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Documental mexicano "Presunto Culpable" encuentra justicia

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Por Sara Rafsky, investigadora asociada para el programa de las Américas del CPJ

En esta imagen del documental Presunto Culpable, Layda Negrete explica cómo los abogados probarán la inocencia de Antonio Zúñiga. (Abogados con Cámaras, 2009)

En los tres años que han transcurrido desde el estreno del documental mexicano "Presunto Culpable" en las salas de cine, ha acaparado suficientes titulares de prensa como para ser la envidia de cualquier publicista de películas. El filme ha sido prohibido, criticado, aplaudido y ha sido objeto de varias demandas judiciales. En el camino, ha roto todos los récords de taquilla en México para documentales. Ahora una serie de fallos judiciales pronunciados en la última semana indican que, aunque el debate que suscitó no se agotará, las batallas jurídicas de la película pueden estar llegando a su fin.

El documental cuenta los esfuerzos de los abogados Roberto Hernández (el director) y Layda Negrete (la productora) para revocar la condena por asesinato y la pena de 20 años de cárcel contra Antonio Zúñiga, un joven vendedor ambulante y aspirante a rapero y bailarín de breakdance. En el período mostrado en el filme, que abarca hasta la absolución y liberación de Zúñiga en el 2008, Hernández, Negrete y el equipo jurídico de Zúñiga revelan las fallas del sistema judicial mexicano, el cual no reconoce la presunción de la inocencia y no solamente le falló al acusado sino que está intrínsecamente descompuesto.

Semanas después del estreno del documental en las salas de cine de México, en febrero del 2011 (con anterioridad ya había sido mostrado en festivales de cine internacionales y en la cadena pública PBS en Estados Unidos, donde obtuvo un premio Emmy), una de las figuras clave del documental --Víctor Daniel Reyes Bravo, primo de la víctima del crimen y el testigo presencial en cuyo dudoso testimonio descansó íntegramente la acusación de la Fiscalía-- interpuso un recurso de amparo contra "Presunto Culpable" con el argumento de que los realizadores no tenían autorización para mostrar su imagen, y solicitó una indemnización por daño moral. Una jueza de la Ciudad de México concedió el recurso de amparo, y como resultado el filme fue suspendido provisionalmente de las salas de cine --en ocasiones durante la misma presentación, precisó Negrete al CPJ-- en todo el país.

Tras protestas, la prohibición fue revocada y posteriormente el documental fue mostrado por televisión. Sin embargo, mientras el proceso judicial original pasaba por los tribunales y otros procesos posteriores eran interpuestos contra el filme, en el 2012 otro juez ordenó detener toda distribución del documental ya fuera en los cines, en la televisión o por medio de DVD. Para la semana pasada, Hernández, Negrete y los distribuidores del filme enfrentaban tres procesos civiles por un monto indemnizatorio de más de tres mil millones de pesos mexicanos (USD 225 millones): el iniciado por el testigo Reyes, otro iniciado por José Manuel Ortega Saavedra (el comandante de la policía judicial a cargo del caso) y otro por la familia de la víctima (que afirmó que los realizadores del documental utilizaron sin permiso una fotografía del cadáver de la víctima).

Mientras tanto, la publicidad en torno al caso tuvo una consecuencia que probablemente los demandantes no habían previsto: convirtió al documental en un éxito de taquilla. Si bien el tema del filme ya había provocado un notable interés al momento de su estreno, el fallo judicial que ordenó su suspensión --un aparente acto de censura-- lo volvió un fenómeno que inclusive ha superado el documental "Fahrenheit 9/11" de Michael Moore para tornarse en el documental más taquillero de la historia de México. Además, también logró superar a las películas extranjeras del momento, "The King's Speech" ("El discurso del rey") y "Black Swan" ("El cisne negro"), en la taquilla --un acontecimiento sin precedentes tanto en Hollywood como en México--. Esas cifras no toman en cuenta a los millones de personas que han visto el documental por canales no oficiales, ya sea en la Internet (antes de que fuera retirada de YouTube debido a polémicas reclamaciones relativas al derecho de autor) o en los DVD piratas que se vendieron con gran éxito en las calles de México. Una reciente encuesta encargada por los realizadores del documental mostró que el 36 % de todos los adultos mexicanos lo habían visto, manifestó Negrete al CPJ.

Aparte de la abundante dosis de escándalo, la forma como el filme puso al descubierto un disfuncional sistema que los mexicanos, en particular los más pobres, han tolerado en silencio por mucho tiempo, indudablemente tocó una fibra sensible en la sociedad en un momento en que las guerras del narcotráfico estaban en auge y era claramente evidente la ausencia de la ley y el orden. En calidad de abogados, Hernández y Negrete primero se habían acercado al problema como investigadores, al realizar un estudio que reveló algunas irritantes estadísticas: el 93 % de los acusados nunca ve a un juez (cualquier funcionario de un juzgado puede presidir una audiencia judicial); al 93 % de los acusados nunca se les presenta la orden de arresto; el 95 % de los veredictos son condenatorios; y el 82 % de las condenas no toman en cuenta pruebas físicas. No obstante, la decisión de Hernández y Negrete de utilizar una cámara y emplear herramientas periodísticas y narrativas tuvo una repercusión mucho mayor.

