Nueva York, 13 de junio del 2000 -----
Decenas de prominentes periodistas, abogados y académicos de
todo el continente americano, reunidos en una conferencia sobre libertad
de expresión en Buenos Aires entre el 8 y 9 de junio, pidieron
la eliminación de leyes antidifamatorias y afirmaron que ningún
periodista debe ser "procesado penalmente por lo que publique, transmita
o exprese".
En la conferencia, auspiciada por el Comité para la Protección
de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y la agrupación
argentina Periodistas, los participantes formularon la llamada "Declaración
de Buenos Aires", en la que prometieron defender a periodistas acusados
penalmente por su trabajo. Además, expresaron su apoyo al Relator
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y elogiaron los esfuerzos
del gobierno argentino de despenalizar la difamación en casos
de funcionarios públicos.
La conferencia de dos días reunió a periodistas y expertos
judiciales de todo el continente, incluyendo a representantes de la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Human Rights Watch/Americas,
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita
a la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Los líderes políticos y dirigentes de gobierno de las
Américas no son los únicos en creer que necesitan las
leyes (de difamación criminal) para protegerse de las críticas",
declaró la directora ejecutiva del CPJ, Ann Cooper, al inaugurar
el evento. "Pero creemos que es importante comenzar aquí, en
las Américas, porque creemos que aquí es donde los periodistas
pueden lograr los primeros avances en la eliminación de esas
leyes".
De hecho, de acuerdo con un estudio preparado por la SIP, muchos países
latinoamericanos poseen leyes que estipulan largas condenas de cárcel
por "insultar" a un funcionario público u otros. La mayoría
de esas leyes no aceptan la demostración de la verdad como
defensa judicial; y en la mayoría de los casos se les confiere
a los funcionarios públicos una protección legal inaccesible
para los ciudadanos comunes; tampoco se acepta como defensa la admisión
de error cometido de buena fe. Los periodistas y abogados presentes
en la conferencia describieron en detalle cómo tales leyes
son utilizadas en muchos países para intimidar u hostigar a
periodistas que critican a funcionarios públicos.
Un país que ha realizado esfuerzos destacables para modificar
estas leyes anacrónicas es Argentina, que revocó la
llamada ley de desacato en 1993. Horacio Verbitsky, vicepresidente
de la agrupación argentina Periodistas, copatrocinante de la
conferencia, ha trabajado con legisladores argentinos en un proyecto
de ley que despenalizaría la difamación en el caso de
funcionarios públicos. En su discurso ante la conferencia,
el ministro de Justicia argentino Ricardo Gil Lavedra ofreció
su apoyo al proyecto de ley, destacando que "la protección
de información relacionada con el interés público
representa una gran responsabilidad para el estado".
La propuesta de ley argentina adoptaría el principio de intención
maliciosa incluida por primera vez en el fallo de la Corte Suprema
de Estados Unidos relativo a un caso de 1964, conocido como New York
Times Co. v. Sullivan. Bajo tal parámetro, la parte acusadora
debe demostrar no sólo que la información publicada
es falsa, sino que el periodista responsable sabía o debía
saber que era falsa al momento de divulgarla.
La Declaración de Buenos Aires expresó también
su apoyo al Relator Especial para la Libertad de Expresión
de la CIDH, Santiago Canton. En su informe anual sobre el estado de
la libertad de expresión en las Américas, presentado
el mes pasado en Washington, Canton arguyó que las leyes que
penalizan las expresiones sobre funcionarios públicos son incompatibles
con la Convención Americana de Derechos Humanos.
La conferencia fue financiada por la Tinker Foundation, como expresión
de su apoyo a la campaña del CPJ por eliminar la penalización
de la difamación en las Américas.
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