Nueva York, 11 de septiembre de 2009—Unos 200 inspectores de impuestos allanaron el miércoles las oficinas de Clarín, el diario argentino de mayor circulación, luego de publicar un artículo que reveló el pago de un subsidio agrario irregular de un organismo gubernamental, informó la prensa local. La acción, descrita por Clarín como acoso del gobierno, ha intensificado un áspero debate entre el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el principal grupo de medios de Argentina sobre una propuesta para reformar la ley que regula el espacio radioeléctrico.
Los inspectores de la agencia recaudadora de impuestos (AFIP) irrumpieron en las oficinas de Clarín en Buenos Aires durante las primeras horas de la tarde, informó la prensa. Mientras los agentes recababan documentación, el director de la AFIP, Ricardo Echegaray, se comunicó por teléfono con el secretario general de redacción de Clarín, Ricardo Kirschbaum, para informarle que él no había ordenado el procedimiento y que se atribuía a un error de procedimiento, según indicó el diario.
Echegaray envió luego una carta a Clarín pidiendo disculpas por el operativo y anunciando que ordenó la apertura de un sumario administrativo, señaló la prensa. Clarín informó que dos directores regionales de la AFIP habían sido despedidos el miércoles. Pero el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, insistió hoy durante una entrevista radial que no había sido un acto de intimidación.
“Las autoridades argentinas deben llegar al fondo de esta cuestión y encontrar al responsable”, afirmó el coordinador senior del programa de las Américas, Carlos Lauría. “La Presidenta Kirchner debe desmentir en forma pública que existan esfuerzos del gobierno por intimidar a la prensa crítica o a quienes se oponen al proyecto de ley de medios audiovisuales”.
El allanamiento se registró horas después de la publicación en Clarín de un artículo de tapa sobre el supuesto otorgamiento de un subsidio de 10 millones de pesos (2,6 millones de dólares estadounidenses) por parte de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) a una firma agropecuaria, sin la autorización debida.
Clarín describió la inspección como “una escalada de hechos agresivos e intimidantes” en el marco de la discusión sobre la ley de medios apoyada por Kirchner. En agosto, las oficinas del diario en Rosario fueron víctimas de vandalismo. El mismo mes, afiches y graffiti atacando a Clarín y a sus ejecutivos aparecieron en distintos lugares de Buenos Aires.
El 27 de agosto, la Presidenta Kirchner presentó ante el Congreso la ley de medios audiovisuales que, según el gobierno, democratizará el espacio radioeléctrico. Entre otras cosas, el proyecto plantea la división del espacio radioeléctrico en tres partes: un tercio de las licencias serían otorgadas a empresas privadas; un tercio a medios del estado; y el tercio restante a organizaciones sin fines de lucro. El proyecto también limita el número de licencias que puede tener una empresa, y reclama una cierta cantidad de espacio para programación nacional.
Muchos periodistas y activistas por la libertad de prensa en Argentina reconocen la necesidad de modificar las regulaciones de radiodifusión promulgadas en 1980, durante la dictadura militar, pero han planteado preocupaciones sobre este proyecto de ley.
Un análisis del CPJ encontró cláusulas en el proyecto que podrían restringir la libertad de expresión, en particular un artículo que le otorga al Poder Ejecutivo la autoridad para designar a la mayoría de los miembros del nuevo ente regulador. “El ente regulador debe ser autónomo e independiente para asegurar que las frecuencias del espacio radioeléctrico no sean objeto de interferencias políticas”, indicó Lauría. “El allanamiento de esta semana aumenta nuestras preocupaciones sobre eventuales intimidaciones y presiones del gobierno”.
Periodistas locales han manifestado su inquietud ante el hecho que la administración esté presionando la aprobación de la ley antes de que el nuevo Congreso tome posesión el 10 de diciembre. El oficialismo tiene actualmente mayoría en ambas cámaras, una posición que perderá en tanto asuma el nuevo congreso. “Instamos a las autoridades a posponer el debate sobre la ley hasta que asuman las nuevas autoridades legislativas el 10 de diciembre. Esto promoverá una discusión más pluralista y diversa”, destacó Lauría.
Los analistas creen que la ley de medios apunta a debilitar al Grupo Clarín dado que las nuevas regulaciones obligarían al grupo a vender algunos de sus medios. Clarín se ha opuesto fuertemente al proyecto. El Grupo Clarín es dueño de diarios, medios de televisión y radio, al igual que de compañías proveedoras de servicios de cable e Internet.