Silencio o muerte en la prensa mexicana

Apéndice I: Periodistas asesinados

Motivos confirmados

La investigación del CPJ indica que los siguientes periodistas fueron asesinados por motivos directamente relacionados con su trabajo, durante el mandato del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2006.

Rodolfo Rincón Taracena
Tabasco Hoy

20 de enero de 2007, en Villahermosa

Rincón Taracena, de 54 años, fue visto con vida por última vez al salir de la sala de redacción alrededor de los 8 p.m. Acababa de concluir un reportaje de investigación sobre una organización criminal que atacaba a los usuarios de cajeros automáticos en Villahermosa, capital del estado de Tabasco, en el sur del Golfo de México.

Rincón Taracena era considerado un reportero de la crónica del crimen obstinado y experimentado. El día antes de su desaparición, el periódico publicó un informe de dos páginas en el que mencionaba una serie de “narcotiendas”, operadas por traficantes. El informe, que identificaba a varios sospechosos, incluía un mapa que señalaba la ubicación exacta de los centros de distribución de drogas y fotografías de una familia supuestamente vendiendo estupefacientes. En su relato sobre los cajeros automáticos, Rincón Taracena detallaba la ubicación de las guaridas de los delincuentes. “Era una de sus clásicas exclusivas”, afirmó al CPJ Roberto Cuitláhuac, editor de la sección de policiales del periódico.

Rincón Taracena estaba acostumbrado a recibir amenazas, según Olivia Alaniz Cornelio, su compañera de muchos años, pero una advertencia que recibió un mes antes de su desaparición pareció perturbarlo. En ese entonces, grupos criminales rivales, ansiosos por controlar las estratégicas rutas del narcotráfico del estado, habían comenzado a recurrir a las decapitaciones y otras terribles formas de violencia.

El 1 de marzo de 2010, Silvia Cuéllar, vocera de la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, declaró ante la prensa que Rincón Taracena había sido secuestrado y asesinado por la organización criminal conocida como los Zetas. Cinco miembros de niveles inferiores dentro del grupo habrían confesado el delito e identificado al asesino como un sujeto que murió en un enfrentamiento armado con la policía de Tabasco en junio de 2007. Las autoridades indicaron que los restos calcinados de un cuerpo, encontrados en 2007, pertenecían a Rincón Taracena, aunque las pruebas de ADN no fueron concluyentes.

Los sospechosos fueron acusados de homicidio y delincuencia organizada. En junio de 2010 seguían encarcelados a la espera de juicio.

Los periodistas de Tabasco Hoy expresaron al CPJ su escepticismo sobre la investigación, en parte porque las pruebas de ADN no fueron concluyentes. Personal de Tabasco Hoy, que habló con la condición de permanecer en el anonimato por razones de seguridad, aseguró al CPJ que habían recibido amenazas por sus críticas sobre la investigación.

Amado Ramírez Dillanes
Televisa y Radiorama
6 de abril de 2007, en Acapulco

Ramírez Dillanes, de 50 años, corresponsal de Televisa en Acapulco y conductor del noticiero “Al Tanto” de Radiorama, fue baleado después de salir de los estudios de la radiodifusora alrededor de las 7:30 p.m. Ramírez acababa de ingresar en su vehículo cuando un atacante le disparó dos veces desde la ventanilla del conductor, declaró uno de sus colegas al CPJ. Herido, Ramírez corrió hacia el lobby de un hotel cercano, pero el sicario lo persiguió y le disparó por la espalda, según informes de prensa.

En pocos días, funcionarios estatales arrestaron a dos sujetos, uno de los cuales fue pronto liberado. El otro sospechoso, Genaro Vázquez Durán, fue juzgado y sentenciado a 38 años de cárcel en marzo de 2009. Las autoridades federales señalaron que el perfil de Vázquez Durán coincidía con la descripción de un testigo y que además encontraron en su poder armas ilegales del tipo empleado en el asesinato. Su abogado explicó ante la prensa que apelaría la sentencia.

Grupos de derechos humanos y periodistas locales han expresado su preocupación porque no se estableció un motivo claro y porque los testigos que vincularon a Vázquez Durán no eran creíbles y algunos ni siquiera pudieron ser ubicados en la escena del crimen. Uno de ellos, Salvador Cabrera, declaró en un tribunal de Acapulco en noviembre de 2007 que lo habían presionado a identificar a Genaro Vázquez Durán entre un grupo de sospechosos.

La Procuraduría General de Justicia de Guerrero y el Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas no respondieron a la solicitud de comentarios del CPJ.

