Nueva York, 19 de diciembre del 2003 ­ El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está sumamente preocupado por el estado de salud del periodista cubano preso Ricardo González Alfonso, quien comenzó una huelga de hambre hace 12 días.

González Alfonso, quien está encerrado en la prisión de Kilo 8, en la central provincia de Camagüey, se declaró en huelga de hambre el 8 de diciembre para reclamar su traslado a otro destacamento de la prisión donde pueda estar con otros presos políticos, según la esposa, la periodista independiente Álida Viso Bello. Como castigo por la huelga de hambre, las autoridades del penal pusieron a González Alfonso en una celda semitapiada donde carece de agua y la luz permanece encendida todo el día. El periodista ha estado en esta celda desde el 14 de diciembre.

Después de estar aislado en una celda durante siete meses, en noviembre González Alfonso fue trasladado a una celda junto con presos comunes, quienes lo han acosado. El periodista recientemente tuvo la presión arterial elevada y a principios de diciembre tuvo que ser llevado a un hospital, donde los médicos le encontraron dos nódulos en la garganta y recomendaron que le fueran extirpados. Durante el ingreso del periodista en el hospital, las pertenencias que tenía en la cárcel fueron robadas. Según Viso Bello, González Alfonso debía regresar al hospital hoy para que le extirparan los nódulos.

El miércoles 17 de diciembre, Viso Bello se encontró con su esposo por espacio de una hora en presencia de un funcionario del penal. Viso Bello, quien no esperaba que le dejaran ver al esposo, cree que ella lo pudo ver porque los funcionarios del penal pensaron que tal vez ella iba a poder convencerlo de que desistiera de la huelga.

González Alfonso es presidente de la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling, fundada en mayo del 2001. Su residencia, que funcionaba como sede de la organización, fue allanada el 18 de marzo durante la campaña represiva del gobierno contra la oposición y la prensa independiente.

En los últimos cinco meses, varios periodistas cubanos presos se han declarado en huelga de hambre en reclamo de mejores condiciones. Al enterarse de las huelgas de hambre, otros periodistas encarcelados se han sumado en un gesto de solidaridad. Debido a que las autoridades penitenciarias no han permitido el contacto con los huelguistas ni han brindado información sobre sus casos, los familiares no han podido constatar en qué estado de salud se encuentran. Como castigo por participar en las huelgas, los periodistas han sido dispersados y trasladados a otras prisiones.

Los periodistas, quienes han sido ubicados en pabellones de máxima seguridad y son esposados cada vez que deben salir de sus celdas, han denunciado las malas condiciones sanitarias, la inadecuada atención médica, el aislamiento a que son sometidos y la falta de acceso a la prensa escrita y la televisión. También se han quejado de que los alimentos que reciben huelen mal o están en mal estado.

Un total de 29 periodistas independientes fueron detenidos como parte de una intensa campaña gubernamental en marzo. Los juicios sumarios de los periodistas, que duraron un día, se realizaron a principios de abril a puerta cerrada. Algunos periodistas fueron procesados de conformidad con el Artículo 91 del Código Penal, que prevé largas sanciones de privación de libertad o muerte para todo el que actúe contra «la independencia o la integridad territorial del Estado». Otros periodistas fueron enjuiciados por violar la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que dispone sanciones de privación de libertad de hasta 20 años para toda persona que cometa acciones «que persiguen subvertir el orden interno de la Nación y destruir su sistema político, económico y social».

El 7 de abril, tribunales de toda la isla dictaron penas de cárcel para los periodistas, que oscilan entre 14 y 27 años. Los periodistas permanecieron encarcelados en celdas del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) hasta el 24 de abril, cuando la mayoría de ellos fueron trasladados a cárceles ubicadas a cientos de kilómetros de sus hogares. En junio, el Tribunal Supremo Popular, el órgano judicial de máxima instancia, desestimó los recursos de casación que los periodistas interpusieron en abril y ratificó las condenas.

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