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Ecuador pierde a la revista de investigación Vanguardia

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Por John Otis /Corresponsal del CPJ en los Andes

"Es como la muerte de un ser querido". Así es como Juan Carlos Calderón, director de la revista de noticias Vanguardia, describió el cierre  --ocurrido el 28 de junio-- del semanario que durante ocho años publicó investigaciones periodísticas sobre funcionarios públicos y que a menudo enfrentó el hostigamiento del gobierno. Y sin embargo, los últimos días de Vanguardia fueron casi tan polémicos como sus artículos.

El equipo editorial públicamente criticó la decisión del propietario del semanario de cesar su publicación a raíz de la adopción, el 14 de junio, de una nueva y restrictiva Ley de Comunicación. El presidente Rafael Correa sostuvo que el fin de Vanguardia se debió al ejercicio de un periodismo irresponsable y a una circulación en profundo declive. En medio de confusión, disputas laborales y la orden de último minuto de suspender la rotativa, la última edición de la revista se publicó digitalmente el 1 de julio y no en su edición impresa.

El cierre de Vanguardia fue un duro golpe para el periodismo ecuatoriano, afirmó al CPJ Mauricio Alarcón, director de Proyectos de la organización de libertad de prensa Fundamedios, con sede en Quito. Alarcón describió a Vanguardia como el único medio impreso ecuatoriano dedicado al periodismo de investigación. Varias notas recientes de alto impacto examinaban denuncias de corrupción contra el expresidente del Banco Central de Ecuador, Pedro Delgado, un primo de Correa que luego huyó a Miami, así como las ventas petroleras del gobierno ecuatoriano a China, que han estado rodeadas de misterio.

Pero el semanario ha pagado un alto precio por sus denuncias periodísticas contra el gobierno de Correa, el cual ha llevado a Ecuador a una nueva era de represión informativa al aplicar medidas como el uso indiscriminado de cadenas presidenciales de radio y televisión, aprobar iniciativas legales restrictivas, desprestigiar a los críticos, e interponer amedrentadoras querellas por difamación, según las investigaciones del CPJ.

En presunta represalia por las investigaciones de la revista, la policía allanó la sede de Vanguardia en 2010. Las autoridades han confiscado equipos de la revista en tres ocasiones, así como sus archivos, y su propietario ha sido blanco de multas y de investigaciones tributarias.

"No ha existido organismo público que no haya colaborado en esta persecución", expresó el semanario en su editorial de despedida, titulado "La censura de Vanguardia". De acuerdo con el editorial, el último golpe fue la adopción de la Ley de Comunicación, que establece la creación de un organismo  fiscalizador estatal para regular el contenido de los medios. La ley está llena de cláusulas ambiguas que les exigen a los periodistas proporcionar información veraz y contrastada a riesgo de enfrentar sanciones civiles o penales.

Una disposición de la ley, que prohíbe presuntos "linchamientos mediáticos", hubiese sido particularmente problemática para los reporteros de Vanguardia. El "linchamiento" es un concepto que se define como "la difusión de información... producida de forma concertada y publicada reiterativamente... con el propósito de desprestigiar" a una persona natural o jurídica. Por supuesto, las investigaciones periodísticas en profundidad a menudo exigen la publicación de una serie de artículos que fácilmente podrían ser interpretados como hostigamiento por parte de la nueva entidad gubernamental fiscalizadora de los medios.

"[Eso] no toleraremos jamás", expresó el editorial. Continuar publicando bajo estas nuevas condiciones "sería indigno y contrario a los valores que defendemos".

Calderón y el equipo editorial a su cargo no están de acuerdo. Ellos publicaron por su cuenta una nota dirigida a los lectores en la última edición digital de la revista, en la cual expresan que la decisión de cerrar la revista fue prematura y "no estaba a la altura de los desafíos" que el país y los medios enfrentan de cara a la nueva Ley de Comunicación. Calderón manifestó al CPJ que Vanguardia debía haber seguido adelante porque todavía no está claro cómo y en qué medida se aplicarán las nuevas restricciones. Si el razonamiento de que Vanguardia ya no podía publicar fuera realmente válido, añadió Calderón, entonces todos los periódicos y revistas ecuatorianos tendrían que cerrar.

Vanguardia funcionaba con un ajustado presupuesto, sostuvo Calderón, lo cual le hace creer que el cierre también puede haber obedecido a motivos económicos. Al mismo tiempo, señaló, la revista había sido rediseñada hacía sólo unas semanas y por ello el cierre sorprendió al equipo editorial. Pese a que todos los artículos de la última edición estaban listos, agregó Calderón, la orden de imprimir la revista fue cancelada súbitamente, los servidores de Internet fueron bloqueados de manera temporal y las cerraduras de las oficinas fueron cambiadas, aunque no estuvo claro quién lo hizo. Calderón precisó al CPJ que la circulación impresa de la revista era de unos 7 mil ejemplares y que la edición digital tenía aproximadamente 40 mil lectores.

Francisco Vivanco, el abogado ecuatoriano propietario de Vanguardia y también presidente y principal propietario del diario La Hora de Quito, no respondió la semana pasada a varias llamadas y mensajes electrónicos del CPJ en los que se le solicitaban comentarios acerca del cierre del semanario. Vivanco ahora está involucrado en una disputa legal con los periodistas de Vanguardia que quedaron cesantes, a causa de la indemnización por despido.

"Esta no es la manera de luchar contra la Ley de Comunicación, hundiendo el barco", afirmó Calderón. "Lo que se debe hacer es dar la pelea y publicar pese a las nuevas condiciones".  

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