La muerte de Ramírez ocurrió mientras carteles del narcotráfico enfrentados se disputaban el territorio y cometían asesinatos al estilo ejecución en los alrededores de Acapulco. En marzo de 2007, el periodista había emitido un informe en Televisa relacionando los asesinatos de policías locales con los narcotraficantes. Misael Habana de los Santos, conductor del noticiero de Radiorama junto con Ramírez, señaló que el periodista había recibido varias amenazas de muerte por teléfono celular.

Alejandro Zenón Fonseca Estrada
EXA FM
24 de septiembre de 2008, en Villahermosa

La noche del 23 de septiembre de 2008, cuatro sujetos no identificados en una camioneta abrieron fuego contra Fonseca cuando colgaba mantas contra la delincuencia en una de las principales calles de la ciudad de Villahermosa, en Tabasco, estado en el sur del Golfo de México, según declararon testigos y la policía local. Uno de las mantas decía: “No a los Secuestros” y otra declaraba su apoyo al gobernador de Tabasco. Fonseca, de 33 años, murió al día siguiente a raíz de sus heridas en el pecho en un hospital de la localidad.

Fonseca, conocido con el cariñoso apodo de “El Padrino”, era el carismático conductor del programa matutino de radio “El Padrino Fonseca”, orientado a oyentes jóvenes. En su programa, Fonseca había anunciado planes para colgar las mantas en apoyo a su campaña contra la delincuencia, según entrevistas del CPJ.

En octubre de 2008, las autoridades del estado de Tabasco arrestaron a cinco hombres y una mujer con relación al homicidio. El mes siguiente, mandos militares del vecino estado de Chiapas anunciaron la detención de tres sujetos más. Alex Álvarez Gutiérrez, subprocurador de justicia de Tabasco, declaró al CPJ que el asesinato había sido el resultado directo de la campaña contra la delincuencia liderada por el periodista.

Uno de los sospechosos, descrito como miembro de la organización criminal conocida como los Zetas, estaba cooperando con la unidad de investigación contra la delincuencia organizada de México y había sido incluido en un programa de protección de testigos. Los otros sospechosos fueron acusados del asesinato de Fonseca y permanecen recluidos en una cárcel de alta seguridad en el estado de Nayarit, según afirmaciones de la Procuraduría General de la República, informes de la prensa local y entrevistas del CPJ con reporteros de Tabasco. Los sospechosos enfrentan también otras acusaciones federales, incluyendo secuestro y tráfico de drogas. Para junio de 2010 no se había programado aún un juicio en su contra.

Armando Rodríguez Carreón
El Diario de Ciudad Juárez
13 de noviembre de 2008, en Ciudad Juárez

Un sujeto armado no identificado disparó contra Rodríguez, de 40 años, mientras el experimentado reportero de la crónica del crimen se encontraba dentro de un auto de la empresa en la entrada de su casa. Su hija de ocho años de edad, a quien estaba a punto de llevar a la escuela, observó todo desde el asiento trasero.

Antes del crimen, Rodríguez había revelado al CPJ que estaba recibiendo amenazas y que la intimidación se había convertido en cosa de rutina en esa violenta ciudad fronteriza. “Aquí los riesgos son altos y van en aumento y los periodistas son blanco fácil”, declaró Rodríguez al CPJ. “Pero no puedo vivir en mi casa como un prisionero. Me rehúso a vivir con miedo”. Días antes de su asesinato, Rodríguez publicó un artículo acusando al sobrino del procurador local de tener nexos con el narcotráfico.

En julio de 2009, el investigador federal en jefe a cargo de la pesquisa por el asesinato de Rodríguez también fue asesinado. Su reemplazo también cayó muerto menos de un mes después. En una entrevista publicada en abril de 2010 en The Texas Tribune, un sitio de noticias en Internet, el presidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, afirmó que no había pistas ni sospechosos en el caso.

Eliseo Barrón Hernández
La Opinión
25 de mayo de 2009, en Gómez Palacio

Al menos siete sujetos encapuchados y armados irrumpieron en la casa de Eliseo Barrón Hernández, reportero de 35 años del periódico La Opinión, de la ciudad de Torreón, Coahuila, en el norte de México. El periodista llevaba 10 años trabajando para el diario, viajando todos los días desde la ciudad de Gómez Palacio, en el vecino estado de Durango.

