18 de octubre de 2001
Lic. Francisco Ramírez Acuña
Gobernador del Estado de Jalisco
Guadalajara, México
Por fax: 011-52-3-668-1857
Estimado Lic. Ramírez Acuña:
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ,
por sus siglas en inglés) se encuentra sumamente preocupado
por la investigación del asesinato del periodista estadounidense
Philip True, ocurrido en 1998, y el proceso contra los dos sospechosos
acusados de este crimen.
El 3 de agosto, el juez municipal de Colotlán, José
Luis Reyes Contreras, exoneró a Juan Chivarra de la Cruz y
a su cuñado Miguel Hernández de la Cruz, quienes habían
sido acusados de asesinar a True. La Procuraduría General de
Justicia del Estado de Jalisco apeló la exoneración
en una audiencia de vistas celebrada el 25 de septiembre ante tres
magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Se espera
que estos emitan un fallo sobre la apelación pronto.
Cuando comenzó la investigación de la muerte de True,
el CPJ instó a las autoridades mexicanas a realizar una investigación
y un proceso ejemplares para que no quedara ninguna duda acerca de
la culpabilidad o inocencia de los acusados. Para asegurar que no
se cuestionara la imparcialidad de la investigación, también
insistimos en que debía ser lo más abierta posible.
Tristemente, tanto la investigación como el proceso han estado
plagados de errores.
Tenemos la confianza de que aún puede impartirse justicia.
Si bien estamos del todo conscientes de la separación de poderes
en México y entendemos que la rama judicial actúa de
manera independiente, lo instamos a que utilice su autoridad como
gobernador para asegurar que: 1) la procuraduría obtenga el
apoyo pleno que necesita para presentar su caso enérgicamente;
2) que los acusados tengan a su entera disposición las garantías
legales que la ley mexicana les concede; y 3) que el proceso legal
mismo sea imparcial, transparente y público.
Aunque los hechos de este caso son bien conocidos, un repaso de los
acontecimientos legales ocurridos en los últimos tres años
demuestra claramente por qué creemos que hasta ahora no se
ha impartido justicia.
True, de 50 años de edad, era el corresponsal del San Antonio
Express-News en Ciudad de México. El 28 de noviembre de
1998, True partió en un viaje de 10 días para escribir
sobre los huicholes, una población indígena que vive
en un área montañosa que se extiende por los estados
de Nayarit, Jalisco y Durango.
El periodista fue visto con vida por última vez el 4 de diciembre
en el poblado de Salmotita. El 16 de diciembre, luego de una intensa
búsqueda por parte del ejército mexicano, el cuerpo
de True fue encontrado en una fosa de poca profundidad, parcialmente
cubierta con piedras, al fondo de un barranco. No le habían
quitado ni su anillo de matrimonio ni su reloj, lo que descartaba
el robo como posible móvil.
El 26 de diciembre de 1998, las autoridades arrestaron a Chivarra
y a Hernández, ambos huicholes, quienes confesaron haber asesinado
a True porque había tomado fotografías sin su permiso.
Algunas pertenencias del periodista como su cámara, sus binoculares
y su mochila fueron halladas en los hogares de los sospechosos.
Cuando los dos hombres fueron llevados a juicio, admitieron haber
asesinado a True pero adujeron que habían actuado en defensa
propia. También sostuvieron que su confesión había
sido extraída bajo tortura; el Procurador General de Justicia
de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, ha negado esta
afirmación en repetidas ocasiones.
Varios aspectos de la investigación y del proceso causan gran
preocupación:
Las acusaciones de tortura exigían una investigación
seria por parte de las autoridades mexicanas. Chivarra y Hernández
manifestaron que sus confesiones habían sido extraídas
bajo tortura, acusaciones que exigían una investigación
seria. Sin embargo, nunca se ha realizado tal investigación.
Si bien no se ha presentado ninguna prueba convincente que demuestre
que Chivarra y Hernández en verdad fueron torturados, las autoridades
del estado de Jalisco, quienes niegan lo afirmado por los sospechosos,
no han hecho lo suficiente para enfrentarse a la acusaciones.
