable de cara a la Ley de Comunicación, que fue adoptada por la Asamblea Nacional el 14 de junio y entrará en vigor el próximo mes. No sólo crea un órgano estatal fiscalizador para regular el contenido de los medios, sino que la ley está llena de frases ambiguas que les exigen a los periodistas ofrecer información exacta y equilibrada bajo pena de enfrentar sanciones civiles o penales. "Es una locura", Mónica Almeida, una editora del diario El Universo de Guayaquil, afirmó al CPJ. "La ley está diseñada para regular todo lo que hacemos".

Además, el órgano gubernamental que velará por el cumplimiento de la nueva ley e impondrá sanciones, será encabezada por uno de tres candidatos recomendados por Correa, cuyo gobierno ha estado implicado en la represión generalizada de los medios al aplicar medidas como el uso indiscriminado de cadenas presidenciales de radio y televisión, la aprobación de iniciativas legales restrictivas, el lanzamiento de campañas de desprestigio contra los críticos y el enjuiciamiento de periodistas tras demandas por difamación, conforme lo demuestran las investigaciones del CPJ.

Un editor de Quito, quien solicitó el anonimato, expresó su temor de que en el futuro los periódicos ecuatorianos estén llenos de artículos sobre actos oficiales y rectificaciones y aclaraciones exigidas por el gobierno. "Esto es una grave violación de la libertad de prensa", afirmó.

Ciertamente, la Ley de Comunicación ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos nacionales, regionales e internacionales, así como por Frank La Rue, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y de opinión.

Pero en un foro de periodismo el 18 de junio, Correa defendió la ley. "Lo que se busca es una mejor prensa", afirmó. "Es una ley muy buena. Lo que pasa es que la mala prensa está preocupada".

Correa está tan orgulloso de la nueva ley que el día de su adopción su gobierno trajo a sus partidarios en autobuses, levantó un escenario y contrató a músicos para una celebración afuera de la sede de la Asamblea Nacional.

La ley de 44 páginas contiene 119 artículos. En entrevistas concedidas al CPJ, los periodistas ecuatorianos tuvieron dificultad para elegir sus peores cláusulas, ya que consideran casi a la totalidad de ellas como serias violaciones de la libertad de prensa.

Por ejemplo, la ley prevé que a partir de ahora los periodistas deban tener un título universitario de periodismo. En lugar de tener un desempeño neutral, la Superintendencia de Información y Comunicación --la nueva entidad fiscalizadora del gobierno-- podría ser utilizada por Correa para fustigar a la prensa. En particular, los periodistas están muy molestos por el Artículo 26, el cual prohíbe el "linchamiento mediático". Este concepto se define como "la difusión de información... producida de forma concertada y publicada reiterativamente... con el propósito de desprestigiar" a una persona natural o jurídica. A los medios de prensa que sean hallados culpables de infringir esta disposición se les podría ordenar que emitieran una disculpa pública y podrían ser objeto de sanciones penales y civiles no especificadas en la ley.

Un editor de revista de Quito que solicitó el anonimato, manifestó que el artículo parece diseñado para contrarrestar las investigaciones periodísticas, porque los reportajes investigativos a menudo requieren publicar una serie de artículos en un período de varios días o semanas, lo cual podría interpretarse como hostigamiento.

Mena, el presidente del Foro de Periodistas de Ecuador, se refirió a un escándalo del año pasado en el que estuvo implicado Pedro Delgado, un primo de Correa que era presidente del Banco Central. Tras las incesantes críticas de los medios en relación con un préstamo bancario supuestamente irregular así como por la compra de una casa en Miami gracias a un préstamo, Delgado renunció en diciembre y huyó a Miami. Posteriormente Correa denunció su conducta como "traición".

Ahora, según Mena, los periodistas lo pensarán dos veces antes de efectuar investigaciones similares porque los podrían acusar de linchamiento mediático. Irónicamente, sostuvo, el periodismo ecuatoriano con frecuencia sufre más por no darles seguimiento a cuestiones importantes, y la disposición frenaría aún más el periodismo en profundidad.

La ley también declara que la sociedad tiene derecho a la información pública "veraz, verificada, oportuna y contextualizada". El problema con ello, de acuerdo con Almeida, la editora de El Universo, es que los funcionarios públicos o los empresarios acusados de actos ilícitos podrían negarse a entregar información a los periodistas, quienes a su vez podrían ser acusados de publicar artículos no contrastados. Para estimular a los medios de prensa a abandonar sus investigaciones, pronosticó Almeida, las personas bajo escrutinio sencillamente se callarán. La regulación también es contraria a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece lo siguiente: "Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales".

"En lugar de la libre expresión, la ley se preocupa más por proteger la reputación de las figuras públicas", aseguró Christian Zurita, reportero investigativo de El Universo. "Estas son personas que toman importantes decisiones políticas utilizando fondos públicos. Ahora cuentan con una ley que los protege del escrutinio".

Interrogados sobre si los medios tratarían de evadir la Ley de Comunicación, reporteros y editores manifestaron al CPJ que en lugar de ello tratarían de ejercer un periodismo serio dentro de las restricciones. Almeida señaló que tanto Correa como la nueva Ley de Comunicación parecen gozar de un amplio apoyo público y que las protestas serían inútiles. "Lo peor es que a la gente no le importa", afirmó Almeida. Aunque la nueva ley podría perjudicar seriamente la calidad de la información que reciben, "la gente común no lo ve como un problema de ellos. Lo ven como un problema de los medios".

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