Nueva York, 18 de julio de 2002 --- El Comité para la
Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)
rechaza categóricamente el veredicto emitido ayer y por el
cual se condena penalmente por difamación a una publicación
mensual gratuita de Kansas, a su editor y a su redactor.
El jurado halló al editor David W. Carson y al redactor Ed
Powers, del The New Observer, al igual que a Observer Publications,
Inc., culpables de siete cargos penales por difamación.
Según el Reporters Committee for Freedom of the Press (Comité
de Reporteros por la Libertad de Prensa), organización estadounidense
pro libertad de prensa, el caso se deriva de un artículo publicado
en noviembre del 2000 en el cual el periódico afirmó
que Carol Marinovich, alcaldesa del gobierno unificado del condado
de Wyandotte, Kansas City, Kansas; y su esposo, Ernest Johnson, juez
del Tribunal de Distrito del condado de Wyandotte, no vivían
en el condado de Wyandotte, sino en un próspero condado cercano.
Por ley, los alcaldes y jueces deben vivir en el condado donde ejercen
cargos públicos.
Aunque el fiscal especial David Farris no ha decidido si solicitará
penas de cárcel, Carson y Powers podrían ser multados
y encarcelados hasta un año como máximo. El abogado
defensor Mark Birmingham anunció que pediría al juez
que suspendiera el veredicto o de lo contrario solicitaría
una apelación, según informó The Associated Press.
Se ha fijado una audiencia para el 26 de agosto.
«Estos cargos penales por difamación atentan contra las normas
estadounidenses e internacionales y sientan un terrible precedente
para el resto del mundo», declaró Ann Cooper, directora ejecutiva
del CPJ. «Aun cuando los periodistas deben ser responsables de lo
que informan, encarcelar a Carson y a Powers por lo que escribieron
sería una grave violación de la libertad de prensa».
El CPJ lucha por eliminar las disposiciones penales sobre la difamación
Como parte de una campaña para eliminar las disposiciones
penales sobre la difamación de los sistemas jurídicos
de Norte y Sudamérica, el CPJ ha manifestado su preocupación
al gobierno estadounidense de que en por lo menos 19 estados y el
Distrito de Columbia continúan vigentes leyes que clasifican
la difamación como delito y no sólo como infracción
civil.
En opinión del CPJ, el ámbito civil puede proporcionar
la reparación adecuada por cualquier agravio que se derive
de una publicación. Esta opinión es apoyada cada vez
más por el derecho internacional.
«Las disposiciones penales sobre la difamación deben ser eliminadas
en los Estados Unidos para dar el ejemplo a aquellos países
donde los periodistas son encarcelados con frecuencia por lo que escriben»,
señaló Cooper.
FIN
