México

Por Mike O'Connor/Representante del CPJ en México

En México, donde la impunidad en casos de asesinatos de periodistas ha generado terror y censura en la prensa local, legisladores afirmaron que el Senado federal está a punto de aprobar una enmienda constitucional que otorgaría jurisdicción a las autoridades federales sobre delitos contra la libertad de prensa. La aprobación significaría que los fiscales y la policía federal, que en general son menos corruptos y más efectivos, tendrían jurisdicción sobre las autoridades estatales en los casos de periodistas asesinados y amenazados.

Un frente unificado es crucial para enfrentar la crisis de libertad de prensa en el violento estado mexicano de Sinaloa, indicó el martes María Teresa Ronderos, periodista colombiana e integrante de la junta directiva del CPJ. Estaba hablando ante una sala repleta de periodistas de diarios, radio y televisión; miembros de la sociedad civil; legisladores estatales; líderes sindicales; activistas de derechos humanos, e incluso ciudadanos comunes, quienes se habían reunido para debatir la situación de la prensa en Culiacán, una de las ciudades más peligrosas de México.

El presidente prometió defender a los periodistas con un programa federal de protección para periodistas, un nuevo fiscal especial y una nueva ley que convertiría a la violencia contra de la prensa en un delito federal. Ha fracasado en casi todas sus iniciativas.

Aunque el comercio y los nuevos sistemas de comunicación nos convierten en ciudadanos globales, la información que necesitamos para asegurar responsabilidad suele detenerse en las fronteras nacionales. Nuevas plataformas como las redes sociales son herramientas valiosas, pero la lucha contra la censura aún no ha terminado. Por Joel Simon.

La tasa de impunidad en el mundo sigue obstinadamente elevada, justo por debajo del 90 por ciento. Altos funcionarios en los países más peligrosos por fin están reconociendo el problema--el primer paso en lo que será una larga y dura lucha. Por Elisabeth Witchel

Las organizaciones criminales ejercieron una extraordinaria presión sobre la prensa a medida que extendieron su control sobre virtualmente cada sector de la sociedad. Los periodistas fueron asesinados o desaparecidos, los medios atacados con bombas o amenazados. La autocensura generalizada fue la consecuencia devastadora de este estado de situación. En medio de un vacío informativo, periodistas y ciudadanos utilizaron cada vez más las redes sociales para informar a sus comunidades. El asesinato de una reportera de Nuevo Laredo fue el primer caso en la historia del CPJ en el cual una persona cayó en represalia directa por su labor periodística en redes sociales. Por lo menos otros tres periodistas recibieron asilo político en Estados Unidos y Canadá, y varios otros buscaron refugio en otros países. Varias importantes organizaciones de medios acordaron un código profesional en el cual estipularon protocolos para periodistas en riesgo y se comprometieron a no convertirse en herramientas de propaganda para criminales. Pero el gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa no logró implementar reformas efectivas. A pesar de las iniciativas para fortalecer la fiscalía especial para crímenes contra la libertad de expresión, la violencia contra la prensa siguió prácticamente impune. El nuevo programa del gobierno para la protección de periodistas fue considerado en gran medida como ineficaz. Y en tanto que la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley para federalizar los crímenes contra la prensa, la legislación seguía pendiente a fines de año.

Por Mike O'Connor/Representante del CPJ en México

El conocido escritor estadounidense Russell Banks marcó el tono de la jornada del domingo al reunirse junto a otros autores internacionales y sus colegas en Ciudad de México: "Los periodistas y escritores de un país, como sus poetas y narradores, son los ojos, los oídos y las voces de la gente. Cuando los periodistas no pueden hablar con libertad sobre lo que ven o escuchan de la realidad que los rodea, la gente tampoco puede ver, escuchar o hablar". Banks figura entre los líderes de una delegación del PEN Club Internacional que se está reuniendo con funcionarios mexicanos para presionarlos a mejorar el sistema de justicia en casos de asesinatos de periodistas, y a modificar la ley para que sean delitos federales.