22 de mayo de 2001
Presidente Vicente Fox Quesada
Presidente de México
Los Pinos
Ciudad de México, México
POR FAX: 011-52-5-516-5762
Su Excelencia:
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ),
una organización no partidista dedicada a la defensa de la
libertad de prensa en todo el mundo, le escribe para protestar por
los cargos penales por difamación presentados contra Carolina
Pavón, una reportera del diario de Ciudad de México
REFORMA, y Alejandro Junco de la Vega, presidente y propietario
del diario.
La ex alcaldesa de Ciudad de México Rosario Robles Berlanga
interpuso la acusación en relación con un reportaje
de primera plana del 12 de abril en que Pavón informó
sobre declaraciones oficiales de que había un faltante presupuestario
ascendente a casi el 10 por ciento del presupuesto de su gobierno
para el 2000.
Las declaraciones fueron formuladas originalmente en un informe
de la Contraloría General del Distrito Federal, según
el cual no se había aclarado el destino de casi 6000 millones
de pesos mexicanos (650 millones de dólares estadounidenses)
del presupuesto del año pasado.
Robles no rechaza las afirmaciones, pero afirma que ella no tenía
conocimiento de la presunta irregularidad y que por lo tanto no
se le debe considerar responsable.
El 16 de abril, Robles, quien fue alcaldesa de Ciudad de México
hasta diciembre del 2000, presentó una denuncia penal por
difamación contra Pavón y Junco de la Vega ante el
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz.
El gerente legal corporativo de REFORMA, Eugenio Herrera
Terrazas, dijo al CPJ que la demanda se fundamenta en el Artículo
350 del Código Penal del Distrito Federal. De ser hallados
culpables, Pavón y Junco de la Vega podrían ser sancionados
con hasta dos años de privación de libertad.
Consideramos inaceptable que Robles convierta en una demanda penal
sus objeciones a un informe basado en los hechos sobre un tema de
evidente interés público. El CPJ tiene la convicción
de que ningún periodista debe ser encarcelado por su trabajo.
El Artículo 6 de la Constitución garantiza la libertad
de prensa a todos los mexicanos; en nuestra opinión, las
leyes de difamación criminal de México violan este
derecho fundamental.
Es particularmente importante que la difamación no sea considerada
un delito en casos que involucren a funcionarios gubernamentales,
quienes deben estar sujetos al escrutinio y la crítica de
los ciudadanos a quienes sirven. La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos
comparte esta opinión. En su Declaración de Principios
sobre Libertad de Expresión, la comisión afirma que
«La protección a la reputación debe estar garantizada
sólo a través de sanciones civiles, en los casos en
que la persona ofendida sea un funcionario público o persona
pública o particular que se haya involucrado voluntariamente
en asuntos de interés público».
Exhortamos a Su Excelencia a tomar todas las medidas legales a su
alcance para garantizar que se desestimen los cargos contra Carolina
Pavón y Alejandro Junco de la Vega, y que en el futuro, ningún
periodista mexicano tenga razones para temer ser encausado penalmente
por cumplir con su trabajo.
Sinceramente,
Ann K. Cooper
Directora Ejecutiva
