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Américas

2012

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El presidente prometió defender a los periodistas con un programa federal de protección para periodistas, un nuevo fiscal especial y una nueva ley que convertiría a la violencia contra de la prensa en un delito federal. Ha fracasado en casi todas sus iniciativas.

Las organizaciones criminales ejercieron una extraordinaria presión sobre la prensa a medida que extendieron su control sobre virtualmente cada sector de la sociedad. Los periodistas fueron asesinados o desaparecidos, los medios atacados con bombas o amenazados. La autocensura generalizada fue la consecuencia devastadora de este estado de situación. En medio de un vacío informativo, periodistas y ciudadanos utilizaron cada vez más las redes sociales para informar a sus comunidades. El asesinato de una reportera de Nuevo Laredo fue el primer caso en la historia del CPJ en el cual una persona cayó en represalia directa por su labor periodística en redes sociales. Por lo menos otros tres periodistas recibieron asilo político en Estados Unidos y Canadá, y varios otros buscaron refugio en otros países. Varias importantes organizaciones de medios acordaron un código profesional en el cual estipularon protocolos para periodistas en riesgo y se comprometieron a no convertirse en herramientas de propaganda para criminales. Pero el gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa no logró implementar reformas efectivas. A pesar de las iniciativas para fortalecer la fiscalía especial para crímenes contra la libertad de expresión, la violencia contra la prensa siguió prácticamente impune. El nuevo programa del gobierno para la protección de periodistas fue considerado en gran medida como ineficaz. Y en tanto que la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley para federalizar los crímenes contra la prensa, la legislación seguía pendiente a fines de año.

La prensa hondureña siguió padeciendo las violentas consecuencias del golpe de 2009 que derrocó a Manuel Zelaya. Cuatro periodistas de radio y televisión fueron asesinados en 2011 en circunstancias poco claras. El CPJ está investigando para determinar si las muertes se vincularon con su labor informativa. Un clima de violencia e impunidad generalizado ha convertido al país en uno de los más peligrosos de la región. La postura del gobierno sobre los asesinatos de periodistas ha empeorado la situación. Las autoridades han minimizado los crímenes contra periodistas, y se han mostrado lentos y negligentes en la persecución de los culpables. No se informó sobre ningún avance en el esclarecimiento de los asesinatos de tres periodistas caídos en relación directa con su labor informativa en 2010, según revela la investigación del CPJ. La Comisión de la Verdad y Reconciliación compuesta por representantes hondureños e internacionales entregó su anunciado informe sobre el derrocamien-to de Zelaya encabezado por el ejército. La comisión calificó a la toma del poder en 2009 como un golpe de estado, una decisión considerada polémica por algunos sectores en Honduras, pero también acusó a Zelaya de ignorar de modo impropio la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación a los límites del mandato pre-sidencial. El informe reveló que se registraron varias importantes violaciones a la libertad de prensa durante el golpe, incluyendo la tortura de periodistas y la toma de instalaciones de medios de comunicación.

Los periodistas ejercieron la autocensura de modo creciente a medida que los carteles mexicanos expandieron su presencia en Guatemala. En mayo, grupos criminales en cuatro departamentos colgaron pancartas en lugares públicos, amenazando con atacar a los periodistas si cubrían las actividades de las bandas. Un periodista de televisión en la provincia sureña de Escuintla fue asesinado en circunstancias no esclarecidas luego de recibir varias amenazas. Si bien el aumento de grupos criminales planteó un riesgo creciente, los periodistas también enfrentaron peligro por cubrir casos de corrupción oficial y cuestiones de seguridad local. En la ciudad de Quetzaltenango, al sudeste de Guatemala, un periodista de televisión y su familia salieron ilesos cuando su camioneta fue atacada con armas de fuego. El periodista había recibido amenazas de muerte vinculadas a su labor informativa sobre corrupción policial. Una columnista de la ciudad occidental de Panajachel fue obligada a trasladarse de ciudad luego de recibir una serie de mensajes de texto intimidatorios referidos a la cobertura informativa que realizaba sobre un comité de seguridad ciudadana. CERIGUA documentó un aumento en las violaciones a la libertad de prensa en los meses previos a las elecciones presidenciales de noviembre, como así también una cantidad de ataques y amenazas contra periodistas el día de la elección. Otto Pérez Molina, un general retirado que se presentó como candidato a las elecciones presidenciales por el conservador Partido Patriótico derrotó al empresario Manuel Baldizón en la segunda vuelta. Enfrentando un índice de asesinatos que se encuentra entre los más elevados en el mundo entero, Pérez se comprometió a encarar el tema del crimen con mano dura.

Un juez federal falló a favor del periodista James Risen, quien invocó la Primera Enmienda para proteger una fuente confidencial. El Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa (RCFP, por sus siglas en inglés) y otros grupos afirmaron que el fallo era una importante victoria para la prensa. El Departamento de Justicia, que apeló la decisión judicial, siguió adoptando una posición agresiva y presentó acusaciones penales contra personas que filtran información clasificada. Varias asociaciones de prensa estadounidenses mostraron preocupación por el creciente número de expedientes judiciales que fueron sellados por la Corte Suprema. El CPJ informó que el Departamento de Estado no cumplió en su primer año con la implementación de la Ley de Libertad de Prensa Daniel Pearl, que exige que las cuestiones sobre libertad de prensa sean incorporadas a los informes anuales del organismo sobre derechos humanos en cada país. WikiLeaks volvió a acaparar titulares cuando divulgó miles de cables diplomáticos estadounidenses que fueron clasificados y sin editar. Un periodista etíope fue obligado a abandonar su país luego de ser citado en uno de los cables. La policía en cinco ciudades arrestó a periodistas y fotógrafos que cubrían las manifestaciones del grupo Ocupa Wall Street, a menudo aduciendo que los periodistas no contaban con acreditación suficiente. Por lo menos otros tres periodistas que cubrían los acontecimientos del movimiento Ocupa fueron atacados por manifestantes o por efectivos de la policía.