Aunque "Presunto Culpable" presenta emotivas entrevistas con Zúñiga y su familia, las escenas más eficaces, y más reveladoras, del documental tienen lugar durante la filmación de las actuaciones del juzgado. Además de mostrar en el segundo juicio de Zúñiga todo tipo de irregularidad del debido proceso que uno se pueda imaginar --pruebas desaparecidas, la entrega de información por parte de la policía a los testigos-- es la presentación de la estructura básica del juicio lo que revela que el sistema judicial mexicano tiene más que un elemento de surrealismo. El clímax del filme es la escena en que el propio Zúñiga interroga al detective Saavedra desde una jaula en un acto que el sistema mexicano denomina "careteo". La escena, en la cual se les ordena a ambos que se coloquen frente a frente, a una distancia de solamente unos pasos y con los barrotes de la celda de por medio, mientras hablan en frases de pocas palabras a la vez, para que el juez pueda repetir cada palabra en beneficio del taquígrafo, transmite la sensación de ser más una pieza teatral experimental que un drama judicial.

La grabación del juicio es lo que les trajo problemas a los realizadores del documental. Negrete rechazó las objeciones de los demandantes acerca del uso sin permiso de sus imágenes, e hizo la observación de que los filmaron en el transcurso de audiencias públicas y que, en el caso de Saavedra, se trata de un demandante que ocupa el cargo de funcionario público. El 30 de enero, una jueza de lo civil de Ciudad de México falló a favor de los realizadores del documental en lo referente a las demandas entabladas por Reyes y por la familia de la víctima. El martes, en un veredicto descrito por los realizadores del documental como inclusive más amplio, otro jueza falló que Hernández y Negrete ni habían cometido conducta ilícita alguna ni le habían causado ningún daño moral a Saavedra. Negrete expresó que los demandantes tienen un plazo de 12 días para interponer un recurso de apelación, pero que a la luz del último veredicto, la viabilidad de tales recursos era poca. "Estamos contando los 12 días", Hernández señaló al diario Milenio.  

Hernández también manifestó a la prensa que quiere volver a presentar el documental en las salas de cine, aunque solamente por "razones simbólicas" y para "mandar el mensaje" de que "no se valía censurar el documental". Negrete declaró al CPJ que el caso sentó precedentes en materia de libertad de expresión y documentales, que sólo está empezando a ser considerado en México en términos de protección periodística y legal. Si las tendencias internacionales en periodismo y cine son una señal, al observarse el auge en la distribución de documentales en la Internet y el declive de los recursos de los medios tradicionales, no será la última vez que un documental en México que revele la incompetencia o la corrupción gubernamentales quedará atrapado en pleitos judiciales. Los resultados de taquilla, sin embargo, podrían ser más difíciles de replicar.  

En la labor de documentación del CPJ en materia de violaciones de la libertad de prensa en México en los últimos años, que con un total de más de 50 periodistas asesinados o desaparecidos desde el 2007 han sido los más sangrientos de los que se tenga registro, las batallas jurídicas por lo general no han ocupado la mayor prioridad. (Los realizadores del documental no han estado exentos de la amenaza de violencia. Hernández ha declarado que ha recibido amenazas telefónicas dirigidas contra ellos y sus hijos, y Negrete admitió ante el CPJ el "arriesgo personal" que implicaba ejecutar el proyecto). No obstante, de muchas maneras el caso de "Presunto Culpable" refleja algunos de los problemas sistémicos que el CPJ ha examinado desde un ángulo diferente. La violencia contra los periodistas mexicanos queda impune y se repite en gran medida debido a un sistema judicial que se caracteriza por sus fallas y la  resistencia al cambio. El fenómeno de las condenas de inocentes es la otra cara de la moneda del problema de la impunidad generalizada, el cual el CPJ ha documentado como el principal obstáculo en el combate a la violencia contra la prensa.

Ahora que se ha obtenido justicia para Zúñiga y para el documental, Hernández y Negrete se han trazado el objetivo más amplio de reformar el sistema, y tienen razones tanto para sentir esperanza como desesperación. El país se encuentra en el proceso de adoptar e implementar reformas al sistema judicial con el objetivo de corregir algunos de los mismos problemas que el documental destacó. Sin embargo, la versión de las reformas que resultaron aprobadas el miércoles contenían un artículo insertado a último momento que Negrete ve como un reproche directo al documental: la prohibición de grabar o filmar juicios.

Es posible que los legisladores hayan llegado a las mismas conclusiones respecto a las cámaras que Negrete, quien a pesar de estar terminando un doctorado en Políticas Públicas en la Universidad de Berkeley, California, ya tiene planes para trabajar en un nuevo documental. "Presunto Culpable" le enseñó "La potencia que tienen las imágenes para comunicar ideas", conforme expresó al CPJ. "Los números casi no tienen impacto".

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