Nueva York, 2 de febrero del 2005—El Comité
para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)
está sumamente preocupado por la imputación de la periodista
Patricia Poleo por los presuntos delitos de obtener y publicar ilícitamente
documentos reservados de un expediente judicial y violar la Ley
contra la Corrupción.
La Fiscalía General de la República anunció este
último lunes que encausaría a Poleo por publicar información
de carácter reservado sobre las investigaciones del asesinato del
fiscal Danilo Anderson, hecho ocurrido en noviembre del 2004. Recientemente
el gobierno inició una investigación sobre la filtración,
que se ha atribuido a miembros de los cuerpos policiales.
Actuando con una orden judicial, agentes de la policía y fiscales
allanaron el hogar de Poleo el 28 de enero, revisaron disquetes de computadora
y se llevaron fotocopias de documentos que según la Fiscalía
fueron filtrados. En una entrevista previa con el fiscal Alejandro Castillo,
Poleo había negado poseer documentos filtrados, según versiones
difundidas por la prensa local. Poleo ha declarado que el Ministerio Público
esconde información que puede perjudicar al gobierno, y ha dicho
que no revelará sus fuentes.
Poleo, conocida periodista que ha apoyado a la oposición, es columnista
y directora del diario de Caracas El Nuevo País, propiedad
de su padre, el también periodista Rafael Poleo. En diciembre del
2004 y enero del 2005, la periodista informó que documentos
del expediente judicial vinculaban a Anderson con una red de extorsión
a la que pertenecían varios abogados y fiscales.
Anderson era el fiscal encargado de investigar la presunta participación
de un grupo de empresarios, políticos y ex funcionarios gubernamentales
en el golpe de estado de abril del 2002 contra el presidente Hugo Chávez
Frías. Anderson murió víctima de un atentado con
explosivos cuando conducía su auto en Caracas el 18 de noviembre
del 2004, hecho catalogado de "terrorista" por funcionarios del gobierno.
La policía ha detenido a tres sospechosos de haber cometido el
asesinato, pero otros dos continúan prófugos de la justicia.
El Ministerio Público continúa la búsqueda de los
actores intelectuales del crimen de Anderson. En los días
siguientes al asesinato, algunos partidarios del gobierno reclamaron la
aprobación de legislación "antiterrorismo".
En diciembre del 2004 y enero del 2005, la prensa local recogió
las declaraciones de un concejal de Caracas que aseguró que la
policía había encontrado una cuantiosa suma de dinero al
registrar el apartamento de Anderson. El concejal, Carlos Herrera, sostuvo
que Anderson tenía vínculos con una red de extorsión
formada por abogados y fiscales que solicitaba dinero a cambio de detener
las investigaciones.
Por su parte, el Fiscal General Isaías Rodríguez ha afirmado
que en la investigación que adelanta la Fiscalía se manejan
tres hipótesis que apuntan hacia una represalia contra Anderson
por causa de su labor como fiscal. Rodríguez ha criticado a la
prensa por la atención dada a las acusaciones de extorsión
con la intención de favorecer a los acusados y posibles involucrados
en el asesinato de Anderson.
"Nos preocupa que se haya imputado selectivamente a Poleo", declaró
Ann Cooper, Directora Ejecutiva del CPJ. "Los periodistas no deben ser
castigados por informar sobre asuntos de interés público
como es el caso Anderson".
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