Nueva York, 20 de agosto del 2004—El Comité para la Protección
de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), se opone firmemente
a un proyecto de ley que regula la profesión periodística
en Brasil, propuesta que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
envió al Congreso este mes.
«Esta propuesta, patrocinada por el gobierno, restringe severamente el
derecho a la libertad de expresión», declaró Ann Cooper, Directora Ejecutiva
del CPJ. «El periodismo no debe regirse por regulaciones impuestas por
el gobierno que podrían ser utilizadas para silenciar las críticas y proteger
del escrutinio a los poderosos».
La propuesta se presenta despuós de que la prensa brasileña
publicara una serie de denuncias de supuesta corrupción gubernamental.
El gobierno argumenta que el objetivo del proyecto de ley es mejorar la
calidad del periodismo.
El proyecto de ley crea «consejos de periodismo» federales y regionales
integrados por periodistas y con la atribución de «orientar, disciplinar
e fiscalizar el ejercicio de la profesión de periodista y de la
actividad del periodismo, velar por la fiel observancia de los principios
de ótica y disciplina del oficio en todo el territorio nacional,
así como promover el derecho a la libre información plural
y el perfeccionamiento del periodismo».
De conformidad con el proyecto, todo periodista, para el ejercicio de
la profesión, debe inscribirse en el consejo regional de periodismo de
la región donde resida. Las sanciones aplicables por infracciones disciplinarias
consisten en advertencia, multa, censura, suspensión del registro profesional
por hasta 30 días y revocación del registro.
La autoría del proyecto de ley corresponde a la Federación Nacional de
Periodistas (FENAJ) —una agrupación de sindicatos de periodistas— y el
proyecto fue revisado por el Ministerio del Trabajo y Empleo, que lo sometió
a consideración de la presidencia el 27 de mayo del 2004. Según el diario
oficial del gobierno federal, Diário Oficial da União, el presidente Lula
envió el proyecto de ley al Congreso el 4 de agosto del 2004.
En carta dirigida al presidente Lula donde expuso los motivos de la propuesta,
Ricardo Berzoini, Ministro del Trabajo y Empleo, sostuvo que la medida
cerraría una laguna legal y administrativa que permitía que la profesión
periodística no fuese regulada. Berzoini expresó que los consejos de periodismo
seguirían el modelo de otros consejos profesionales existentes como los
de contabilidad y medicina.
Berzoini expuso que el Decreto-Ley No. 972, emitido durante la dictadura
militar en 1969, requiere el registro previo con el Ministerio del Trabajo
y Empleo para ejercer la profesión de periodista. El ministro añadió
que la fiscalización de su ministerio en lo relativo al ejercicio
de la profesión se limitaba a la verificación de la existencia
del registro. «Así, en la actualidad, no hay ninguna institución
con competencia legal para normalizar, fiscalizar y sancionar las conductas
inadecuadas de los periodistas», indicó Berzoini.
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