Nueva York, 2 de octubre de 2000 ---
El CPJ ha enviado una carta al Procurador General de
Justicia del Estado de Chihuahua en la que solicita
información acerca del enjuiciamiento de
los periodistas Jesús Antonio Pinedo
Cornejo y Luis Villagrana por cargos de
difamación penal.
Pinedo Cornejo es director de la
publicación semanal Semanario, radicada en
Ciudad Juárez, estado de Chihuahua.
Villagrana es reportero de dicha
publicación. El ex comisionado de
Seguridad Pública Javier Benavides
González presentó la querella
por difamación a raíz de un
artículo de Villagrana en la
edición de Semanario del 28 de febrero de
este año. El artículo, titulado
«Historia de policías y narcos»,
afirmaba que Benavides mantenía
vínculos con el narcotráfico.
Alrededor de las 7 p.m. del 19 de septiembre,
agentes de la Policía Judicial del Estado
arrestaron a Pinedo Cornejo en base a una orden
emitida horas antes por el Cuarto Tribunal de lo
Penal. él fue puesto en libertad al
día siguiente tras pagar una fianza de 15
000 pesos (US$1590), fijada por la jueza
María Catalina Ruiz Pacheco. Villagrana
compareció ante la jueza voluntariamente y
también pagó una fianza de 15
000 pesos.
La jueza Ruiz Pacheco inició
oficialmente los procesos contra los periodistas el
26 de septiembre. Aunque ambos periodistas se
encuentran actualmente en libertad bajo fianza,
podrían ser sentenciados a dos
años de cárcel si son hallados
culpables. Benavides, entretanto, renunció
a su cargo de comisionado de Seguridad
Pública de Ciudad Juárez el 18
de septiembre; se espera que él se
incorpore al equipo de seguridad del presidente
electo Vicente Fox Quesada.
Pinedo Cornejo dijo a reporteros locales que el
caso se movía con «extraña
rapidez», pues la policía local
usualmente tarda mucho más en ejecutar
órdenes de arresto. En correspondencia con
el CPJ mediante correo electrónico, Pinedo
Cornejo afirmó además que ha
habido numerosas violaciones del debido proceso. Por
ejemplo, señaló, a los
periodistas no se les informó oficialmente
sobre la demanda que Benavides presentó
contra ellos, sino que se enteraron por la prensa
local.
En una carta enviada el 29 de septiembre a Arturo
González Rascón, Procurador
General de Justicia de Chihuahua, el CPJ
solicitó urgentemente que se aclararan
estas presuntas violaciones del debido proceso.
«Si bien el CPJ cree», subraya la carta, «que
los periodistas deben ser responsables de lo que
escriben, creemos que cualquier disputa a
raíz de un artículo debe ser
resuelta en el ámbito civil,
particularmente en los casos que implican a
funcionarios públicos, quienes
están sujetos al escutrinio y la
crítica de los ciudadanos a quienes
sirven. La libertad de expresión les
está garantizada a todos los mexicanos
bajo el Artículo 6 de la
constitución. Nuestra opinión
es que penalizar las infracciones relacionadas con la
expresión de ideas viola ese derecho
fundamental».
