Un departamento ilustra desafíos en lucha contra impunidad en Colombia

Por John Otis

Tomó 24 horas arrestar a los hombres armados que asesinaron a Henry Rojas Monje, un periodista que vivía en Arauca, un departamento de Colombia desgarrado por la lucha contra la guerrilla. Pero para la familia de Rojas, la búsqueda de justicia llevó dos décadas enteras y terminó en frustración.

El general Rodolfo Palomino, comandante de la policía colombiana, escribe un mensaje para una campaña de apoyo a la desmovilización de las FARC en Tame, departamento de Arauca, el 18 de septiembre de 2013. ( Reuters / Jose Miguel Gomez)

Corresponsal de El Tiempo, el principal diario nacional de Colombia, Rojas solía enfocarse en casos de corrupción gubernamenal y vinculaciones entre los políticos de Arauca y los grupos rebeldes marxistas. El 28 de diciembre de 1991, Rojas recibió múltiples disparos mientras estaba en su automóvil. Murió desangrado en la falda de su hijo de seis años, Henry, quien ocupaba el asiento del acompañante.

Al día siguiente, la policía arrestó a dos soldados, que confesaron y fueron condenados. Pero el hombre acusado de ordenar el asesinato de Rojas, José Gregorio González, ex alcalde de la ciudad de Arauca quien había sido señalado en algunos de los artículos periodísticos del reportero, fue finalmente exonerado y liberado de prisión. En 2011, luego de que venciera el plazo de prescripción de acciones penales de 20 años en casos de asesinatos, aún seguía sin saberse claramente quién había planeado el crimen.

“Nos entristeció mucho cuando el caso se cerró”, Henry Rojas, hijo del periodista, y ahora abogado en Arauca, confesó al CPJ. “La lentitud del sistema legal genera impunidad”.

El complejo entramado legal del caso Rojas no resulta ser una excepción: la vasta mayoría de crímenes de periodistas en Colombia ha quedado sin solución y sin castigo. Es verdad, la situación de seguridad general en Colombia en la última década ha mejorado, lo que condujo a una correspondiente reducción en el número de periodistas asesinados. Pero estas mejoras han superado los logros de los fiscales en cerrar casos y no constituyen tranquilidad alguna para las familias de muchas víctimas de crímenes pasados, en especial a medida que hay más cantidad de casos que prescriben después del plazo de 20 años.

En ocasiones, los asesinos son detenidos y condenados, pero los autores intelectuales de crímenes contra periodistas casi siempre quedan libres, según revela la investigación del CPJ. Problemas tales como fiscales recargados de tarea, falta de información compartidal,mal manejo de la evidencia y actividades ilícitas por parte de los funcionarios judiciales pueden demorar por años las investigaciones penales. Esto favorece a los responsables porque mientras transcurre el tiempo, los recuerdos se desvanecen, la evidencia se deteriora y obtener condenas es más difícil.

Desde 1977, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) con sede en Bogotá, ha registrado 140 casos de periodistas que cayeron en relación con su labor informativa. De este total, 62 casos, o sea un 44 por ciento, se cerraron debido  a que prescribió el tiempo que, por ley, tiene la justicia para hallar a los responsables. La fiscalía general no pudo brindar información alguna sobre 49 casos porque los expedientes habían desparecido o se habían extraviado. En total, sólo hubo 19 condenas.

El CPJ, que comenzó a documentar en detalle los asesinatos de periodistas desde 1992 y utiliza una metodología diferente, tiene un registro de 45 periodistas y trabajadores de medios caídos en relación directa con su labor en Colombia, mientras que en otros 33 casos el motivo no queda claro. En los asesinatos,  reina la impunidad en un 88 por ciento de los casos, mientras que en el resto sólo ha conseguido justicia en forma parcial.

