Chile

Carlos Lauría/Coordinador Senior del programa de las Américas

Al reafirmar la autonomía e independencia del sistema regional de derechos humanos y rechazar intentos de neutralizar el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su relatoría especial para la libertad de expresión, la Organización de los Estados Americanos (OEA) optó por rechazar propuestas que hubieran resultado que los ciudadanos en todo el hemisferio sean más vulnerables a las violaciones a los derechos humanos.  

La asamblea extraordinaria de la OEA,  llevada a cabo el viernes en la sede de la organización en Washington, D.C., adoptó una resolución donde los 35 estados miembro ratificaron la atribución de la comisión de continuar recibiendo contribuciones voluntarias. Analistas y defensores de derechos humanos afirman que la decisión fue un golpe a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida como ALBA, que habían presionado para excluir fuentes de financiamiento externas para la CIDH.  

Aunque el comercio y los nuevos sistemas de comunicación nos convierten en ciudadanos globales, la información que necesitamos para asegurar responsabilidad suele detenerse en las fronteras nacionales. Nuevas plataformas como las redes sociales son herramientas valiosas, pero la lucha contra la censura aún no ha terminado. Por Joel Simon.

Nueva York, 23 de mayo de 2008--El fotógrafo chileno Víctor Salas resultó gravemente herido en un ojo el miércoles al ser golpeado por un carabinero mientras cubría una protesta afuera del parlamento en la ciudad suroccidental de Valparíso. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condenó el ataque e instó a las autoridades chilenas a responsabilizar al agresor.

Su Excelencia:

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está preocupado por la demora en el Congreso del proyecto para eliminar el delito de desacato. Lo exhortamos a utilizar el poder de su cargo para acelerar la eliminación de estas disposiciones anacrónicas.

En septiembre del 2002, Su Excelencia presentó al Congreso el proyecto 212-347, que proponía eliminar disposiciones penales que sancionan el insulto o la ofensa a las autoridades del gobierno, los miembros del Congreso, los jueces superiores y los miembros de las fuerzas armadas. El proyecto incluye eliminar el Artículo 263 del Código Penal y modificar los Artículos 264 y 265 del Código Penal y los artículos 276, 284, 416 y 417 del Código de Justicia Militar.