Ataques a la Prensa

Los análisis y datos registran las condiciones de libertad de prensa en toda la región. Carlos Lauría describe el surgimiento de los medios estatales como una poderosa herramienta de propaganda. Mike O'Connor revela los intentos fallidos de México para combatir la violencia letal contra la prensa.

En algunos países latinoamericanos, los medios estatales se utilizan no sólo como herramienta para la propaganda política, sino también como plataformas para campañas de desprestigio en contra de críticos, incluyendo periodistas. Los líderes electos han invertido en grandes multimedios para promover sus agendas políticas personales. Por Carlos Lauría.

El presidente prometió defender a los periodistas con un programa federal de protección para periodistas, un nuevo fiscal especial y una nueva ley que convertiría a la violencia contra de la prensa en un delito federal. Ha fracasado en casi todas sus iniciativas.

Aunque el comercio y los nuevos sistemas de comunicación nos convierten en ciudadanos globales, la información que necesitamos para asegurar responsabilidad suele detenerse en las fronteras nacionales. Nuevas plataformas como las redes sociales son herramientas valiosas, pero la lucha contra la censura aún no ha terminado. Por Joel Simon.

La tasa de impunidad en el mundo sigue obstinadamente elevada, justo por debajo del 90 por ciento. Altos funcionarios en los países más peligrosos por fin están reconociendo el problema--el primer paso en lo que será una larga y dura lucha. Por Elisabeth Witchel

Las organizaciones criminales ejercieron una extraordinaria presión sobre la prensa a medida que extendieron su control sobre virtualmente cada sector de la sociedad. Los periodistas fueron asesinados o desaparecidos, los medios atacados con bombas o amenazados. La autocensura generalizada fue la consecuencia devastadora de este estado de situación. En medio de un vacío informativo, periodistas y ciudadanos utilizaron cada vez más las redes sociales para informar a sus comunidades. El asesinato de una reportera de Nuevo Laredo fue el primer caso en la historia del CPJ en el cual una persona cayó en represalia directa por su labor periodística en redes sociales. Por lo menos otros tres periodistas recibieron asilo político en Estados Unidos y Canadá, y varios otros buscaron refugio en otros países. Varias importantes organizaciones de medios acordaron un código profesional en el cual estipularon protocolos para periodistas en riesgo y se comprometieron a no convertirse en herramientas de propaganda para criminales. Pero el gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa no logró implementar reformas efectivas. A pesar de las iniciativas para fortalecer la fiscalía especial para crímenes contra la libertad de expresión, la violencia contra la prensa siguió prácticamente impune. El nuevo programa del gobierno para la protección de periodistas fue considerado en gran medida como ineficaz. Y en tanto que la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley para federalizar los crímenes contra la prensa, la legislación seguía pendiente a fines de año.

La libertad de prensa sufrió marcados retrocesos en 2011. En la etapa preliminar a la elección presidencial de junio, la prensa registró un alarmante aumento en el número de ataques y amenazas en respuesta a la cobertura de la campaña electoral. En el norte de Perú, un periodista cayó en represalia por su labor informativa, mientras que otros dos fueron asesinados en circunstancias poco claras. Los tribunales condenaron a cuatro periodistas según las arcaicas leyes de difamación penal, mientras un reportero fue encarcelado por más de seis meses hasta que su condena fue revocada luego de una apelación. El Presidente Ollanta Humala se comprometió al asumir su cargo a ser "un defensor de los derechos humanos, la libertad de prensa y la libertad de expresión." En julio, el Congreso sancionó un proyecto de ley que eliminaría las condenas a prisión por el delito difamación, pero hacia fines de año el presidente aún no había promulgado el proyecto.

El gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías continuó su campaña sistemática de represión del periodismo crítico a través de disposiciones regulatorias, judiciales y legislativas. El ente regulador de telecomunicaciones aplicó una multa a Globovisión, el único canal de televisión crítico del país, por más de 2 millones de dólares por su cobertura informativa sobre los letales motines en las cárceles entre junio y julio. El organismo regulador invocó la Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión, una de las legislaciones más restrictivas de la región. Los fiscales presentaron acusaciones penales contra dos ejecutivos de un semanario crítico en relación a un artículo satírico y a un montaje fotográfico que mostraba a funcionarias de alto rango actuando en un "cabaret" dirigido por Chávez. El semanario fue clausurado por un breve tiempo y un ejecutivo fue enviado a prisión por casi tres meses. El gobierno de Chávez usó su amplio aparato de medios estatales para divulgar propaganda y lanzar campañas de desprestigio contra sus críticos. Los anuncios de Chávez afirmando que médicos cubanos habían hallado y extirpado un tumor canceroso alimentaron las especulaciones sobre el futuro político de Venezuela a medida que se aproximan las elecciones presidenciales de octubre de 2012. La información oficial sobre la salud del presidente fue escasa y se trató como si fuese un secreto de estado.