En consecuencia, el Índice de Impunidad del CPJ en 2013 muestra poco cambio en Colombia, posicionado como quinto peor país en cuanto a casos de violencia letal, sin castigo, contra la prensa, detrás sólo de Irak, Somalia, Filipinas y Sri Lanka. Colombia ha ocupado el quinto lugar durante los pasados cinco años en el Índice, que registra el número de asesinatos de periodistas sin resolver como un porcentaje de la población de cada país.

Esta falta de justicia no se limita en modo alguno a los delitos contra periodistas colombianos. En 2011, El Tiempo denunció que el 90 por ciento de todas las personas arrestadas en Bogotá evitan las condenas a prisión debido a que el sistema judicial está plagado de errores de procedimiento. Un informe reciente del Departamento de Estado estadounidense declaró que los problemas de derechos humanos más serios en Colombia son la impunidad y un sobrecargado e ineficiente sistema de justicia, obstaculizado por el soborno y la intimidación de jueces, fiscales y testigos. 

Tal nivel de amenazas y coerción son moneda corriente en los departamentos alejados del país, en donde las autoridades regionales rara vez resuelven crímenes contra periodistas, según afirmó Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP.  Para superar dichos obstáculos, la mayoría de los casos desde el 2000 se trasladadó a unidades especiales dentro de la fiscalía general en Bogotá. Pero cambios en la jurisdicción, como así también la introducción de un nuevo código penal en 2008, abrieron las puertas a demoras aún mayores en los procedimientos, confusión y corrupción.

Un triste ejemplo es el caso de Henry Rojas, que fue transferido a las autoridades judiciales de Bogotá. Parte del proceso legal involucró la búsqueda de la familia de un resarcimiento por parte del estado. Aunque finalmente tuvo éxito, el esfuerzo se convirtió en una pesadilla que duró 16 años porque funcionarios judiciales de Bogotá, de alguna manera, “perdieron” el expediente del caso, un enorme conjunto de documentación de tres pies de altura y más de 100 libras de peso. 

“Los expedientes de un caso no se levantan y se van por la puerta solos”, indicó al CPJ el fiscal  Alejandro Ramelli, de la fiscalía general en Bogotá y experto en crímenes contra reporteros.

Ramelli atribuyó a dos factores la impunidad generalizada: los problemas estructurales dentro del sistema judicial y el énfasis de los fiscales en el  último eslabón de la cadena--aquellos directamente responsables de asesinar a periodistas--más que en las organizaciones criminales y los políticos corruptos que a menudo son quienes ordenan los crímenes.

Se han registrado, sin embargo, algunos avances notables. 

En 2009, un tribunal en el departamento de Santander, al norte del país, condenó al ex alcalde de Barrancabermeja, Julio César Ardila Torres, a casi 29 años de prisión por homicidio agravado y conspiración en el asesinato del periodista radial José Emeterio Rivas en 2003, que había acusado a Ardila de corrupción y vinculaciones con escuadrones de la muerte integrados por paramilitares.

En 2011, las autoridades arrestaron al ex congresista Ferney Tapasco González, uno de los autores intelectuales sospechados por el asesinato en 2002 de Orlando Sierra, subdirector y columnista especializado en destapar escándalos del periódico La Patria de Manizales. Sierra había estado investigando las posibles conexiones entre Tapasco González y una banda de asesinos a sueldo. El ex político negó su participación en el crimen y al momento de este informe el caso continuaba pendiente.

Pero estos avances ganados con tanta dificultad son poco frecuentes e inclusive las victorias han resultado a menudo ser parciales o fueron revertidas en apelación.

“Existen tantos problemas con el sistema legal en Colombia que la gente ha llegado a aceptar lo mínimo”, Vaca indicó al CPJ. “Esto significa que si hay una condena, cualquier tipo de condena, estamos dispuestos a creer que la justicia ha sido útil. Pero debemos exigir plena justicia”. 