El clima de libertad de prensa continuó en profundo deterioro bajo el gobierno del Presidente Rafael Correa. En septiembre, un informe especial del CPJ reveló que las políticas de Correa habían transformado a Ecuador en uno de los países del hemisferio más restrictivos para la prensa. En marzo, Correa inició un proceso penal por calumnias injuriosas contra los más altos ejecutivos del diario El Universo, uno de los principales periódicos y entre los más críticos del país. El caso, que se centró en una mordaz columna de opinión que condenaba las acciones de Correa en una revuelta policial en 2010, produjo condenas, sentencias a prisión y multas multimillonarias en dólares contra los ejecutivos y un ex editor. Ellos aún estaban libres bajo apelación a fines de año. Otros funcionarios también utilizaron las arcaicas leyes penales de difamación para intentar silenciar a periodistas. El presidente recurrió con frecuencia al uso de las cadenas, discursos presidenciales que ocupan toda la programación a nivel nacional, para desprestigiar a periodistas individualmente o a los medios. Aunque las cadenas tradicionalmente se usaron para divulgar información en tiempos de crisis, bajo el mandato de Correa se han convertido en un foro para la confrontación política. El gobierno utilizó otras tácticas para suplantar las voces independientes e imponer su propia perspectiva, al ordenar a las emisoras que sacrifiquen parte de su programación de noticias para dar espacio a las "refutaciones" del gobierno. En un referendo realizado en mayo, los votantes aprobaron iniciativas que permitirían al gobierno regular los contenidos en áreas vagamente definidas y obligaría a los dueños de medios a deshacerse de otras empresas.

La represión oficial en Cuba sigue siendo la más intensa en todo el hemisferio. Aunque los últimos integrantes del grupo de 29 periodistas independientes encarcelados durante la embestida conocida como la Primavera Negra en 2003 fueron liberados en abril, las prácticas restrictivas del gobierno siguen vigentes. La censura oficial está reglamentada por ley y se hace cumplir con todo el rigor. El gobierno persigue a los periodistas críticos con arrestos arbitrarios, detenciones de corto plazo, golpizas, campañas de desprestigio, vigilancia y sanciones sociales. A pesar de la baja penetración de Internet en la isla, la batalla por la libertad de expresión sigue librándose casi por completo en Internet. El gobierno ha alistado a una legión de blogueros oficiales para contrarrestar a una efervescente blogósfera independiente. Un proyecto de cable de fibra óptica permitirá la introducción de Internet de alta velocidad. El lanzamiento del servicio de banda ancha, que enfrentó demoras en 2011, mejorará las conexiones a Internet aprobadas por el gobierno, pero no extenderá la conectividad al público en general.

Si bien en los últimos años la violencia contra periodistas descendió en forma sustancial, el panorama de la libertad de prensa sigue siendo complicado. Los periodistas continúan siendo víctimas de ataques y amenazas con tal frecuencia que algunos se ven obligados a huir a lugares más seguros dentro de Colombia, o a exiliarse. Un periodista de Arboletes fue asesinado en junio, aunque los motivos del crimen no fueron esclarecidos. En este violento contexto, grupos de prensa temieron por las consecuencias de declaraciones efectuadas por el ex Presidente Álvaro Uribe. El ex mandatario tildó a los veteranos reporteros Juan Forero y Claudia Julieta Duque de ser "simpatizantes del terrorismo", después de que redactaran notas críticas sobre el gobierno de Uribe en el diario The Washington Post. El espionaje ilegal contra periodistas y otros críticos por parte del servicio nacional de inteligencia, un legado del gobierno de Uribe, siguió siendo tema de investigación. Pero el avance fue lento, con casos aún pendientes en contra de más de 20 acusados a fines de año. En un golpe contra la libertad de prensa, la Corte Suprema mantuvo en mayo la vigencia de las cláusulas sobre difamación en el código penal.

En áreas provinciales en donde el cumplimiento de la ley es débil, los reporteros se encontraron en situación de vulnerabilidad ante las agresiones motivadas por su labor periodística sobre temas de corrupción. En los grandes centros urbanos, los periodistas enfrentaron riesgos mientras cubrían temas relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Dos periodistas cayeron en represalia directa por su labor en 2011 y el CPJ sigue investigando las circunstancias en otros cuatro casos. El aumento en los casos de violencia letal en 2011 determinó el regreso de Brasil al Índice de Impunidad del CPJ, que destaca aquellos países donde los casos de periodistas asesinados permanecen sin resolverse. Los fallos judiciales politizados continuaron impidiendo la cobertura de temas sensibles. Una orden de censura contra el diario O Estado de S. Paulo siguió vigente más de dos años después de haber sido impuesta, impidiendo que el periódico informara sobre una investigación de corrupción que involucraba a la familia del presidente del Senado José Sarney. En noviembre, la Presidente Dilma Rousseff promulgó una ley de acceso a la información pública que regula la clasificación de documentos e impone un máximo de 50 años como período para retener archivos secretos. El proyecto de ley fue elogiado como un paso importante para la transparencia del gobierno y una herramienta útil para los periodistas que cubren casos de corrupción.

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