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Ley de medios en Uruguay puede ser modelo regional

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Por Carlos Lauría/Coordinador Senior del Programa de las Américas

Una reunión en la oficina del presidente uruguayo. Desde la izquierda, Benoit Hervieu, director de las Américas de Reporteros Sin Fronteras; Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, y el Presidente José Mujica. (CPJ)

"Los gobiernos pasan, pero las leyes quedan", afirmó el Presidente uruguayo José Mujica.

Durante una reunión con el CPJ y representantes de Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras en la torre ejecutiva de la presidencia en Montevideo, la capital política, el ex integrante del grupo guerrillero Tupamaros reflexionó sobre el debate en el congreso del proyecto de  servicios de comunicación audiovisual. "Es nuestro deber asegurar acceso universal a la radio y a la televisión y contribuir a consolidar la libertad de información", añadió Mujica.     

El proyecto, que fue presentado en mayo por el gobierno de Mujica, está orientado a regular la radio y la televisión con el objetivo de crear un sistema de servicios audiovisuales diverso y plural. El debate sobre la iniciativa, que consta de más de 180 artículos, ha comenzado esta semana en la Cámara de Representantes. El proyecto no comprende regulaciones sobre el sistema de telecomunicaciones y la Internet.      

Durante una visita de dos días a Uruguay, donde mantuve reuniones con altos funcionarios del gobierno, legisladores, integrantes de la sociedad civil, periodistas y dueños de medios, pude verificar que el proyecto uruguayo tiene estándares internacionales razonables y fuertes garantías en materia de libertad de expresión.  

El artículo 14, por ejemplo, prohíbe "censura previa, interferencias o presiones directas o indirectas sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier servicio de comunicación audiovisual".   
"Los medios de comunicación tienen derecho a realizar su labor en forma independiente", según estipula el artículo 15. "Las presiones directas o indirectas ejercidas sobre los comunicadores son incompatibles con la libertad de expresión, así como la utilización del poder y los recursos económicos del Estado con el objetivo de presionar, castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas".

El artículo 16 establece que los titulares de servicios de comunicación audiovisual "tienen derecho a libertad editorial, lo cual incluye la determinación y libre selección de contenidos, producción y emisión de programación". En otra cláusula con importantes garantías contra la censura, el artículo 106 determina que "queda prohibido el uso discriminatorio del mecanismo de otorgamiento o renovación de autorizaciones y licencias con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas o editoriales".   

Más allá de las fuertes garantías sobre libertad de expresión y los límites a la excesiva concentración en la propiedad de los medios -tanto privada como estatal- el proceso que condujo a la elaboración  del proyecto ha sido único. El poder ejecutivo, mostrando una extraordinaria transparencia y voluntad política, involucró a todos los sectores en un diálogo productivo. Recomendaciones de periodistas, ejecutivos de medios, organizaciones de la sociedad y conocidos activistas (incluyendo a Frank La Rue y a Catalina Botero, relatores especiales sobre libertad de expresión de la ONU y la OEA, respectivamente) fueron aceptadas y el proyecto original ha sufrido decenas de modificaciones desde que fue presentado en mayo.       

Uno de los cambios más importantes, sobre uno de los temas que más preocupaba a los activistas en defensa de la libertad de prensa, incluyó la composición del nuevo ente regulador, llamado Consejo de Comunicación Audiovisual.

En el texto original, el poder ejecutivo era responsable de seleccionar a tres de los cinco miembros del consejo. Pero los cambios recientemente adoptados le otorga a Mujica la posibilidad de elegir solo al presidente, mientras que los cuatro miembros restantes serán elegidos por la Asamblea General con dos tercios de los votos. Esta decisión proporciona independencia y autonomía al ente regulador, que es clave para garantizar transparencia y prevenir interferencias políticas.   

Durante una presentación la semana pasada en la torre ejecutiva de la presidencia, la relatora de la OEA Catalina Botero; el director ejecutivo de la división Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivanco, Benoit Hervieu, director del programa de las Américas de Reporteros Sin Fronteras y yo elogiamos el proyecto.      

Si bien hubo coincidencias en el sentido de que esta legislación podría ser un modelo para la región, existen algunos artículos que podrían ser mejorados durante el debate legislativo. El artículo 27, para prevenir la discriminación, está escrito en un lenguaje amplio y ambiguo que tiene el potencial de restringir referencias en los medios sobre cuestiones de raza, sexo, edad, identidad cultural e ideología política, entre otras cosas.  

El artículo 86 sobre las cadenas no impone ningún tipo de restricción sobre el tiempo de las mismas y no especifica si deben ser limitadas, por ejemplo, a temas de interés nacional.   

Otra cuestión un tanto polémica está relacionada a las sanciones. Si bien los cambios introducidos limitan la posibilidad del ejecutivo de aplicar sanciones, la iniciativa aún le confiere al presidente la autoridad de suspender o revocar licencias. 

En marcado contraste a la Ley de Comunicación de Ecuador, que viola estándares internacionales y representa un severo golpe a la libertad de expresión y la democracia, este proyecto es una bocanada de aire fresco. El Presidente Mujica, que estuvo preso 14 años  durarte la dictadura militar de los setenta y ochenta, asegura que el proyecto uruguayo no puede interpretarse como una mordaza. "Garantizará más libertad de expresión a los periodistas pero también a todos los uruguayos", expresó Mujica.     

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