“La periodista chilena Alejandra Matus pasó seis años investigando casos judiciales en su país antes de escribir “El libro negro de la justicia chilena”. Sin embargo, el libro, una cr’tica al sistema judicial chileno, estuvo menos de dos días a la venta, pues el 14 de abril la polic’a confiscó todos los volúmenes bajo órdenes de un juez de apelaciones de Santiago. Ese mismo día, Matus tuvo que huir a Argentina para evitar ser arrestada por violar la Ley de Seguridad del Estado.
Matus lamenta lo sucedido, pero no fue algo inesperado. En la introducción de su libro–ahora accesible a los chilenos sólo por Internet–la periodista describe los riesgos que ella y la casa editora Planeta corr’an “por el sólo acto de difundir hechos que, aunque fundamentados y comprobados, van a resultar incómodos para sus protagonistas”.
Entre las personas molestas por el libro figura Servando Jordán, un juez de la Corte Suprema que por poco eludió ser destituido en 1997 bajo acusaciones de corrupción. Jordán replicó introduciendo una demanda por violación de la Ley de Seguridad Estatal, la cual establece como delito insultar a funcionarios públicos. La Corte de Apelaciones de Santiago dio curso a la demanda, según Matus, “con una velocidad impresionante”.
No es la primera vez que Jordán se ha sentido aludido por denuncias y ha buscado silenciarlas mediante la Ley de Seguridad del Estado, que fue promulgada en 1958. En enero de 1998, inició un proceso contra José Ale y Fernando Paulsen, reportero y entonces director del diario de Santiago La Tercera, respectivamente. Las acusaciones se basaban en un artículo de Ale que analizaba la labor de Jordán en sus dos años como presidente de la Corte Suprema. Ale escribió que en ese período el prestigio de la justicia chilena bajó a uno de sus niveles más bajos en la historia.” En septiembre, los periodistas fueron detenidos en las oficinas del diario y encarcelados por una noche hasta que fueron dejados en libertad bajo fianza. Fueron encausados en enero.
Jordán también recurrió a la Ley de Seguridad del Estado cuando Paula Coddou, reportera de la revista Cosas, publicó un artículo con el periodista de televisión Rafael Gumucio, quien calificó a Jordán de “viejo con un pasado obscuro”. Tras la denuncia inicial en enero de 1998, los periodistas fueron encarcelados por una noche. Luego Jordán retiró sus acusaciones.
El caso de Matus ha suscitado una enorme ola de protestas por parte de todos los sectores de la vida chilena. Un grupo de legisladores se presentó en el Palacio de los Tribunales de Justicia con una gran tijera de cartón como alusi–n al cercenamiento de información. La Cámara de Diputados le ha exhortado al presidente Eduardo Frei dar la máxima prioridad a reformar el marco legal de la libertad de expresión en Chile.
La Ley de Seguridad del Estado va en contra de la propia Constitución chilena, cuyo Art’culo 19 (12) garantiza la libertad de expresar opiniones y de informar, y prohibe la censura previa. La ley además va en contra del Artículo 13 de la Convenci–n Americana de los Derechos Humanos, que ha sido ratificada por Chile.
En el caso Martorell v. Chile, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos determinó que la decisión de la Corte Suprema de Chile de 1993 de prohibir el libro “Inmunidad diplom‡tica”, de Francisco Martorell, constitu’a una censura injustificada.
Como parte de la resoluci–n de Verbitsky v. Argentina, la comisión determinó que las leyes que prohíben criticar a un gobierno van contra “el principio fundamental de un sistema democrático que hace al gobierno objeto de controles, entre ellos, el escrutinio público de la ciudan’a, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo”. La comisión sostuvo que declaraciones críticas e incluso ofensivas son inevitables en un sistema de genuino debate público. Atacar a ese sistema mediante una ley es despojar a la libertad de expresión de su elemento más básico.
En la introducción a su libro, Matus recuerda “las dificultades que tuve muchas veces que enfrentar, ideando todo tipo de eufemismos y rodeos ling&uulm; ísticos para esquivar los rigores de la Ley de Seguridad del Estado”. Al referirse a la denuncia formulada en su contra, sostiene que “Esto podría terminar siendo algo sumamente positivo para la libertad de expresión, a pesar de lo difícil de la situación ahora”. Si la Ley de Seguridad del Estado es reformada a consecuencia del debate generado por su libro, bien podría estar en lo cierto.