Mientras su esposa y sus dos pequeñas hijas observaban aterrorizadas, los asaltantes golpearon al reportero y lo sacaron de su casa hasta meterlo por la fuerza en un vehículo. Su cuerpo fue hallado en un canal de riego con una herida de bala en la cabeza, según funcionarios de las fuerzas de seguridad de Durango. Días antes de su secuestro, Barrón había publicado un informe sobre un escándalo de corrupción policial que resultó en el despido de muchos funcionarios, según publicó el diario Milenio, propietario de La Opinión.

El día del funeral de Barrón, cinco mantas supuestamente firmadas por Joaquín “El Chapo” Guzmán, el tristemente célebre líder del cartel de Sinaloa, aparecieron colgadas en lugares importantes de Torreón. Una de las mantas decía: “Ya estamos aquí periodistas, pregúntenle a Eliseo Barrón. ‘El Chapo’ y el Cártel no perdonan; cuídense soldados y periodistas”. 

En junio de 2009, el ejército mexicano vinculó a varios sospechosos, detenidos con acusaciones no relacionadas de tráfico de drogas y armas, con el asesinato de Barrón. Uno de los detenidos, Israel Sánchez Jaimes, indicó a los investigadores que el líder de un cartel local había ordenado el asesinato de Barrón para “darle una lección a otros periodistas locales”, según su declaración ante la Procuraduría General de la República. En agosto de 2009, un juez federal en el estado de Coahuila ordenó la apertura del juicio de los cinco sospechosos por el asesinato, afirmó la procuraduría. Una vocera de esta dependencia informó al CPJ en abril de 2010 que no era posible proporcionar información actualizada, incluyendo la ubicación de los sospechosos ni la fecha del juicio. Colegas de Barrón expresaron al CPJ su preocupación de que las declaraciones de Sánchez se hubieran hecho bajo coacción.

Norberto Miranda Madrid
Radio Visión
23 de septiembre de 2009, en Nuevo Casas Grandes

Alrededor de las 11 p.m., al menos dos sujetos armados y enmascarados irrumpieron en las oficinas de Radio Visión y dispararon en varias ocasiones contra Miranda en la parte posterior del cuello, según informó al CPJ un vocero de la Procuraduría de Justicia del Estado. Informes de prensa afirman que murió en la escena del crimen. El hermano del periodista, José Miranda Madrid, también empleado de Radio Visión, estaba presente pero resultó ileso.

Miranda, de 44 años, conocido como “El Gallito”, escribía una columna en la Internet titulada “Cotorreando con el Gallito” y era conductor de Radio Visión, estación que se transmite por la Web. En sus últimas columnas había criticado la falta de seguridad en Nuevo Casas Grandes y sus áreas colindantes. Su última columna detallaba lo que según dijo había sido una cadena de 25 asesinatos al estilo ejecución en el área. El periodista atribuyó la violencia al cartel de Juárez, que se disputaba con el cartel de Sinaloa el control del estado de Chihuahua.

Miranda también había cubierto la captura de miembros de La Línea, un grupo armado asociado al cartel de Juárez. Por la cobertura, Miranda recibió amenazas de fuentes afiliadas al cartel, reporteros locales señalaron al CPJ.

Bladimir Antuna García
El Tiempo de Durango
2 de noviembre de 2009, en Durango 

En dos vehículos utilitarios, asaltantes interceptaron la camioneta Ford Explorer que manejaba el reportero Bladimir Antuna García en una calle principal de la ciudad de Durango, en el norte del país. Testigos informaron a reporteros locales que cinco sujetos armados con rifles de asalto sacaron al periodista de su vehículo y se lo llevaron. Esa noche, las autoridades locales encontraron el cuerpo de Antuna cerca del lugar donde lo secuestraron con una nota que decía: “Esto me pasó por dar información a los militares y escribir lo que no se debe. Cuiden bien sus textos antes de hacer una nota. Atentamente Bladimir”. Su cuerpo presentaba signos de estrangulamiento, según el informe del forense.

Antuna, de 39 años, era un experimentado reportero de la crónica del crimen en Durango, donde el cartel de Sinaloa y la organización criminal conocida como los Zetas libraban una batalla por el control territorial. El periodista informó al Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), con sede en Ciudad de México, que había recibido amenazas de muerte por teléfono, algunas provenientes de personas que se identificaban como miembros de los Zetas. También comentó a sus compañeros de trabajo y a la revista Buzos de la Ciudad de México que había recibido amenazas.

