Nueva York, 6 de febrero del 2003El Comité para la Protección
de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está
alarmado ante la investigación que el Ministerio de Infraestructura
abrió a los canales de televisión Televén y Venevisión
para determinar el presunto incumplimiento de la normativa sobre transmisiones
de radio y televisión. El Ministerio podría multar a los
canales, suspenderlos o incluso revocar sus concesiones.
El 30 de enero y el 5 de febrero, respectivamente, funcionarios del referido
ministerio notificaron a Televén y a Venevisión que se habían
abierto procedimientos administrativos contra ambos canales por la presunta
transgresión de normas que rigen el funcionamiento de los medios,
entre ellas el Artículo 53 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
que prohíbe la transmisión de discursos en los cuales "se
incite a la rebelión y al irrespeto a las instituciones y sus autoridades"
así como la transmisión de "propaganda tendiente a subvertir
el orden público social; y de señales y noticias falsas,
engañosas o tendenciosas".
Televén y Venevisión disponen de 15 días hábiles
para presentar los argumentos y medios de prueba de la defensa. Una vez
que el ministerio reciba los alegatos defensivos de los dos canales, tiene
120 días para tomar una decisión.
Como elementos de las presuntas violaciones, el ministro de Infraestructura
Diosdado Cabello Rondón menciona declaraciones efectuadas por líderes
de la oposición y militares en desobediencia, así como propagandas
políticas de grupos de oposición transmitidas por Televén
entre octubre del 2002 y enero del 2003.
Cabello también acusó a Televén de transmitir coberturas
noticiosas especiales de un paro opositor y avances informativos y cuñas
de la oposición en el horario comprendido entre las 3 p.m. y las
6 p.m., el cual, de conformidad con el Artículo 11 del Reglamento
Parcial sobre Transmisiones de Televisión, debe ser dedicado a
programas dirigidos a la atención de los niños.
Los elementos acusatorios presentados contra Venevisión se refieren
a declaraciones de militares en desobediencia transmitidas por Venevisión.
El 20 de enero pasado, funcionarios del citado ministerio notificaron
a los canales caraqueños Globovisión y RCTV que se habían
abierto procedimientos administrativos similares contra ambos canales.
La Televisora Regional del Táchira, un canal con sede en el estado
andino del Táchira, enfrenta también un procedimiento administrativo.
Para mayor información, dirigirse a http://www.cpj.org/news/2003/Ven23jan03_Sp.html.
En el período de diciembre del 2002 a enero del 2003, el presidente
venezolano Hugo Chávez Frías ha amenazado varias veces con
cancelar las concesiones de transmisión de los canales televisivos
privados. En declaraciones efectuadas el 4 de febrero, el ministro Cabello
indicó: "Los canales de televisión que transmitan programación
que saben no deben transmitir, que asuman su responsabilidad". Cabello
agregó que en el curso de esta semana podrían salir nuevos
procedimientos administrativos contra otros canales de televisión
y radioemisoras.
Estos últimos acontecimientos en el conflicto entre el presidente
Chávez y los medios de comunicación ocurren tras el fin
de un paro de dos meses de duración convocado por la mayor central
obrera, la asociación de empresarios Fedecámaras, y la coalición
opositora Coordinadora Democrática. La mayoría de los medios
venezolanos han apoyado enérgicamente a la oposición y han
respaldado el paro, que terminó el 2 de febrero. En un clima de
extrema polarización, tanto los medios privados como los estatales
han suprimido toda apariencia de objetividad de la cobertura informativa.

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