 

Llegar al fondo en las investigaciones de los asesinatos de periodistas es un desafío en América Latina, pero la tarea puede volverse particularmente difícil en Colombia, el único país en el hemisferio con un conflicto armado activo contra la guerrilla. La lucha, que empezó a fines de la década del ‘60, enfrenta a dos grupos rebeldes marxistas contra el gobierno. Hasta hace poco, la combinación también incluía a escuadrones de la muerte integrados por paramilitares de derecha que solían colaborar con el ejército en la lucha contra la guerrilla, y con políticos corruptos para intimidar a sus rivales.

Todos estos actores han estado activos en Arauca, un departamento poco poblado pero rico en petróleo en la frontera con Venezuela, donde seis periodistas fueron asesinados desde 1991, según reveló la FLIP. Pero al margen de los culpables, el sistema legal colombiano ha fracasado hasta el momento en condenar a los autores intelectuales que ordenaron estos crímenes. Algunos de los asesinatos tal vez no estén vinculados con la tarea periodística de las víctimas, pero la incapacidad para resolver los crímenes promueve un climade hostilidad e intimidación para los reporteros de Arauca.

El caso de Danilo Alfonso Baquero, reportero de la ahora extinta radio Emisora Bolivariana de Tame, un pueblo en el departamento de Arauca, al sudoeste del país, es un ejemplo ilustrativo. El 26 de diciembre de 1993, fue asesinado a balazos por hombres sospechados de pertenecer a grupos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, el más pequeño de los dos grupos de insurgentes rebeldes de Colombia.

Además del asesinato de Baquero, el ELN también se atribuyó la responsabilidad por el crimen en 1995 de Iván Dario Pelayo, reportero radial en la ciudad de Puerto Rendón, y por el asesinato en 1996 de Alfredo Matiz. Abogado, político y fundador en 1965 de la primera emisora de radio de Arauca, La Voz del Cinaruco, Matiz solía usar la emisora para denunciar la violencia rebelde, según relató su hijo, Alfredo Matiz Brando.

Familiares de las víctimas nunca pudieron confirmar porqué el ELN sentenció a Baquero, Pelayo y Matiz a muerte, ni tampoco han podido dar testimonio en un juicio. Arauca sigue siendo un bastión del ELN y las autoridades no han podido o no han querido detener a los guerrilleros que asesinaron a los tres hombres o a los comandantes rebeldes que presuntamente ordenaron las ejecuciones. El plazo de de precripción de 20 años en el caso Baquero venció en diciembre de 2013, en tanto prescribirá en 2015 para el caso Pelayo y en 2016 para el caso Matiz.

“La justicia ahora está en manos de Dios”, aseguró la hermana del periodista asesinado, Claudia Baquero.

A falta de justicia, aún es posible algún tipo de reconocimiento sobre estos crímenes. El gobierno colombiano actualmente está comprometido en conversaciones de paz en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, el más grande de los dos grupos rebeldes del país. En  julio de 2013, las FARC le pidieron al gobierno que ampliara el proceso de paz para incluir al ELN, una idea que el Presidente Juan Manuel Santos parece respaldar.

En caso de que se llegara a un acuerdo de paz definitivo con las FARC y el ELN, eventualmente incluiría un proceso transicional de justicia, que hace referencia a medidas  judiciales y alternativas para reparar abusos generalizados de derechos humanos en sociedades en transición de la guerra a la paz. Con el más amplio interés de persuadir a los rebeldes a que se desmovilicen, la mayoría de los crímenes quedarían impunes. Sin embargo, un marco semejante permitiría el procesamiento de comandantes militares de todos los actores del conflicto quienes tuvieron mayor responsabilidad por los crímenes más serios, según reveló el International Crisis Group.

No está claro si se incluirían los procesamientos judiciales en casos de asesinatos de periodistas colombianos. Sin embargo, tanto las FARC, cuyos combatientes también han asesinado a numerosos reporteros, como el ELN han respaldado la idea de que una comisión independiente por la verdad establezca la responsabilidad por los crímenes y proporcione reparaciones.