El 28 de abril de 2009, cuando salía de su casa, un asaltante abrió fuego contra su vivienda, según narró el reportero en la entrevista con Buzos. Nadie resultó herido, pero más tarde ese día Antuna recibió una llamada anónima que le advertía: “Ya encontramos tu casa. Ya se te acabó el tiempo”. Ese mismo día, el periodista denunció los ataques y las anteriores amenazas ante la Procuraduría de Justicia del Estado. Pero, según confesó a sus colegas, las autoridades nunca se pusieron en contacto con él para darle seguimiento a su caso. Los expedientes en los archivos de la Procuraduría de Justicia del estado muestran que las autoridades no tomaron en serio su denuncia, tildándolo de “paranoico”.

Antuna informó al CEPET que había estado investigando la corrupción policial y en el proceso había colaborado con Eliseo Barrón Hernández, reportero asesinado en mayo de 2009. Antuna también estaba investigando el asesinato de mayo de 2009 de su colega Carlos Ortega Samper, del periódico El Tiempo de Durango

Juan López Ramírez, fiscal estatal para la atención de delitos contra la prensa, reconoció en una entrevista con el CPJ en marzo de 2010 que los investigadores solo habían realizado someros interrogatorios a testigos y a la esposa de la víctima.

Valentín Valdés Espinosa
Zócalo de Saltillo
8 de enero de 2010, en Saltillo

Valdés Espinosa, de 29 años, reportero de información general del periódico Zócalo de Saltillo, fue “levantado” en el centro de esa ciudad después de que varios sujetos en camionetas interceptaron el vehículo en el que viajaba con dos de sus colegas. Un reportero, que no fue identificado, fue también secuestrado junto con Valdés, pero fue liberado más tarde. El tercer colega no fue forzado a subir al vehículo.

Al día siguiente, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila anunció que se había encontrado el cuerpo de Valdés frente al Motel Marbella. Le habían disparado varias veces, lo habían atado de pies y manos y su cuerpo mostraba señales de tortura. Dejaron un mensaje escrito a mano al lado de su cuerpo: “Esto les va a pasar a los que no entienden. El mensaje es para todos”. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado declaró a reporteros locales que un grupo del crimen organizado sería responsable del asesinato. Los reporteros explicaron al CPJ que Valdés fue posiblemente blanco del ataque por una nota publicada el 29 de diciembre, acerca de redadas militares en el Motel Marbella. La nota, publicada sin la firma del autor, señalaba que en una de las redadas se había capturado a líderes de la organización criminal conocida como los Zetas. Valdés informó sobre la captura del líder de los Zetas, señalaron fuentes del CPJ. El hecho de que el cuerpo del reportero fue dejado en el Motel Marbella se consideró como un mensaje del grupo criminal.

El periódico no está presionando a las autoridades para que realicen una investigación a fondo, reconoce su editor Sergio Cisneros. “No nos vamos a meter en eso”, aseguró al CPJ. “No creo que haya resultados así que ¿para qué presionar?”. Cisneros afirmó que los investigadores no buscaron pistas ni en la sala de redacción ni en la computadora de Valdés.

 

Motivos no confirmados

La investigación del CPJ indica que los siguientes periodistas fueron asesinados durante el período del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien asumió su mandato el 1 de diciembre de 2006. El CPJ sigue investigando estos homicidios para determinar si fueron cometidos en represalia por el trabajo de las víctimas.

Saúl Noé Martínez Ortega
Interdiario
Abril de 2007, en Nuevo Casas Grandes

Martínez, reportero de la crónica del crimen de 36 años de edad, fue encontrado muerto en el estado norteño de Chihuahua una semana después de que un grupo de hombres armados lo secuestrara en el vecino estado de Sonora.

El secuestro se produjo la noche del 16 de abril de 2007, afuera de la estación de la policía municipal de Agua Prieta. Informes de prensa afirmaron que después de una persecución a gran velocidad, Martínez Ortega detuvo su camioneta en las puertas del cuartel policial y pidió ayuda. Sin embargo, sujetos fuertemente armados introdujeron al reportero en su vehículo a la fuerza y se dieron a la fuga. La mañana del 23 de abril, un peatón descubrió el cuerpo del periodista envuelto en una cobija en una carretera de las afueras de Nuevo Casas Grandes, cerca de la frontera entre Chihuahua y Sonora, según informes de prensa y entrevistas del CPJ.

Martínez Ortega llevaba aproximadamente seis días muerto, según declaró José Larrinaga Talamantes, vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Hermosillo. Lo habían golpeado y aparentemente había muerto de un golpe en la cabeza, según narró al CPJ su hermano, Erick Martínez Ortega.

Martínez Ortega cubría la fuente policial en el turno de la noche para Interdiario, un periódico de Agua Prieta que se publicaba tres veces a la semana. Aunque los investigadores al principio citaron el trabajo del periodista como motivo posible, no han dado a conocer otros indicios ni han arrestado a sospechoso alguno por el asesinato.

