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Se intensifica la presión contra los medios venezolanos

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Por John Otis/Consultor del CPJ para la región andina

Durante los 14 años que el presidente venezolano Hugo Chávez estuvo en el poder, intentó amordazar a los medios críticos. Chávez falleció en marzo, pero la presión contra los medios independientes venezolanos que aún quedan, se intensifica durante la gestión de su sucesor.

En una medida que los críticos han calificado de inconstitucional, el 30 de septiembre de 2013 el presidente Nicolás Maduro suscribió un decreto mediante el cual se creaba el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA). Maduro se refirió al CESPPA como una pieza dentro de una renovada campaña para centralizar la información de inteligencia con el objetivo de derrotar planes, conspiraciones y ataques contra Venezuela. Los analistas de medios consultados por el CPJ describieron al nuevo organismo como una burda tentativa de intimidar a los medios y censurar las noticias.

El CESPPA sustituye al Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), un organismo con un mandato similar pero que mantuvo un perfil discreto. No obstante, es probable que el CESPPA adopte un papel mucho más protagónico ahora que el gobierno de Maduro ha incrementado sus ataques verbales y acciones judiciales contra la prensa a raíz de una serie de artículos que dejan mal parado al gobierno, de acuerdo con Luisa Torrealba, de la corresponsalía de Venezuela del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

El mes pasado, por ejemplo, el ente regulador de las telecomunicaciones, CONATEL, inició un proceso administrativo contra el canal privado Globovisión tras un reciente reportaje sobre el desabastecimiento de alimentos en Venezuela. En otro caso, Maduro declaró que el dueño del periódico caraqueño Diario 2001 tenía que ir preso por una noticia que el periódico había publicado acerca de quejas por la falta de gasolina en Caracas. El 17 de octubre de 2013, la Fiscal General de la República comenzó una investigación contra Diario 2001 por presuntamente generar zozobra en la sociedad. Ahora llega el CESPPA.

La Constitución venezolana garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura previa, pero Torrealba señala que el Artículo 9 del decreto de constitución del CESPPA afirma que el titular del organismo tiene el derecho de clasificar y censurar la información. Además, la Constitución  afirma que toda restricción a la información sobre seguridad nacional debe ser adoptada mediante medidas legales aprobadas por la Asamblea Nacional, y no mediante decreto presidencial.

"El decreto de constitución del CESPPA es tan amplio y ambiguo que pudiera declarar cualquier tipo de información --por ejemplo, relativa a una crisis sanitaria o alimentaria-- como de carácter sensible y, por tanto, reservada", expresó Torrealba al CPJ.

"La gran pregunta es la discrecionalidad de las personas que están al frente del CESPPA. ¿Cuáles van a ser los criterios para limitar el flujo de información?", expresó Marcelino Bisbal, profesor de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas.

El decreto presidencial también describe al CESPPA como una organización político-militar que responde no al Estado venezolano sino a la llamada Revolución Bolivariana del partido de gobierno. Con lenguaje militarista, también describe la existencia de enemigos internos y externos del Estado sin entrar en detalles sobre la naturaleza de tales enemigos, manifestó Torrealba. Por ello no sorprende que el CESPPA vaya a ser encabezado por el general retirado Gustavo González López, exsecretario de la Unidad de inteligencia y Seguridad del Sistema Eléctrico, el ente gubernamental a cargo de la seguridad de la red eléctrica nacional, la cual ha sufrido numerosos apagones y fallas en los últimos cinco años. Con frecuencia, el gobierno atribuye tales fallas a "actos de sabotaje".

La analista de seguridad nacional Rocío San Miguel advierte que todos los venezolanos --y no solamente los medios-- deberían estar preocupados por el CESSPA, y señala que el mandato del organismo es tan amplio que podría disponer que todo ciudadano venezolano suministre información, inclusive hasta detalles sobre los familiares. 

"Es un esquema típicamente cubano, en el cual las personas estarán obligadas a convertirse en delatoras de otros", declaró San Miguel.

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