La batalla entre Correa y la prensa ecuatoriana continúa

John Otis/Corresponsal del CPJ en los Andes

Un transeúnte se detiene a leer un diario el día después de la reelección de Correa. (AFP/Rodrigo Buendia)
Un transeúnte se detiene a leer un diario el día después de la reelección de Correa. (AFP/Rodrigo Buendia)

Después de la reelección por mayoría aplastante del presidente Rafael Correa en los comicios del domingo, muchos reporteros ecuatorianos se preparan para otros cuatro años de conflicto con su gobierno de izquierda. Ningún sector afirma estar entusiasmado con la idea, pero la continuidad de los enfrentamientos parece inevitable teniendo en cuenta las malas relacionesentre ambas partes.

Desde su primera victoria electoral en 2006, Correa ha insultado y demandado a reporteros y medios, y ha promovido una serie de medidas en el ámbito jurídico para restringir la libertad de prensa, acciones que le otorgaron a Ecuador un lugar en la lista de Países en Riesgo del CPJ, que identifica a 10 naciones en el mundo donde la libertad de prensa sufrió mayor deterioro en 2012. Según datos del CPJ, Ecuador se ha convertido en una de las naciones del hemisferio más restrictivas de la libertad de prensa --y puede que la situación empeore--.

De hecho, un tono beligerante fue parte de la plataforma electoral para el 2013 de Alianza País, el partido político de Correa. La plataforma describe un estado de "confrontación permanente" con los medios privados que son catalogados de "conservadores, retrógrados y opuestos al progreso".

"Van a ser cuatro años más de guerra", pronosticó Christian Zurita, periodista investigativo de El Universo, uno de los dos principales diarios de Ecuador. Zurita fue querellado por Correa en el 2011 por un libro sobre el hermano del presidente del que fue coautor.

No obstante, Zurita afirmó que la "guerra" probablemente evolucionaría y pronosticó que el gobierno seguiría una estrategia más sutil hacia los medios con el fin de evitar la publicidad negativa. Por ejemplo, el CPJ y otras organizaciones defensoras de la libertad de prensa se mostraron alarmadas el año pasado cuando Correa ganó una demanda por 40 millones de dólares contra los propietarios de El Universo y uno de sus periodistas. (Poco después Correa indultó a los demandados).

Zurita especuló que, de cara al futuro, Correa podría escoger demandar por sumas más pequeñas. De esa manera, añadió, los medios serían intimidados pero las demandas generarían menos titulares negativos. "En lugar de pedir una indemnización por 10 millones de dólares, podría pedir 20 mil", apuntó Zurita. "Habría menos ruido y menos atención internacional".

Otras políticas gubernamentales que podrían parecer beneficiosas para los medios independientes, en última instancia podrían traer como consecuencia una prensa más dócil, de acuerdo con varios periodistas y analistas.

Por ejemplo, en diciembre el gobierno aumentó el salario mínimo de los periodistas a 817 dólares al mes, un incremento del 69 %. Como muchos medios más pequeños pueden carecer del dinero para pagarles ese salario a sus periodistas, Correa ha propuesto que su gobierno les otorgue subsidios a estos medios para cubrir la diferencia. 

Lucía Lemos, decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Católica en Quito, declaró al diario El Comercio que la idea del subsidio podría ser otra manera de desalentar la cobertura crítica de la gestión gubernamental. Lemos expresó que los periodistas podrían desistir de redactar notas críticas por miedo a ser despedidos.

"¿Qué clase de independencia van a tener los periodistas?", agregó Gustavo Cortez, editor de El Universo. "La fidelidad hacia la posición del gobierno puede que no sea exigida explícitamente pero será esperada".

Sin embargo, Patricio Barriga, el secretario encargado de Comunicaciones del gobierno, señaló que ya muchos periodistas se autocensuran por otros motivos. Debido a sus bajos salarios, precisó Barriga, muchos son susceptibles a aceptar pagos para sesgar las noticias y ofreció como ejemplo que algunos reporteros de radio reciben un salario de 50 dólares al mes y se espera que incrementen sus ingresos con la venta de publicidad en sus programas --lo cual puede ocasionar conflictos de interés y una cobertura parcializada--.

