Nueva York, 3 de agosto del 2000 --- Once meses
después de haber prometido eliminar las
"leyes mordaza" en Panamá, la
presidenta Mireya Moscoso firmó una ley
que restringe agudamente el acceso del
público a la información.
La nueva ley amplía la
definición oficial de privacidad y
confidencialidad y establece duras sanciones para
quienes divulguen material considerado secreto o
censurado.
El 10 de septiembre de 1999, Moscoso dijo
públicamente que las leyes restrictivas
contra la prensa no tienen justificación
posible en la sociedad panameña. El 20 de
diciembre, Moscoso firmó un proyecto de
ley que revocó algunas de las leyes
mordaza más restrictivas y
comprometió al gobierno a presentar un
amplio proyecto de reforma de las leyes de prensa
para junio del 2000.
Dos meses después de ese plazo, las
antiguas leyes siguen vigentes, autorizando a la
Junta Nacional de Censura y estableciendo penas de
hasta dos años de cárcel por el
delito de difamación. El 31 de julio,
entretanto, la presidenta Moscoso firmó la
Ley 38, una serie de restricciones
burocráticas que efectivamente eliminan el
concepto de información
pública.
Bajo el Artículo 70 de esa nueva ley,
una información puede ser considerada
confidencial o de acceso limitado si causa severos
daños a la sociedad o al Estado o a la
persona en cuestión como, según
dice, es el caso de las negociaciones de tratados o
convenciones internacionales, seguridad nacional,
salud, ideas políticas, estado civil,
orientación sexual, prontuario criminal o
policial, cuentas bancarias y otra
información que tenga este
carácter según las normas
legales.
El artículo impone una amplia gama de
sanciones administrativas --entre ellas advertencias,
suspensión y destitución-- de
quien viole estas difusas normas de confidencialidad,
aún en casos en que el secreto claramente
no es del interés público.
Restringir el acceso público a
registros financieros, por ejemplo,
dificultaría a la prensa cubrir los
juicios de personas acusadas de lavado de dinero o
narcotráfico. La presidenta Moscoso
firmó esta ley apenas días
después de haber prometido fortalecer las
leyes panameñas contra el
narcotráfico, de acuerdo a una
declaración reciente del Defensor del
Pueblo de Panamá, Italo Isaac Antinori
Bolaños.
Irónicamente, la campaña
presidencial de la misma Moscoso prometió
tomar medidas para establecer sistemas consolidados
de información en la
administración pública, a fin
de permitir un acceso ágil y transparente
y estimular la participación social.
El CPJ opina que las cláusulas de
confidencialidad de la Ley 38 violan la
Convención Americana de Derechos Humanos,
cuyo Artículo 13 establece que "Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y
de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir e impartir informaciones
y difundir ideas de toda índole..."
"La Ley 38 claramente menoscaba la abilidad
de los periodistas panameños de informar
sobre temas de vital interés
público", declaró la
directora ejecutiva del CPJ, Ann Cooper. "Al
firmarla, la presidenta Moscoso ha revertido buena
parte del progreso que logró en sus
primeros meses en el cargo. Exhortamos al gobierno a
revocar esta legislación injusta, junto
con otras leyes utilizadas para entorpecer a la
prensa independiente en Panamá".
