Nueva York, 25 de julio de 2001— Tras una lluvia de críticas
de parte de la prensa paraguaya, el Parlamento anunció planes
de derogar una nueva y controvertida ley de acceso a la información
que restringe con severidad la capacidad de los periodistas de obtener
documentos oficiales.
El presidente Luis González Macchi firmó la Ley 1728
de Transparencia Administrativa y Libre Acceso a la Información
el 16 de julio. La ley supuestamente codifica el Artículo 28
de la Constitución paraguaya, según el cual las fuentes
públicas de información son «libres para todos».
En realidad, la Ley 1728 hace que sea sumamente difícil para
los periodistas obtener cualquier documento oficial y deja un enorme
poder de discreción en manos del presidente y otras autoridades.
Por ejemplo, la ley confiere al presidente el poder absoluto de limitar
la divulgación de cualquier información que pudiera
perjudicar «a la defensa nacional o la seguridad del Estado o a las
relaciones internacionales».
Además, cualquier investigación en curso sobre la conducta
de un funcionario público está totalmente exenta del
escrutinio público, al igual que el acceso a información
sobre compras gubernamentales que pudiera dar lugar a la «especulación».
Los periodistas paraguayos sostienen que los funcionarios públicos
pudieran aprovecharse de la Ley 1728 para entorpecer o retrasar investigaciones
periodísticas sobre la corrupción, y que los complicados
trámites burocráticos exigidos para obtener información
oficial socavan la capacidad de la prensa de informar sobre el acontecer
nacional.
En respuesta a tales críticas, el diputado parlamentario que
propuso la legislación original prometió modificarla,
según versiones de la prensa local. Y el presidente González
Macchi, según versiones de prensa, ha dicho que no examinó
bien la ley antes de firmarla porque delegó esa tarea a uno
de sus asistentes.
El 19 de julio, el senador Juan Carlos Galaverna presentó un
proyecto de ley para derogar la Ley 1728. El 23 de julio, la Comisión
de Asuntos Constitucionales aprobó el proyecto de ley por 7
votos a favor y 2 en contra. La próxima semana el proyecto
será remitido al Senado y luego a la Cámara de Diputados
para una votación final.
«El CPJ está satisfecho de que los funcionarios del gobierno
paraguayo hayan escuchado los muchos argumentos legítimos contra
la Ley 1728», señaló la directora ejecutiva del CPJ,
Ann Cooper. «Esperamos que ninguna ley futura interfiera con el derecho
de los periodistas paraguayos de cubrir asuntos de evidente interés
nacional.»
FIN
