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7 de agosto de 2001
John Ashcroft
Fiscal General
Departamento de Justicia
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530
Por fax: 202-307-6777
Estimado Sr. Ashcroft:
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)
es una organización sin afiliación política y
sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender
la libertad de prensa en todas partes del mundo. Nos preocupa seriamente
la prolongada detención de la periodista Vanessa Leggett por
la comisión del delito de desacato al tribunal. Para nosotros,
la encarcelación de Leggett es una grave violación de
la libertad de prensa.
Como política y estrategia, el CPJ concentra sus esfuerzos
en países donde los periodistas más necesitan el apoyo
y la protección internacionales. Como resultado de ello, no
damos seguimiento sistemático a las violaciones de la libertad
de prensa en los Estados Unidos. El CPJ sólo admite un caso
estadounidense cuando se trata de una violación seria de la
libertad de prensa, que pueda tener grandes repercusiones tanto para
los periodistas nacionales como en el extranjero. La injusta encarcelación
de Laggett es uno de estos casos.
El CPJ cree que ningún periodista debe ser privado de su libertad
por su trabajo, una noción que ha ganado una creciente aceptación
mundial en los últimos años. Hoy en día, los
países sienten una intensa presión internacional cuando
arrestan a periodistas. Este estigma ha ayudado mucho a reducir el
número de periodistas encarcelados en todas partes del mundo,
de la elevada cifra de 185 en 1996 a 81 a finales del 2000, la más
baja jamás registrada por el CPJ.
En todo el hemisferio occidental, desde Canadá hasta Chile,
sólo tres periodistas se encuentran encarcelados por su trabajo,
según las investigaciones del CPJ: José Orlando González
Bridón y Bernardo Arévalo Padrón en Cuba, y Vanessa
Leggett en los Estados Unidos.
Leggett, de 33 años de edad, es una periodista independiente
que en estos momentos escribe un libro sobre el asesinato en 1997
de Doris Angleton, quien frecuentaba las reuniones de sociedad de
Houston. La periodista encara hasta 18 meses de prisión por
negarse a entregar ciertos materiales de investigación a un
jurado de acusación federal. Estos materiales incluyen grabaciones
de una entrevista que le hizo a Roger Angleton, cuñado de la
víctima y sospechoso de cometer el asesinato, poco antes de
que él se suicidara.
A Leggett se le ordenó entregar sus materiales de investigación
a un jurado de acusación federal, pero se negó a cumplir
la orden. En una audiencia a puertas cerradas celebrada el 19 de julio,
la jueza de distrito de los EEUU Melinda Harmon encontró a
Leggett culpable de desacato al tribunal y le dio un día de
gracia para entregarse a las autoridades. Leggett se entregó
el 20 de julio.
El abogado de Leggett, Mike DeGeurin, introdujo una apelación
ante el Tribunal de Apelaciones de los EEUU para el Quinto Circuito
en la que pedía que se concediera fianza de inmediato y que
se diera curso a la apelación de una manera acelerada. El tribunal
se negó a otorgar fianza pero accedió a una audiencia
de apelación acelerada. Se espera una decisión en menos
de un mes. Leggett podría seguir encarcelada durante todo el
período de la investigación del jurado de acusación
o por 18 meses, según lo que concluya primero.
Desde la era Watergate, los fiscales han necesitado la autorización
del Fiscal General antes de ordenar a un periodista que revele sus
fuentes. La última encarcelación de periodistas ordenada
por la instancia federal fue en 1991, cuando cuatro periodistas fueron
detenidos brevemente por negarse a testificar en un caso de corrupción.
El Departamento de Justicia ha insinuado que debido a que Leggett
es una autora inédita, no se le puede considerar una periodista
legítima y por lo tanto no goza del derecho de proteger sus
fuentes. Sin embargo, las pruebas indican con claridad que Leggett
estaba investigando una noticia para su difusión al público.
El CPJ apoya plenamente el recurso amici curiae introducido
ante el tribunal de apelaciones el 30 de julio por parte del Reporters
Committee for Freedom of the Press (Comité de Reporteros para
la Libertad de Expresión), la American Society of Newspaper
Editors (Sociedad Estadounidense de Editores de Periódicos),
la Radio-Television News Directors Association (Asociación
de Directores de Noticieros de Radio y Televisión) y la Society
of Professional Journalists (Sociedad de Periodistas Profesionales).
El recurso pide que se revoque el fallo de desacato en contra de Leggett.
Alegando que el efecto de este caso es «real e inmediato», el recurso
afirma: «los periodistas razonables sentirán temor de que el
empleo de órdenes similares permita que los fiscales y litigantes
civiles utilicen a los periodistas como investigadores privados, y
con ello limiten el libre flujo de la información al público».
La prolongada encarcelación de Leggett —ya lleva presa más
de dos semanas— le envía un mensaje poco tranquilizador a los
periodistas de Estados Unidos y el extranjero. Creemos que existen
menos periodistas encarcelados en el mundo hoy en día debido
al oprobio que acompaña a los gobiernos que utilizan la cárcel
o que amenazan con penas de cárcel para suprimir reportajes
críticos. Al detener a Vanessa Leggett, el gobierno estadounidense
está en la práctica reduciendo el estigma asociado con
el encarcelamiento de los periodistas. Esto envía precisamente
la señal equivocada a los regímenes autoritarios, los
cuales ahora pueden mostrar aún menos voluntad para dejar de
utilizar el poder del estado con el fin de restringir la libertad
de prensa.
El CPJ le insta a que haga todo lo que esté en sus manos para
asegurar que Leggett sea puesta en libertad inmediatamente.
Sinceramente,
Ann K. Cooper
Directora Ejecutiva
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