Por John Otis/Corresponsal del CPJ para la región andina
Patricia Spadaro, directora de noticias del diario caraqueño El Nacional, enfrenta enormes desafíos para publicar el periódico. Su jefe, Miguel Henrique Otero, presidente y director de El Nacional, ha vivido en el exilio desde mayo de 2015 luego de que un alto funcionario de gobierno lo acusó de difamación. En la situación de grave crisis económica que atraviesa el país, la mitad del equipo de reporteros de Spadaro han sido cesanteados y el espacio para los artículos es menor debido a la escasez de papel periódico. En ocasiones el personal del diario también debe faltar al trabajo para hacer cola en los supermercados y comprar leche, carne y otros productos en desabastecimiento.
Incluso en su reducido estado, El Nacional continúa publicando reportajes premiados sobre el descontento político, la corrupción gubernamental, el drástico auge de la delincuencia y el sistema de salud nacional en deterioro.
“Siento una enorme admiración por mis reporteros”, declaró Spadaro al CPJ en entrevista realizada en la sede de El Nacional, en Caracas. “Han puesto a un lado sus miedos para hacer buen periodismo incluso si el gobierno les viene encima con todo lo que tiene”.
Fundado en 1943 por la familia Otero, El Nacional siempre ha sido conocido como el periódico político por excelencia de Venezuela. En comparación, su competencia El Universal se especializa en temas económicos.
Argenis Martínez, vicepresidente editorial de El Nacional, explicó al CPJ que la línea editorial del diario con frecuencia cambiaba junto con los vientos políticos. A finales de la década de los ’60, brevemente apoyó al gobierno comunista de Fidel Castro en Cuba antes de adoptar una posición más conservadora. El Nacional en un inicio respaldó al fallecido mandatario Hugo Chávez, quien lideró la revolución socialista en Venezuela en 1999. Pero el periódico gradualmente se volvió en contra de Chávez a medida que su gobierno se volvió más autoritario y ha sido extremadamente crítico del mandatario actual, Nicolás Maduro.
Es una posición solitaria. El CPJ ha documentado cómo, tras la venta de El Universal y del otro diario de gran circulación del país, Últimas Noticias, a grupos empresariales cercanos al gobierno de Maduro, esos dos periódicos parecen haber suavizado el tratamiento informativo del gobierno. Otros periódicos independientes, como el diario caraqueño Tal Cual y Correo del Caroní, publicado en el centro industrial de Ciudad Guayana, han reducido la publicación de frecuencia diaria a frecuencia semanal.
“Somos el único diario de circulación nacional independiente que queda”, Otero declaró al CPJ en entrevista telefónica desde Estados Unidos, donde pasa gran parte de su tiempo desde que abandonó Venezuela el año pasado.
Pero El Nacional ha pagado un alto precio por ello.
La mayoría de los funcionarios del gobierno de Maduro se niegan a hablar con los reporteros de El Nacional, a quienes con frecuencia se les prohíbe entrar a las conferencias de prensa del gobierno, precisó Spadaro. El gobierno ha retirado la publicidad oficial de las páginas del periódico. Martínez señaló que el Consejo Nacional Electoral por ley está obligado a publicar avisos en los principales periódicos venezolanos para informar a los votantes sobre la ubicación de los centros de votación. No obstante, el organismo se negó a comprar pauta publicitaria en El Nacional antes de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
El ministerio de Comunicación, que se encarga de atender las consultas de la prensa ante el gobierno, no respondió inmediatamente a la solicitud del CPJ para que se pronunciara respecto a los obstáculos que el periódico dice enfrentar.
La publicidad privada se ha agotado en medio de la seria crisis económica de Venezuela. Martínez expresó que debido al desabastecimiento generalizado, muchas empresas ya no tienen mucho que vender, “¿entonces para qué van a comprar publicidad?”. Martínez añadió que el declive en los ingresos del periódico ha obligado a El Nacional a reducir la plantilla de 652 a 330 empleados.
“El Nacional todavía tiene excelentes periodistas pero es un periódico muy disminuido”, afirmó Laura Weffer, quien trabajó 10 años en el diario antes de lanzar el sitio web de noticias independiente Efecto Cocuyo, al CPJ.
Parte del problema es la carencia de papel periódico, que no se produce en Venezuela. El gobierno, que implantó controles cambiarios en 2003, durante los últimos dos años se ha negado, sin ofrecer explicación alguna, a vender dólares estadounidenses a El Nacional, lo cual hace que para la empresa sea en extremo difícil importar papel periódico. Como medida de emergencia, según Martínez, el Grupo de Diarios América, una alianza de prominentes diarios latinoamericanos, le ha abierto una línea de crédito en el exterior a El Nacional, la cual le permite adquirir papel periódico y seguir publicando. No obstante, el otrora grueso diario de formato sábana ahora tiene una paginación de 24 o menos por edición.
La escasez de papel periódico también ha obligado a El Nacional a imprimir menos ejemplares. La circulación diaria ha caído de 90,000 a unos 40,000 ejemplares. Pero la lectoría del diario en la Web está creciendo. De acuerdo con Alexa, empresa estadounidense que mide el tráfico de Internet, El Nacional es el segundo sitio web de noticias más popular de Venezuela detrás de La Patilla, que principalmente agrega artículos de otros medios.
Carlos Correa, director de Espacio Público, organización de libertad de expresión con sede en Caracas, expresó que el mayor problema de El Nacional es la campaña legal del gobierno contra el periódico. El Nacional ha sido objeto de multas del gobierno, investigaciones y demandas por motivos que van desde el contenido de sus artículos hasta el ruido y el humo que emite su planta de impresión, señaló Martínez.
La arremetida legal más seria provino del expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, para muchos el segundo más poderoso dirigente de gobierno de Venezuela. En enero de 2015, El Nacional, Tal Cual y La Patilla reprodujeron un artículo del diario madrileño ABC que afirmaba que Cabello estaba involucrado en el narcotráfico. Como respuesta, Cabello interpuso una querella penal por difamación y en mayo pasado un tribunal les prohibió a Otero y otros 21 periodistas, editores y accionistas del periódico abandonar el país hasta que el caso sea resuelto.
“Me acusaron de ser un narcotraficante sin ninguna prueba”, Cabello declaró en su programa televisivo poco después del anuncio de la prohibición de viajar. “He solicitado … que se les prohíba abandonar el país”.
Otero se encontraba fuera de Venezuela cuando se dictó la prohibición de viajar y los ejecutivos de El Nacional lo exhortaron a que no regresara, principalmente porque el sistema judicial, según el criterio generalizado de las organizaciones de derechos humanos, está parcializado y actúa al servicio del gobierno dirigido por Maduro. Los analistas sostienen que el ejemplo más escandaloso de ello lo constituye el caso del líder opositor Leopoldo López, quien fue procesado por el delito de incitación a la violencia y sentenciado el año pasado a una pena de cárcel de casi 14 años luego de haber dirigido manifestaciones antigubernamentales en 2014.
“La represión es muy fuerte y por lo tanto cualquier cosa pudiera pasarme”, expresó Otero, quien ayuda a editar El Nacional por correo electrónico, teléfono y llamadas de Skype. Pero Otero pronosticó que debido a la crisis económica y el creciente malestar político, el gobierno de Maduro no duraría mucho más tiempo, lo cual pudiera facilitar su regreso a Venezuela.
[Informes desde Caracas]