Gerardo Israel García Pimentel
La Opinion de Michoacán
8 de diciembre de 2007, en Uruapan

Después de una persecución a gran velocidad por las calles de Uruapan, dos desconocidos armados dispararon contra García Pimentel a quemarropa al menos 20 veces frente al Hotel Ruán, donde vivía el reportero, según informes de prensa. En la escena se encontraron al menos 50 casquillos, la mayoría de rifle semiautomático R-15, según informó la policía a los reporteros.

García, de 28 años, cubría agricultura, educación y en ocasiones crimen en Uruapan, la segunda ciudad en tamaño en el estado de Michoacán. Uno de los últimos informes del periodista se enfocó en un maestro de una escuela primaria pública local, acusado de abusar de un estudiante. García no había manifestado haber recibido amenazas a sus colegas o familiares, señaló el subdirector de La Opinión, Jaime Márquez Rochin, al CPJ. Las autoridades estatales y federales explicaron al CPJ que no se han identificado sospechosos ni posibles móviles del homicidio.

 

Mauricio Estrada Zamora
La Opinión de Apatzingán
12 de febrero de 2008, en Apatzingán

Estrada, de 38 años, reportero de la crónica del crimen del diario La Opinión de Apatzingán en el estado central de Michoacán, fue visto por última vez al salir de la sala de redacción para regresar a su hogar con su esposa y su pequeño hijo, según relató la familia del reportero al CPJ.

Las autoridades municipales encontraron su auto a la mañana siguiente en el municipio vecino de Buena Vista Tomatlán. El motor estaba en marcha, las puertas estaban abiertas y faltaban varias cosas, incluyendo un estéreo, la cámara y la computadora portátil del reportero, relataron periodistas de La Opinión. El caso fue asignado a la unidad de secuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado y se realizó una búsqueda en helicóptero en el área circundante.

Familiares de Estrada afirmaron al CPJ que el reportero tuvo una disputa en enero de 2008 con un policía de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) conocido con el apodo de “El Diablo”. “El día que tuvo el pleito con el agente de la AFI llegó a casa temblando”, declaró al CPJ su esposa, María Dolores Barajas. Una vocera de la Procuraduría General de la República, que asumió brevemente el control del caso, dijo que los investigadores no pudieron identificar al agente de la AFI conocido como “El Diablo” ni establecer ninguna conexión entre la desaparición de Estrada y el agente federal.

Barajas cree que su esposo está muerto y ha solicitado un acta de defunción a las autoridades locales. Víctor Arredondo, vocero del procurador de justicia del estado, dijo que no se levantará un acta de defunción porque quizá algún día vuelvan a abrir el caso.

   

Teresa Bautista Merino
Felicitas Martínez Sánchez
La Voz que Rompe el Silencio
7 de abril de 2008, en Putla de Guerrero

Bautista Merino y Martínez Sánchez, de 24 y 20 años respectivamente, productoras de una estación de radio comunitaria en el estado de Oaxaca al sur de México, fueron baleadas por desconocidos armados con rifles de asalto, en una emboscada en un camino rural. Otras tres personas que estaban en el vehículo, incluyendo un niño, resultaron heridas, según informes de la prensa local.

Las periodistas regresaban de un taller y evento promocional de su estación, Radio Copala, también conocida como “La Voz que Rompe el Silencio”. La radiodifusora, que comenzó sus emisiones en enero de 2008 en la comunidad rural de San Juan Copala, está dirigida al grupo indígena Triqui de la localidad y ofrece programación tanto en lengua Triqui como en español. Las dos productoras cubrían una amplia gama de temas, desde noticias de política hasta salud, educación y eventos culturales, aseguró al CPJ Jorge Albino Ortiz, coordinador general de la estación. Después de los asesinatos, la estación redujo su cobertura de temas políticos sensibles.

No se había informado sobre detenciones ni avances hasta junio de 2010, según informes de prensa. Funcionarios estatales de Oaxaca no respondieron a la solicitud de comentarios por parte del CPJ.

El área alrededor de San Juan Copala, parte de la empobrecida región Mixteca de Oaxaca, se conoce por un largo historial de disputas de orden político y por la tenencia de tierras, con frecuencia relacionadas con los caudillos del partido gobernante en el estado, el Partido Revolucionario Institucional. Grupos paramilitares que apoyan al gobierno del estado han estado presentes en el área. En enero de 2007, las tensiones aumentaron cuando un movimiento Triqui declaró su intención de hacer de San Juan Copala un municipio autónomo.

