Las organizaciones criminales ejercieron una extraordinaria presión sobre la prensa a medida que extendieron su control sobre virtualmente cada sector de la sociedad. Los periodistas fueron asesinados o desaparecidos, los medios atacados con bombas o amenazados. La autocensura generalizada fue la consecuencia devastadora de este estado de situación. En medio de un vacío informativo, periodistas y ciudadanos utilizaron cada vez más las redes sociales para informar a sus comunidades. El asesinato de una reportera de Nuevo Laredo fue el primer caso en la historia del CPJ en el cual una persona cayó en represalia directa por su labor periodística en redes sociales. Por lo menos otros tres periodistas recibieron asilo político en Estados Unidos y Canadá, y varios otros buscaron refugio en otros países. Varias importantes organizaciones de medios acordaron un código profesional en el cual estipularon protocolos para periodistas en riesgo y se comprometieron a no convertirse en herramientas de propaganda para criminales. Pero el gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa no logró implementar reformas efectivas. A pesar de las iniciativas para fortalecer la fiscalía especial para crímenes contra la libertad de expresión, la violencia contra la prensa siguió prácticamente impune. El nuevo programa del gobierno para la protección de periodistas fue considerado en gran medida como ineficaz. Y en tanto que la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley para federalizar los crímenes contra la prensa, la legislación seguía pendiente a fines de año.

México

Principales Acontecimientos

» La violencia continúa sin control mientras el gobierno fracasa en sus iniciativas de reforma.

» Primer asesinato en el mundo como represalia por labor informativa efectuada en redes sociales.

Las organizaciones criminales ejercieron una extraordinaria presión sobre la prensa a medida que extendieron su control sobre virtualmente cada sector de la sociedad. Los periodistas fueron asesinados o desaparecidos, los medios atacados con bombas o amenazados. La autocensura generalizada fue la consecuencia devastadora de este estado de situación. En medio de un vacío informativo, periodistas y ciudadanos utilizaron cada vez más las redes sociales para informar a sus comunidades. El asesinato de una reportera de Nuevo Laredo fue el primer caso en la historia del CPJ en el cual una persona cayó en represalia directa por su labor periodística en redes sociales. Por lo menos otros tres periodistas recibieron asilo político en Estados Unidos y Canadá, y varios otros buscaron refugio en otros países. Varias importantes organizaciones de medios acordaron un código profesional en el cual estipularon protocolos para periodistas en riesgo y se comprometieron a no convertirse en herramientas de propaganda para criminales. Pero el gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa no logró implementar reformas efectivas. A pesar de las iniciativas para fortalecer la fiscalía especial para crímenes contra la libertad de expresión, la violencia contra la prensa siguió prácticamente impune. El nuevo programa del gobierno para la protección de periodistas fue considerado en gran medida como ineficaz. Y en tanto que la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley para federalizar los crímenes contra la prensa, la legislación seguía pendiente a fines de año.



  • 3

    Asesinatos en 2011, motivo confirmado
  • 2

    Desaparecidos en 2011
  • 0

    Condenas por asesinatos de la fiscalía especial
  • 8

    Puesto en el Índice de Impunidad
  • 8

    Protegidos en programa del gobierno
 

María Elizabeth Macías Castro, Luis Emanuel Ruiz Carrillo y Noel López Olguín cayeron en represalia directa por su labor informativa, reveló la investigación del CPJ. Otros cuatro periodistas fueron asesinados en circunstancias aún no esclarecidas. El CPJ está investigando para determinar si los motivos se vincularon a su labor periodística.

Caídos en cumplimiento de su labor informativa en México:
 

El editor Marco Antonio López Ortiz fue secuestrado en Acapulco en junio, mientras que el reportero de la fuente policíaca, Manuel Gabriel Fonseca Hernández, desapareció en Acayucán en septiembre. México registra el nivel más alto de periodistas desaparecidos en el mundo en los últimos años.

Periodistas desaparecidos en México en los últimos años:

 

La fiscalía especial para crímenes contra la libertad de expresión fue reestructurada en 2010 y puesta en manos de un nuevo fiscal, Gustavo Salas Chávez, en un esfuerzo por mejorar sus antecedentes de ineficacia. No obstante, la nueva fiscalía no tuvo ningún éxito inmediato en la impartición de justicia en casos de asesinatos de periodistas.


El número de casos y el personal de la fiscalía especial:

103

Número total de casos, la mayoría involucrando cuestiones menores.

11

Casos de asesinatos o desapariciones.

7

Investigadores asignados a la fiscalía.

 

El Índice de Impunidad del CPJ reveló que México está entre los peores países del mundo en combatir la violencia letal contra la prensa, con al menos 13 casos de asesinatos no esclarecidos en la última década.

Clasificación mundial según el Índice de Impunidad del CPJ:

1. Irak
2. Somalia
3. Filipinas
4. Sri Lanka
5. Colombia
6. Afganistán
7. Nepal
8. México
9. Rusia
10. Pakistán
11. Bangladesh
12. Brasil
13. India




 

El nuevo programa de protección para periodistas amenazados fue considerado como una herramienta ineficaz, acuciada por rivalidades burocráticas. Sólo ocho periodistas habían recibido ayuda hacia octubre de 2011 y la mayoría afirmó que la protección había sido muy pobre.

Análisis del programa:
Cientos: La inscripción proyectada para el programa.
8: Periodistas inscriptos.
5: Periodistas inscriptos que expresaron que la protección era ineficaz.
11 millones de pesos (840 mil dólares estadounidenses): Presupuesto del primer año para el programa de protección, conforme a cifras oficiales.

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Cobertura en 2011
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