“Sin dudas ha habido crudeza y dolor provocados por nuestras filas”, afirmó el negociador de las FARC Pablo Catatumbo en septiembre de 2013 durante las conversaciones de paz en La Habana. “Debemos reconocer la necesidad de aproximar el tema de víctimas, su identificación y su reparación con total lealtad a la causa de la paz y la reconciliación”.

 

Para las familias de otros dos periodistas asesinados en Arauca, la justicia transicional ha contribuido a arrojar algo de luz sobre los crímenes, pero también ha demostrado ser un laberinto legal pesado, frustrante y desconcertante. 

El 18 de marzo de 2003, Luis Eduardo Alfonso Parada, corresponsal de El Tiempo y de la emisora de radio de Arauca Meridiano-70, fue acribillado por paramilitares en su camino al trabajo. Su muerte se produjo justo nueve meses después de que los paramilitares asesinaran al dueño de la emisora,  Efraín Varela Noriega, quien, al igual que Alfonso, era un abierto crítico de los escuadrones de la muerte que operaban en Arauca. 

Varios combatientes paramilitares involucrados en estos dos crímenes se entregaron al amparo de la ley de Justicia y Paz de Colombia del año 2005. Este mecanismo legal de justicia transicional, que en la última década ayudó a producir la desmovilización de alrededor de 30 mil miembros de las fuerzas paramilitares, brinda condenas reducidas--con un máximo de ocho años de prisión--a ex combatientes que confiesan sus crímenes y acuerdan proveer reparaciones. 

Conforme a la ley, un ex combatiente paramilitar confesó en 2009 haber asesinado a Alfonso. Pero el abogado de la familia Alfonso, Ramón del Carmen Garcés, indicó al CPJ que el individuo aún debe ser condenado por el asesinato debido a demoras procesales.

Surgieron más alegatos sobre los asesinatos de Alfonso y Varela por parte de Miguel Ángel Mejía, quien comandaba fuerzas paramilitares en Arauca a principios de 2000. Según su testimonio en 2009, bajo el amparo de la ley de Justicia y Paz, Mejía acusó al ex gobernador de Arauca Julio Acosta Bernal de recibir financiamiento de los paramilitares y de ordenar que combatientes asesinaran a los dos periodistas. Acosta ha sido desde ese momento arrestado y encarcelado acusado de asesinar a un rival político de Arauca. Pero no se han presentado cargos contra él por las muertes de Alfonso y Varela, quienes solían criticar a Acosta en sus informes de prensa. El ex gobernador negó su participación.

En cualquier caso, ocho años después de que entrara en vigencia la ley de Justicia y Paz, la norma ha llevado a sólo 14 condenas de combatientes paramilitares. En un informe de 2013, Amnestía Internacional llamó a la ley “otro ejemplo de cómo el estado no logra cumplir con las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

Los esfuerzos del CPJ por entrevistar a los fiscales de los casos de Alfonso y Varela fueron
infructuosos.

“Para obtener justicia, tenemos que apresar a la persona que dio las órdenes”, Garcés afirmó al CPJ desde su estudio jurídico en Arauca. “Esa persona es más criminal que quien apretó el gatillo”.

Garcés señala que aun cuando ha pasado más de una década desde que un reportero fuera asesinado en este departamento, el periodismo local nunca se recuperó. Quienes se animan a explorar con demasiada profundidad casos de corrupción gubernamental, conexiones entre políticos y delincuentes, o acciones de la guerrilla, enseguida son advertidos para que dejen de hacerlo.

“Hay temas que no se pueden tocar,” explicó un reportero de Arauca a quien el gobierno le asignó un escolta el año pasado luego de recibir numerosas amenazas de muerte. “El objetivo de estos asesinos es silenciar a la prensa de cualquier manera. Aquellos que hemos sobrevivido recibimos un mensaje contundente”.

John Otis, corresponsal en los Andes del programa de las Américas del CPJ, trabaja como corresponsal para la revista Time, para   Global Post y NPR . Es autor del libro La ley de la selva de 2010, sobre los contratistas militares norteamericanos secuestrados por rebeldes colombianos, y vive en Bogotá, Colombia.







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