 

Miguel Angel Villagómez Valle
La Noticia de Michoacán
10 de octubre de 2008, entre Lázaro Cárdenas y Zihuatanejo

La policía encontró el cuerpo de Villagómez, golpeado y acribillado a balazos, en un basural cerca de una carretera costera, entre la ciudad de Lázaro Cárdenas, donde editaba el periódico regional La Noticia de Michoacán, y la ciudad de Zihuatanejo, donde vivía con su esposa y tres hijos.

Villagómez, de 29 años, fue visto por última vez alrededor de las 10:30 de la noche anterior a que lo encontraran muerto, tras salir de su sala de redacción en Lázaro Cárdenas, un puerto ubicado en la costa sur del Pacifico de Michoacán, para llevar a dos de sus colegas a sus casas, aseguraron al CPJ funcionarios de las fuerzas de seguridad y periodistas.

La esposa de Villagómez, Irania Iveth Leyva Faustino, indicó al CPJ que su esposo había recibido recientemente amenazas telefónicas de personas que se identificaban como miembros de la organización criminal conocida como los Zetas. El periódico de Villagómez cubría regularmente notas sobre crimen, incluyendo las acciones del narcotráfico. Las autoridades no informaron de ningún arresto ni dieron a conocer más información sobre el caso.

Jean Paul Ibarra Ramírez
El Correo
13 de febrero de 2009, en Iguala

Ibarra, fotógrafo del periódico El Correo de Iguala, y Yenny Yuliana Marchán Arroyo, colaboradora del periódico local Diario 21, se trasladaban en motocicleta a cubrir un evento alrededor de las 10 p.m., cuando un pistolero en una segunda motocicleta los alcanzó y les disparó en varias ocasiones, según informes de prensa y el fiscal especial de delitos contra periodistas.

El sicario luego disparó por última vez al fotógrafo en la cabeza, informó la policía al CPJ. Ibarra, de 33 años, murió en la escena del crimen, según informes de prensa. Marchán, de 22 años, recibió tres disparos y sufrió heridas en las piernas. Periodistas locales relataron al CPJ que Ibarra había mencionado que recibió al menos una amenaza con relación a su trabajo.

En marzo de 2009, investigadores del estado anunciaron el arresto de un comerciante local, Mario Cereso Barrera, y afirmaron que el asesinato fue motivado por una disputa por la venta de un collar. Reporteros locales expresaron al CPJ su escepticismo respecto de la investigación, particularmente por el supuesto motivo y por la aparente falla de los investigadores en entrevistar a testigos. Funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero han complementado las inquietudes de los reporteros. Hipólito Lugo Cortes, director de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, emitió una declaración expresando su preocupación de que Cereso haya confesado el asesinato bajo coacción.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero no respondió a la solicitud de comentarios por parte del CPJ sobre el caso o las acusaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cereso continuaba detenido sin una acusación formal en junio de 2010.

Carlos Ortega Samper
El Tiempo de Durango
3 de mayo de 2009, en Santa María El Oro

Dos camionetas pick-up interceptaron a Ortega, reportero del diario El Tiempo de Durango, cuando conducía hacia su casa en el pueblo de Santa María del Oro, en el estado norteño de Durango, afirmaron sus colegas al CPJ.

Cuatro individuos no identificados bajaron de las camionetas y sacaron al reportero de su vehículo, según periodistas de El Tiempo de Durango. Como se resistió, los atacantes le dispararon tres veces en la cabeza con una pistola calibre .40, según informes de prensa y entrevistas del CPJ. Ortega, de 52 años, murió en la escena del crimen.

En un artículo publicado el 2 de abril, el periodista afirmaba que el presidente municipal, Martín Silvestre Herrera, y el responsable de los programas federales, Juan Manuel Calderón Guzmán, lo habían amenazado por su reciente informe sobre las condiciones de un local para la matanza de animales. En ese mismo informe, Ortega escribió que estaba investigando supuestas acusaciones de corrupción que involucraban al agente de la policía local Salvador Flores Triana. En un informe posterior, el último del periodista, responsabilizó a las tres personas por cualquier cosa que pudieran pasarles a él o a su familia.

Ortega había trabajado como corresponsal de El Tiempo de Durango en Santa María del Oro durante menos de un año. Su editor, Saúl García, afirmó al CPJ que en su opinión Ortega había sido asesinado en represalia por sus informes sobre la corrupción del gobierno municipal. Las autoridades no dieron a conocer un posible móvil del crimen.