Según Barriga, el gobierno desea "democratizar la información y garantizar el derecho a la libertad de expresión" por medio de iniciativas que promuevan la formación de periodistas profesionales, bien calificados y que ganen un salario decente.

Otra cuestión que con toda probabilidad mantendrá en vilo a los medios privados es un proyecto de ley de Comunicación que ha sido objeto de debate en la Asamblea Nacional desde 2009. Aunque sus disposiciones han sido modificadas desde entonces, un análisis del CPJ llegó a la conclusión de que el proyecto de ley sería un retroceso en materia de libertad de prensa al promover la autocensura y las restricciones al escrutinio de los actos de funcionarios públicos.

En el pasado, Correa había carecido de mayoría en la Asamblea Nacional. Al martes, la composición de la legislatura entrante aún estaba pendiente de confirmación, pero con base en los sondeos electorales y la fácil victoria de Correa --el conteo inicial indica que recibió alrededor de 57 % de los votos-- se esperaba que el partido de gobierno Alianza País obtuviera la mayoría de los 137 escaños. Esa mayoría allanaría el camino para la aprobación del proyecto de ley, el cual figuraba en la lista de las principales prioridades del partido.

"Las cosas se van a complicar mucho más", sostuvo César Ricaurte, director de Fundamedios, organización defensora de la libertad de prensa, con sede en Quito. "Si ellos logran la mayoría en la Asamblea Nacional, vamos a ser testigos de una ley de Comunicación mucho más restrictiva que la que ellos han promovido".

El domingo, mientras celebraba su triunfo, Correa dejó bien claro que la ley de Comunicación sería una de sus máximas prioridades. "Una de las cosas que hay que arreglar es una prensa totalmente falta de ética, sin escrúpulos, que quiere juzgar, legislar, gobernar antidemocráticamente", declaró Correa, según informes de prensa.

Orlando Pérez, director del diario El Telégrafo, controlado por el gobierno, señaló que la agresiva postura de Correa contra los medios es una de las razones de su popularidad, y que es poco probable que el presidente altere una fórmula exitosa.

"Correa una vez dijo que no le interesaba ganar un concurso de popularidad", acotó Pérez. "Pero lo que él está haciendo (con relación a los medios) tiene el apoyo de la sociedad.... Si él no hiciera estas cosas, tal vez no se encontraría en la posición en que se encuentra ahora".

Otro factor por tomar en cuenta es que la oposición política permanece dividida y débil. Guillermo Lasso, quien obtuvo el segundo puesto en las elecciones presidenciales del domingo, solamente recibió aproximadamente el 23 % de los votos, según encuestas a boca de urna. Ante la falta de rivales políticos fuertes, puede que Correa continúe presentando a la prensa como su principal enemigo, un papel que --según Pérez-- los medios privados del país han estado muy deseosos de asumir.

"La prensa ha adoptado el papel de la oposición política y ello ha sido un grave error", explicó Pérez. "El presidente ha estado ganando esa batalla".

Juan Carlos Calderón, director de la revista independiente Vanguardia, con sede en Quito, expresó que el conflicto ha perjudicado a ambas partes. Calderón llamó a un diálogo entre los medios y el gobierno para que se tendieran puentes. Ello, puntualizó, implicaría aislar a los "halcones", término que utilizó para describir a las figuras más radicales y agresivas dentro de los medios y el gobierno.  

Pero inclusive si no hay una tregua, Calderón sostuvo que una prensa ecuatoriana libre y vibrante sobreviviría la era Correa. "Es difícil borrar una larga historia (de libertad de prensa) en sólo unos años", manifestó Calderón. "Hemos sobrevivido en épocas muy difíciles y continuaremos sobreviviendo".

[Informe desde Quito, Ecuador]

John Otis, corresponsal en los Andes del programa de las Américas del CPJ, también trabaja como corresponsal de la revista Time y del Global Post. Es autor del libro "Law of the Jungle", publicado en 2010, sobre contratistas militares estadounidenses secuestrados por la guerrilla colombiana, y está radicado en Bogotá, Colombia.