Estimado Sr. De León:
Por la presente el Comité para la Protección de los Periodistas
(CPJ, por sus siglas en inglés), una organización sin
fines de lucro radicada en Nueva York que se dedica a defender la libertad
de prensa en todo el mundo, manifiesta su inquietud por la supuesta
participación de agentes estatales en un ataque contra José
Rubén Zamora, presidente del consejo editorial del diario elPeriódico,
en junio del 2003. Lo instamos a asegurarse de que tales acusaciones
sean investigadas a fondo y a enjuiciar a los responsables.
El 20 de enero, elPeriódico publicó un informe
especial con los resultados de una investigación privada conducida
por Zamora alegando que dos ex integrantes del Estado Mayor Presidencial
(EMP), una oficial de inteligencia, y un empleado de la Fiscalía
General figuraban entre el grupo de hombres armados que atacó
a Zamora y su familia en junio del 2003.
El 24 de junio del 2003, 11 hombres y una mujer fuertemente armados
retuvieron a Zamora y su familia por dos horas. Los asaltantes, que
se identificaron como agentes del Ministerio Público, irrumpieron
en su casa, en Ciudad de Guatemala, y lo retuvieron junto con su familia
y empleadas domésticas por dos horas. Los atacantes le apuntaron
a Zamora en la cabeza con una pistola, lo llevaron a otra habitación
y le dijeron que iban a ejecutarlo. Luego, tras hacerle varias preguntas,
llevaron a Zamora con las manos amarradas y los ojos vendados al cuarto
donde se encontraba su familia. El hijo menor de Zamora, de 12 años
de edad, recibió un golpe en las costillas; y el hijo mayor,
de 24 años, fue golpeado en la cabeza al querer defender a su
hermano.
Antes de irse, los hombres se llevaron las tarjetas de crédito
de Zamora y tres armas de colección. Los atacantes le dijeron
a Zamora que conocían la rutina de su familia y que los iban
a matar si él denunciaba el hecho. Uno de los atacantes le dijo
a Zamora que «molestaba mucho», que le debía 200 mil quetzales
(25 mil dólares estadounidenses) por haber evitado que los demás
hombres del grupo le hicieran daño a su familia, y que no sabía
cuál era el problema que Zamora tenía con «la gente de
arriba».
Poco después del ataque, Zamora manifestó al CPJ que un
grupo clandestino con nexos con el Estado podía haber sido el
responsable de la agresión. La falta de resultados en la investigación
del gobierno obligó a Zamora a lanzar una pesquisa privada, cuyos
resultados fueron publicados en elPeriódico. El informe
sobre la investigación afirma que Edujives Funes Velásquez
y Belter Armando Álvarez Castillo, ex integrantes del EMP; Iris
Edith Soto López, oficial de contrainteligencia; y Erick Johnston
Barrera, empleado de su oficina descrito por Zamora como cercano a usted,
presuntamente integraron el grupo armado que atacó al periodista
y su familia.
El informe del diario fue el resultado de investigaciones de periodistas
del plantel de elPeriódico, de un investigador privado
extranjero contratado para la ocasión, y de un oficial militar
nombrado por el entonces presidente Alfonso Portillo para investigar
el caso. Con la excepción de Johnston Barrera, que negó
su participación en el ataque en una carta enviada al diario
Prensa Libre, los otros agentes estatales nunca negaron públicamente
la acusación, y los intentos del diario por comunicarse con ellos
antes de publicar el informe resultaron infructuosos.
Luego de una visita de cinco días a Guatemala en octubre del
2003, el CPJ instó al gobierno guatemalteco a investigar la actuación
de grupos clandestinos armados, desmantelar las actividades de estos
grupos y a poner fin a la impunidad que rodea a las amenazas y actos
intimidatorios contra periodistas.
Estamos conscientes de que su oficina ha creado una comisión
especial para investigar las acusaciones del diario, que son particularmente
perturbadoras teniendo en cuenta que agentes del estado pudieran estar
vinculados en el ataque contra Zamora. Por consiguiente, lo instamos
a realizar una exhaustiva y pronta investigación y a enjuiciar
a los responsables.
Sinceramente,
Ann Cooper
Directora Ejecutiva
