Argentina

El conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los principales medios de comunicación se intensificó. Pese a un fallo de la Corte Suprema que ordenó un equilibrio razonable en la distribución de la publicidad oficial, el gobierno continuó negándoles anuncios oficiales a los medios críticos de su gestión, mientras no escatimaba avisos en los medios que le brindaban una cobertura informativa favorable, de acuerdo con un informe especial del CPJ. Tanto la Corte Suprema como un tribunal de apelaciones federal le aplicaron una multa al ejecutivo por incumplir el fallo, pero éste no mostró ninguna señal de que lo acataría. El gobierno continuó con la práctica de atacar e insultar a periodistas y ejecutivos vinculados a las dos principales empresas de medios del país, Clarín y La Nación, a veces mediante campañas de descrédito en programas de la televisión pública. A su vez, esos grupos de medios criticaron incesantemente al gobierno. Como resultado, se creó un clima de gran polarización, donde los medios dedican considerables espacios a descalificarse el uno al otro, y los ciudadanos quedan privados de fuentes informativas objetivas sobre asuntos vitales de interés público.

Por Daniel Bilotta/ Bloguero invitado

La gala del grupo "Clarín" para estrenar la versión HD de su señal estrella, el canal de noticias TN, con una recreación del federalismo que unió en una transmisión en vivo los puntos cardinales del extenso territorio argentino en elíptico contrapunto con la  excesiva centralización de recursos de la administración nacional que cuestionan algunos gobernadores, no pudo tener peor debut con la deliberada omisión en su pantalla del acontecimiento destacado  del lunes: la denuncia de sus abogados (lo que ahora reconocen como un error) contra funcionarios de la presidente Cristina Fernández por incitación a la violencia en la que  se involucró a periodistas ligados al oficialismo.

En la intensa batalla entre el gobierno de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y los medios de comunicación críticos, como los pertenecientes al Grupo Clarín, la credibilidad del periodismo está en juego. Los ciudadanos argentinos están siendo privados de fuentes informativas objetivas sobre cuestiones políticas y económicas de vital importancia para el país. Un informe especial del CPJ por Sara Rafsky

Nueva York, 21 de agosto de  2012--Las autoridades argentinas deben investigar de forma inmediata los ataques violentos contra dos periodistas del interior y enjuiciar a los responsables, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Los dos ataques, no relacionados entre si, ocurrieron en el lapso de una semana.

Nueva York, 30 de mayo de 2012--Las autoridades argentinas deben investigar en forma inmediata las amenazas de muerte contra un periodista de radio y enjuiciar a los responsables, afirmó hoy El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

La Corte Suprema de Justicia resolvió en marzo que el gobierno debía aplicar un equilibrio razonable en la distribución de la publicidad oficial. Al dictar su fallo en un caso planteado en 2006 por Editorial Perfil, la mayor empresa editora de revistas del país, la corte intentó frenar la vieja práctica de recompensar a los medios afines al gobierno con publicidad oficial, mientras se castiga a la prensa crítica negándole avisos. No obstante, Perfil y otros críticos del gobierno adujeron que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ganó la reelección en octubre, siguió utilizando el mismo sistema de distribución no equitativa. Las relaciones entre el Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios del país, y el gobierno de Kirchner empeoró en marzo luego de que manifestantes, incluyendo a miembros del sindicato de Camioneros, bloquearan las salidas para camiones en la planta impresora del diario Clarín, impidiendo que la edición dominical del periódico fuese distribuida. La circulación del diario La Nación también se vio interrumpida durante varias horas. En diciembre, Kirchner firmó una medida que obligaba al único fabricante de papel para periódicos, Papel Prensa, a someterse a la regulación del gobierno. Grupos de editores indicaron que éste era otro ataque a Clarín y La Nación, que son dueños de una participación mayoritaria en la empresa. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) documentó una serie de abusos en el interior del país, incluyendo un ataque a un periodista radial, un caso de incendio intencional y un episodio en el cual se disparó contra un equipo de camarógrafos. Un tribunal federal sentenció en octubre a 16 ex militares a condenas a prisión entre 18 años y cadena perpetua por el asesinato del periodista Rodolfo Walsh y otras 85 personas durante la dictadura militar argentina de los años 1976-83.

Por Carlos Lauría/Coordinador Senior del Programa de las Américas

Fue una mañana de invierno crudo hace más de 15 años. Como parte de mi rutina diaria de corresponsal extranjero, abrí mi computadora personal para leer los diarios argentinos. Un titular me conmovió: José Luis Cabezas, fotógrafo del semanario Noticias, había sido asesinado. Su cuerpo con dos balazos en la cabeza fue hallado el 15 de enero de 1997, dentro de un auto que había sido incendiado, esposado y el cuerpo calcinado, en las afueras de la ciudad balnearia de Pinamar.   

Por Sara Rafsky/Investigadora Asociada del programa de las Américas

El Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dominó los titulares de los medios en agosto de 2010 tras una reunión con los directores de Papel Prensa, fabricante de papel para periódicos. Moreno sacó un par de guantes de boxeo, solicitó a las mujeres que salieran de la reunión y, tras apagar las luces, desafió a los hombres a pelear. La agresiva invitación del funcionario, aunque presumiblemente en broma, preparó el terreno para el debate legislativo que tuvo lugar en diciembre sobre el destino de Papel Prensa, una discusión igualmente combativa a pesar de que faltaban los accesorios pugilísticos.

Nueva York, 12 de septiembre de 2011--Una demanda alegando invasión a la privacidad que Carlos Saúl Menem, el ex Presidente de Argentina, inició contra dos periodistas de la revista local Noticias viola el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, afirmó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en un escrito legal presentado el viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este es el primer caso introducido ante el sistema interamericano que involucra una demanda de privacidad originada en un informe sobre temas de interés público. El CPJ considera que es vital que la corte siente un precedente para proteger los derechos de los periodistas en un momento en el cual los líderes en América Latina y alrededor del mundo están utilizando una cantidad de acciones legales para coartar el trabajo informativo crítico.