21 julio 2000
Su Excelencia Mireya Moscoso
Presidenta de Panamá
Palacio Presidencial
Panamá
VIA FAX: 011-507-227-0073
Su Excelencia,
El Comité para la Protección
de los Periodistas (CPJ) está
preocupado por la falta de progreso en las reformas a
las "leyes mordaza" de Panamá.
Dos casos recientes en los cuales periodistas
panameños fueron sentenciados a
prisión por supuestamente difamar
funcionarios públicos muestran la urgencia
de abolir esos estatutos injustos sin demora.
El 14 de julio, la jueza Zaida
Cárdenas, de la Décimo Juzgado
Penal, emitió una sentencia de
prisión de 18 meses contra el periodista
Jean Marcel Chéry, actualmente trabajando
para el diario El Panamá
América. Chéry fue encontrado
culpable de calumnia por un artículo de
1996, publicado en El Siglo, en el cual
reportó que personal de una agencia
policial había sido acusado de robar joyas
durante un allanamiento. Chéry planea
apelar la sentencia ante la Segundo Tribunal Superior
de Justicia, de acuerdo a su abogado.
El 22 de junio, Carlos Singares, el actual
director de El Siglo, fue sentenciado a ocho
días de arresto por reportar acusaciones
de que el Procurador General José Antonio
Sossa frecuentaba un burdel que empleaba a
prostitutas menores de edad.
El mismo día que el artículo
fue publicado, Sossa acusó a Singares de
"difamación e irrespeto" bajo el
artículo 386, párrafo 1, del
Código Judicial, que concede al Procurador
General la potestad de encarcelar sumariamente por
ocho días a quien lo ofenda. Las personas
con cargos bajo este artículo no tienen
derecho a defenderse a sí mismos.
Aunque el CPJ cree que los periodistas son
responsables de lo que publican, opinamos que las
leyes civiles de difamación ofrecen
adecuado remedio a quienes se sientan ofendidos
injustamente. Ningún periodista debe ser
encarcelado por lo que escribe. Es más, el
punto de vista del CPJ es que la democracia sale
perjudicada cuando un funcionario público
tiene derecho a más protección
que un ciudadano ordinario.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) ha fallado que las "leyes de
desacato" violan los más
fundamentales principios del sistema
democrático, que sujeta al gobierno al
escrutinio de los ciudadanos para que los abusos de
poder sean prevenidos o controlados." La CIDH ha
instado a todos los países a trabajar para
eliminar esas leyes.
Las leyes mordaza de Panamá incluyen un
número de artículos, leyes y
decretos, muchos promulgados durante los gobiernos
militares, que no solamente penan criminalmente las
críticas a funcionarios
públicos, sino que también
permiten la censura previa. Su Excelencia ha
declarado publicamente que tales leyes "no
tienen ninguna justificación posible"
en la sociedad panameña.
Junto con los periodistas panameños y
nuestros colegas en la comunidad de activistas de la
libertad de prensa internacional, el CPJ se
alegró cuando Usted aprobó una
ley eliminando algunas de las leyes mordaza
más onerosas.
La Ley 55, que Su Excelencia firmó el
20 de diciembre de 1999, también
estipulaba que el Ministerio de Gobierno y Justicia
debía presentar dentro de un plazo de 180
días una ley que llevara las leyes de
prensa panameñas a los
estándares de las leyes internacionales.
El Ministerio no ha cumplido con esto. El 25 de
mayo, la Comisión de Transporte y
Comunicaciones de la Asamblea Legislativa
aprobó un proyecto de ley que en realidad
endurece las leyes existentes contra la calumnia e
injuria. Luego de protestas de la prensa
panameña, la ley fue retirada el 28 de
junio. Se espera que llegue a la Asamblea nuevamente
en septiembre.
El CPJ espera que el comité legislativo
consulte con una amplia gama de periodistas y
activistas antes de enviar el proyecto de ley
revisado a debate parlamentario.
Aprovechamos la oportunidad para ofrecer nuestros
servicios, si el comité desea recibir
nuestra opinión sobre cómo
equiparar las leyes de prensa panameñas a
nivel de las normas internacionales.
El CPJ se alegró de saber que luego de
un reciente encuentro con Santiago A. Canton, Relator
Especial para la Libertad de Expresión de
la Organización de Estados Americanos, el
gobierno de Su Excelencia se comprometió a
promover la libertad de expresión tal como
está garantizada en la
Convención Americana de Derechos Humanos y
en particular, a derogar las "leyes de
desacato" del país. Confiamos en que
su gobierno implementará este laudable
programa sin más dilación.
Agradecemos su atención a estos
importantes asuntos y recibiremos cualquier
comentario que pueda hacer.
Sinceramente,
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Ann K. Cooper
Directora Ejecutiva