Para proteger los derechos de los sospechosos de haber cometido un
delito, se deben acatar de modo estricto las disposiciones sobre la
detención previa al juicio y el acceso a un abogado. Los vicios
en el debido proceso no solo les niegan sus derechos a los sospechosos,
sino que también debilitan la capacidad de la procuraduría
de presentar un caso sólido al cuestionar la validez de la
evidencia obtenida de los sospechosos.
Las autoridades mexicanas han emitido tres informes forenses
distintos —y contradictorios—, lo que sólo ha enturbiado la
investigación y el juicio. El primero, basado en una
autopsia realizada por médicos forenses del estado de Jalisco,
llegó a la conclusión de que True había sido
estrangulado con su propio pañuelo y había sufrido una
lesión en la cabeza que no se podía atribuir a una caída.
El segundo informe, basado en una autopsia hecha por la Procuraduría
General de la República dos días después, arrojó
como resultado que True había muerto a causa de golpes en la
cabeza y de un edema (acumulación de líquido en los
pulmones), probablemente tras tener una caída accidental causada
por un estado de ebriedad.
Todavía sigue sin quedar claro por qué las autoridades
federales ordenaron una segunda autopsia. El cuerpo de True, ya en
estado de descomposición, fue prácticamente desmembrado
en la primera autopsia, lo que dificultaba la posibilidad de llegar
a conclusiones precisas en una segunda autopsia, en el mejor de los
casos. Si la primera autopsia tenía errores, la defensa debía
objetarla en el juicio. En lugar de eso, el arbitrario requisito de
una segunda autopsia dejó todo el proceso abierto a las dudas.
En marzo de 2000, el tercer informe forense, requerido por la ley
mexicana cuando dos autopsias rinden resultados diferentes, dictaminó
que la muerte de True fue causada por un edema pulmonar resultado
de una lesión a la cabeza. Esta conclusión se basó
solamente en el análisis que el forense hizo de las dos primeras
autopsias, y en ningún momento el forense vio el cuerpo de
True.
Según declaraciones del juez Reyes Contreras recogidas en la
prensa, su decisión de liberar a los sospechosos se basó
en el informe de la segunda autopsia, que llegó a la conclusión
de que la muerte de True había sido un accidente. Sin embargo,
el fallo del juez Reyes Contreras no toma en consideración
ni que las pertenencias de True aparecieron en los hogares de los
dos sospechosos ni que su cuerpo fue escondido en una fosa cerca del
lugar donde murió.
La procuraduría, en el mejor de los casos, no ha tenido
mucho cuidado a la hora de recabar pruebas. Al revisar la
documentación del caso, no encontramos ninguna indicación
de que se trató de presentar pruebas físicas, tales
como huellas digitales o fragmentos de cabellos de las pertenencias
de True, en el proceso.
Además, una vez que la procuraduría obtuvo las confesiones
de los sospechosos, los investigadores descuidaron el análisis
de pruebas adicionales. En 1999, por ejemplo, un reportero de Newsweek
encontró un cuadernillo perteneciente a True en un almacén
donde se guardaban pruebas. En una de las anotaciones, True describió
un encuentro con un huichol llamado Juan, una posible referencia a
Chivarra.
Un resultado justo en todo juicio requiere que las autoridades realicen
una investigación minuciosa y un procesamiento enérgico;
que los sospechosos tengan todas las oportunidades de armar una defensa
sólida; y que el proceso sea transparente e imparcial. Estos
requisitos básicos aún no se han cumplido en el caso
True. El que por lo menos tres procuradores y tres jueces hayan manejado
un caso tan complejo sólo ha ensombrecido el proceso.
Pese a todo, creemos que el proceso de apelación de México
ofrece un mecanismo por el cual dichas discrepancias pueden ser abordadas.
Es urgente, por lo tanto, que usted haga todo lo que esté en
su poder para asegurar que de aquí en adelante el proceso sea
transparente, abierto e imparcial.
Gracias por su atención para con estos asuntos urgentes. Esperamos
su respuesta.
Sinceramente,

Ann K. Cooper
Directora Ejecutiva
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