24 de mayo del 2000

Jorge Madrazo Cuéllar
Procurador General de México
Ciudad de México
México

VIA FAX

Estimado Sr. Madrazo:

El Comité para Proteger a los Periodistas (CPJ) se encuentra preocupado por la acción penal en contra de Melitón García, reportero del diario de Monterrey El Norte, quien se encuentra acusado bajo la ley electoral federal de obtener una credencial electoral de manera fraudulenta. De ser hallado culpable, García podría ser encarcelado por hasta seis años.

Los cargos contra García se desprenden de un reportaje divulgado en dos partes por El Norte el 16 y 17 de mayo, en el que García informa de su propio intento por obtener una credencial de votante con un certificado de nacimiento falso. En el artículo, García describe cómo coyotes, o gestores extraoficiales que se congregan frente a oficinas gubernamentales, venden certificados de nacimiento falsos por 1.000 pesos (US$110). Según el artículo 247 del código penal mexicano, es ilegal obtener una credencial electoral falsa. Las autoridades del Instituto Federal Electoral, que remitieron el caso a un fiscal especial para delitos electorales, argumentan que García es acusado por sus acciones ilegales y no por su labor como periodista.

Aunque creemos que los periodistas, como todo ciudadano, deben respetar la ley, creemos que hay varias razones para cuestionar las acusaciones contra García, y le pedimos urgentemente que nos dé más información sobre el caso.

De acuerdo al código penal, es delito falsificar una credencial de votante si el acto se comete con malicia o dolo. La ley reza: "Para que el delito de falsificación de documentos sea sanciable como tal, se necesita que ... el falsario se proponga sacar algún provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero ...").

Claramente, las acciones de García no estuvieron motivadas por malicia sino por la obligación de informar al público sobre posibles fallas en el sistema de registro electoral. Debido a que la intención de García no era cometer fraude electoral sino precisamente evitarlo, creemos que el no violó la ley. En su reportaje, García pudo demostrar que a pesar de las medidas tomadas por las autoridades, sigue siendo relativamente fácil obtener una cédula electoral falsa. Esta información es sumamente importante dada la historia de fraude electoral en México.

Es responsabilidad de los periodistas vigilar a las autoridades públicas e investigar cualquier posibilidad de abusos, problemas o fallas. Creemos que García cumplía con este objetivo a su mejor capacidad y sin intención criminal. Según el estatuto mismo, no hay delito si no hay intención de delinquir. Por tal razón le instamos a abstenerse de procesar este caso y a descartar las acusaciones contra García.

Gracias por su consideración y aguardamos su respuesta.

Atentamente,


Joel Simon
Director Asociado