VENEZUELA: El CPJ condena intento de censurar a los medios
en caso de asesinato

Nueva York, 20 de enero del 2006—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) expresó hoy su alarma ante el intento de la Fiscalía General de Venezuela de impedir que los medios informen sobre el caso del asesinato del conocido fiscal Danilo Anderson.

El Fiscal General Isaías Rodríguez solicitó a un juzgado local que prohíba la difusión en los medios de comunicación del contenido de los expedientes referidos a las actuaciones procesales del caso Anderson. La prohibición abarca a algunos medios impresos y audiovisuales aunque la fiscalía no los nombró.

Rodríguez también pidió a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) la apertura de un procedimiento administrativo contra los medios que hayan revelado información del expediente Anderson, para determinar si violaron la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Esta ley contiene restricciones en términos vagos que limitan seriamente el derecho a la libertad de expresión. Por ejemplo, en virtud del Artículo 29 los prestadores de servicios de radio y televisión que difundan mensajes que "promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público" o "sean contrarios a la seguridad de la Nación" pueden ser suspendidos hasta por 72 horas.

"La decisión del fiscal general es un claro intento de censurar a los medios y negar el derecho de los venezolanos a permanecer informados en un caso de gran interés público", señaló la Directora Ejecutiva del CPJ Ann Cooper. "Instamos a las autoridades venezolanas a reconsiderar la decisión y permitir que los medios informen libremente".

Rodríguez también acusó a los medios de "intimidación de testigos y expertos, a los fines de inducirlos a que mientan, modifiquen sus testimonios o se abstengan de declarar". Agregó que algunos medios serán investigados por posible obstrucción de justicia, un delito que prevé una sanción de cárcel de seis meses a tres años. Rodríguez acusó a algunos medios de promover una campaña para desacreditar la investigación, aunque no dio nombres.

Anderson era el fiscal encargado de investigar la presunta participación de un grupo de empresarios, políticos y ex funcionarios gubernamentales en el golpe de estado de abril del 2002 contra el presidente Hugo Chávez Frías. Anderson murió víctima de un atentado con explosivos cuando conducía su auto en Caracas el 18 de noviembre del 2004, hecho catalogado de "terrorista" por funcionarios del gobierno.

En diciembre del 2004 y enero del 2005, la prensa local recogió las declaraciones de un concejal de Caracas que aseguró que la policía había encontrado una cuantiosa suma de dinero al registrar el apartamento de Anderson. El concejal, Carlos Herrera, sostuvo que Anderson tenía vínculos con una red de extorsión formada por abogados y fiscales que solicitaba dinero a cambio de detener las investigaciones.

Pero Rodríguez ha afirmado que en la investigación que adelanta la Fiscalía se manejan tres hipótesis que apuntan hacia una represalia contra Anderson por causa de su labor como fiscal. Rodríguez ha criticado a la prensa por la atención dada a las acusaciones de extorsión con la intención de favorecer a los acusados y posibles involucrados en el asesinato de Anderson.

Tres hombres han sido condenados de asesinar a Anderson pero los fiscales creen que hay otros involucrados en la autoría intelectual. En noviembre del 2005, las autoridades venezolanas ordenaron la detención de cuatro personas acusadas de planear el crimen, incluyendo a la periodista Patricia Poleo, conocida columnista y directora del diario de Caracas El Nuevo País, que ha apoyado a la oposición. Poleo pasó a la clandestinidad hace casi tres meses. El gobierno indicó que presentará evidencia durante el juicio y que su procesamiento no tiene relación con su trabajo periodístico.

A pesar de que Rodríguez negó que su intención sea imponer censura a los medios de comunicación, periodistas venezolanos y activistas por la libertad de prensa han afirmado que la decisión de la Fiscalía General contradice estándares internacionales de libertad de expresión.


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