Silvestre aseguró al CPJ que no tuvo nada que ver con el asesinato. Si bien reconoció tener desacuerdos con Ortega, el alcalde señaló que nunca lo amenazó. Los otros dos funcionarios no respondieron a los llamados telefónicos del CPJ en 2009. Calderón no respondió varios mensajes que el CPJ le dejó en marzo de 2010. No fue posible localizar al policía Flores para que hiciera comentarios en mayo de 2010.

Hasta junio de 2010 no se había detenido a ningún sospechoso.

Juan Daniel Martínez Gil
Radiorama y W Radio
28 de julio de 2009, en Acapulco

Martínez, de 48 años y conductor de los noticieros “W Acapulco”, en la estación nacional W Radio, y “Guerrero en Vivo”, en la estación local Radiorama Acapulco, fue encontrado amordazado y parcialmente enterrado en un lote baldío en La Máquina, un pueblo en el estado de Guerrero. El cuerpo del periodista mostraba evidencia de tortura, con las manos y los pies atados y la cabeza envuelta en cinta, aseguraron las autoridades a reporteros locales. Una autopsia reveló que Martínez murió asfixiado, informó el semanario Proceso.

Enrique Silva, director de los noticieros de Radiorama Acapulco, afirmó al CPJ que Martínez cubría toda una gama de temas, pero que siempre fue precavido al cubrir el tráfico de drogas u otros temas delicados. “Era muy disciplinado en ese sentido”, dijo Silva. “Sabía que no podía escarbar mucho sobre determinados temas”.

Silva indicó que las autoridades revisaron la computadora portátil y registraron los archivos del periodista. Su hermano, Javier Martínez Gil, aseguró al CPJ en mayo de 2010 que las autoridades no le habían informado de ningún sospechoso ni de indicio alguno. “El caso ya se enfrío”, recalcó.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y el Fiscal Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas con sede en Ciudad de México no respondieron a las solicitudes de entrevista del CPJ.

  
José Emilio Galindo Robles
Radio Universidad de Guadalajara
24 de noviembre de 2009, en Ciudad Guzmán

Galindo, periodista y director de la estación de radio afiliada a la Universidad de Guadalajara, fue encontrado muerto en el interior de su domicilio en Ciudad Guzmán en el estado occidental de Jalisco.

Galindo, de 43 años, se encontraba amordazado y atado a una cama, pero falleció de un golpe en la cabeza, según autoridades citadas en informes de la prensa local. El periodista cubría principalmente temas de medio ambiente y de corrupción política para la emisora ubicada en Ciudad Guzmán. Era conductor de un programa nocturno de radio y televisión y dirigía algunas otros programas de noticias por la radio. La universidad indicó que Galindo también era colaborador de varios periódicos locales y nacionales.

Las autoridades municipales se rehusaron a emitir comentarios sobre el caso cuando fueron consultadas por el CPJ. Jorge Lomelí, productor general de Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, afirmó al CPJ que los investigadores del estado visitaron la emisora en dos ocasiones para efectuar entrevistas, pero que no revisaron los trabajos recientes de Galindo.

José Alberto Velázquez López
Expresiones de Tulum
22 de diciembre de 2009, en Tulum

Dos sujetos en una motocicleta dispararon en dos ocasiones contra Velázquez, poco después de que el dueño del periódico saliera de una fiesta de Navidad con el personal, según relató al CPJ el subdirector de la publicación, Luis Gamboa. Velázquez fue llevado a un hospital en Cancún donde falleció esa misma noche, según informes de la prensa local. Reporteros locales indicaron al CPJ que Velázquez informó haber recibido amenazas de muerte anónimas en los meses anteriores a su asesinato. También lanzaron una bomba incendiaria contra la planta impresora del periódico en noviembre de 2009.

Velázquez redactó artículos que criticaban a funcionarios locales, incluyendo al presidente municipal de Tulum. Dos reporteros, que entrevistaron a Velázquez en el hospital la noche en que murió, indicaron que el editor identificó a sus asaltantes como aliados del alcalde. El presidente municipal, Marciano Dzul Caamal, no respondió a los repetidos esfuerzos del CPJ para que respondiera a esas afirmaciones. El día después del asesinato de Velázquez, el despacho de Dzul emitió un comunicado en el cual repudió el asesinato y se comprometió a esclarecerlo. En entrevistas con el CPJ, varios periodistas acusaron a Velázquez de prácticas de negocios que contradicen la ética periodística, incluyendo la extorsión, y que podrían estar relacionadas con el homicidio.

