Nueva York, 15 de mayo de 2001 --- El periodista radial,
columnista y profesor universitario panameño Miguel Antonio
Bernal comparecerá mañana a juicio para defenderse de
una acusación penal por difamación que inició
en 1998 el entonces director de la Policía Nacional, José
Luis Sosa.
Durante una transmisión en febrero de 1998 del noticiero "TVN-Noticias",
Bernal responsabilizó a la Policía Nacional de la decapitación
de cuatro reclusos de la prisión de Isla Coiba a manos de otros
presos.
En aquel momento, se citaron declaraciones de Sosa en el diario de
Ciudad de Panamá La Prensa en las que decía:
"Además de ser falsas las afirmaciones de Bernal, son calumniosas
al buen nombre de la institución y contribuyen a debilitar
la confianza y el respaldo que la comunidad le ha brindado a la Policía
Nacional".
El juicio se llevará a cabo en el Juzgado Décimo Penal
de la Ciudad de Panamá. Bernal enfrenta una sentencia de 18
meses de privación de libertad si se le halla culpable.
Bernal es presentador del programa radial de temas de actualidad "Alternativa",
que sale al aire a diario. También escribe una columna para
el diario de Ciudad de Panamá El Panamá América
y contribuye a los diarios La Prensa y El Siglo.
En la actualidad, setenta periodistas panameños enfrentan cargos
penales por difamación en este país de menos de tres
millones de habitantes, de acuerdo con despachos de prensa locales.
«Es sorprendente que los funcionarios de un país democrático
abusen de las leyes de difamación criminal para suprimir las
voces críticas en los medios», afirmó la directora
ejecutiva del CPJ Ann Cooper.
Existe un consenso cada vez más amplio en la comunidad internacional
en el sentido de que los funcionarios públicos no deben esgrimir
las leyes de difamación criminal para resguardarse del escrutinio
público. En su Declaración de Principios sobre la Libertad
de Expresión, por ejemplo, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos
destacó que la protección de la reputación de
una persona «debe estar garantizada sólo a través
de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea
un funcionario público o persona pública o particular
que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés
público».
Para más información acerca de la situación de
la prensa en Panamá visite www.cpj.org.
El CPJ es una organización independiente y sin ánimo
de lucro con sede en Nueva York, y trabaja para garantizar la libertad
de prensa alrededor del mundo.
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