Su Excelencia:
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ,
por sus siglas en inglés) condena la agresión policial
del 31 de agosto último contra periodistas guatemaltecos que
cubrían el desalojo de campesinos de una finca en el sureño
departamento de Retalhuleu. El operativo policial culminó con
un saldo de varios muertos y decenas de heridos.
La policía guatemalteca agredió y amenazó a por
lo menos ocho periodistas que informaban sobre el desalojo, que involucró
a cientos de campesinos que habían ocupado la finca de Nueva
Linda, según informaciones divulgadas por los medios locales.
La agresión tuvo lugar después de que varios periodistas
presenciaran la muerte de campesinos a manos de la policía, de
acuerdo con las informaciones recibidas. La policía también
les arrebató las cámaras fotográficas y de filmación.
Cuando varios periodistas intentaron recuperar el equipo, oficiales
de la policía los amenazaron, realizaron disparos al aire y les
lanzaron granadas lacrimógenas.
Entre los periodistas agredidos se encuentran el reportero Mario Morales,
el fotógrafo William Meoño y el asistente Marvin Guillén,
quienes trabajan para el periódico capitalino Nuestro Diario;
Edward Morales, camarógrafo del canal Guatevisión;
Fredy Rodas, corresponsal del diario de Ciudad de Guatemala Prensa
Libre; Mynor Toj y Luis Romero, reportero y camarógrafo,
respectivamente, del canal regional Cable DX; y Gerardo Montenegro,
fotógrafo independiente. Tanto Edward Morales como Rodas declararon
al CPJ que todos los comunicadores llevaban credenciales de prensa y
chalecos. Los periodistas aún no han recuperado los equipos,
incluyendo los casetes con las imágenes que grabaron de la muerte
de los campesinos.
Como Su Excelencia sabe, de conformidad con el Artículo 35 de
la Constitución Política guatemalteca el gobierno tiene
la obligación de garantizar el derecho de la sociedad a la libertad
de expresión y a la información. En este caso, la respuesta
policial no tuvo como propósito mantener el orden público,
sino suprimir una cobertura informativa que puso al descubierto las
acciones de los oficiales de la policía.
Como organización sin fines de lucro que se dedica a defender
la libertad de prensa en todo el mundo, instamos a su gobierno a realizar
una investigación rápida y exhaustiva de la agresión
y a someter a la justicia a los autores. Esta es una buena oportunidad
para que la Fiscalía Especial de delitos contra periodistas y
sindicalistas demuestre su compromiso de investigar tales agresiones.
Exhortamos a su gobierno a asegurar que los agentes del orden público
no interfieran con la cobertura informativa y solicitamos que a los
periodistas que pidan protección policial se les proporcione
la seguridad adecuada.
Estas acciones policiales han tenido un efecto intimidatorio sobre todos
los periodistas guatemaltecos. Respetuosamente le solicitamos que se
investigue este asunto y quedamos a la espera de su respuesta.
Sinceramente,
Ann K. Cooper
Directora Ejecutiva