José Luis Romero
Línea Directa
Enero de 2010, en Los Mochis

Sujetos enmascarados secuestraron a Romero cuando entraba a un restaurante en Los Mochis el 30 de diciembre de 2009 alrededor de las 6 p.m., arrastrando al reportero hasta una camioneta que los esperaba, según informes de prensa y entrevistas del CPJ. Eliu Lorenzo Patiño, ex oficial del ejército que acompañaba a Romero, también fue secuestrado y permanecía desaparecido hasta junio de 2010.

El investigador asignado a los secuestros fue asesinado seis horas después de que fueran divulgadas las desapariciones, según informes de la prensa mexicana. El procurador de justicia del estado indicó a los reporteros que los dos casos podrían estar relacionados, según informes de prensa.

El 16 de enero de 2010, el cuerpo de Romero fue encontrado en un camino rural cerca de Los Mochis, señaló Rolando Bon López, subprocurador de justicia de Sinaloa. El cuerpo mostraba señales de tortura; Romero había sido baleado y sus manos estaban quebradas, declaró Bon López.

Romero había cubierto crímenes durante 10 años para el programa de radio Línea Directa, que se emitía en todo el estado, aseguró al CPJ el director de información Luis Alberto Díaz. Agregó que creía que Romero había sido víctima de uno de los dos carteles de la droga en disputa. Díaz dijo que asesinar a un radiodifusor muy conocido encajaba en las intenciones de los carteles de intimidar a la población. “Quieren sembrar la sicosis entre la audiencia; quieren aterrorizar; quieren que la gente se quede con la boca cerrada”, afirmó. Hasta junio de 2010 no se había informado sobe avances en el caso.

Jorge Ochoa Martínez
El Sol de la Costa
29 de enero de 2010, en Ayutla de los Libres

Ochoa, redactor y editor en el estado de Guerrero, fue baleado al salir de una fiesta de cumpleaños de un político local, señalaron reporteros locales al CPJ. Ochoa era dueño de El Sol de la Costa, un semanario de poca circulación en Ayutla de los Libres. María del Carmen Castro, viuda de Ochoa Martínez, señaló a los reporteros locales que su esposo había recibido amenazas anónimas en su teléfono celular.

Un sospechoso, identificado como Alberto Bravo Jerónimo, fue arrestado con relación al asesinato el 16 de marzo, según Albertico Guinto Sierra, encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero. Bravo supuestamente confesó haber asesinado a Ochoa después de un pleito de tránsito y señaló que ambos ya habían tenido discusiones en el pasado. Funcionarios explicaron que el revólver de Bravo coincidió con los resultados de los análisis forenses sobre el arma empleada en el homicidio.

Evaristo Pacheco Solís
Visión Informativa
12 de marzo de 2010, en Chilpancingo

Pacheco fue encontrado en la vera de un camino rural en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, con cinco heridas de bala, una de ellas en la cabeza, según informes de prensa que citaban a funcionarios de las fuerzas de seguridad.

Pacheco, de 33 años, reportero del semanario Visión Informativa, fue el segundo periodista asesinado en dos meses en el estado de Guerrero, ubicado en el Pacífico sur del país, con puntos estratégicos de tránsito y el uso de tierras agrícolas por parte de los carteles de la droga. Albertico Guinto Sierra, encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, indicó al CPJ que los investigadores no habían identificado sospechosos ni posibles móviles del crimen.

 

Trabajadores de medios de comunicación asesinados

La investigación del CPJ indica que los siguientes trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados mientras realizaban su trabajo, durante el período del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien asumió su mandato el 1 de diciembre de 2006.

Mateo Cortés Martínez
Agustín López Nolasco
Flor Vásquez López
El Imparcial del Istmo
8 de octubre de 2007, entre Salina Cruz y Tehuantepec

Asaltantes en una camioneta persiguieron e interceptaron un camión de reparto con el logotipo del periódico El Imparcial del Istmo,en un tramo rural de la carretera que conecta las ciudades de Salina Cruz y Tehuantepec en el sur de México, según informes de prensa locales. Los atacantes dispararon contra el conductor, Mateo Cortés, Martínez y contra los voceadores López  y Vásquez López a corta distancia, según informó El Imparcial del Istmo.

Luis David Quintana, subdirector de El Imparcial del Istmo, indicó a reporteros locales que el diario había recibido varios mensajes con amenazas por correo electrónico y por carta el mes anterior, en los que se advertía al periódico que bajara de tono a la cobertura del tráfico de drogas local. Gran parte del personal del periódico renunció al día siguiente de los asesinatos, aseguró Quintana al CPJ.

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