Presidente de Ecuador demanda a diario crítico por difamación

Correa presentó la demanda contra los hermanos Carlos Pérez Barriga, César Pérez Barriga y Nicolás Pérez Barriga, directivos de El Universo, y el editor de opinión Emilio Palacio, según informó el diario de Guayaquil el martes. Según El Universo, la demanda fue presentada el 22 de marzo pero el periódico y su plantel aún no han sido notificados. El presidente de Ecuador solicitó una pena de tres años de prisión para los demandados y 80 millones de dólares en concepto de daños para el periódico, sus ejecutivos y Palacio, según informes de prensa.    

"Cuando inició su carrera política, Rafael Correa eligió en forma voluntaria ser sometido a la crítica y al escrutinio público", indicó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. "Es indignante que el presidente coloque su propia reputación delante del interés nacional de asegurar un vigoroso debate público. Instamos al Presidente Correa no solo a retirar la demanda por difamación sino también a colaborar con el Congreso para eliminar las disposiciones penales sobre difamación que contradicen estándares internacionales sobre libertad de expresión".

La demanda se originó en una columna sumamente crítica y sarcástica publicada en El Universo el 6 de febrero, en la cual Palacios se refiere Correa como "el dictador". En referencia a la rebelión policial de septiembre pasado en la cual se registraron tres muertes, Palacios insinuó que las acciones de Correa podrían haber constituido crímenes de lesa humanidad.   

En una entrevista en el sitio de noticias Web Ecuadorinmediato, Correa calificó a la columna de Palacios como irresponsable e insistió en que tanto los directores del periódico como el columnista deben ser responsables por haber publicado la columna.   

La investigación del CPJ muestra que las anticuadas disposiciones penales sobre difamación en Ecuador han sido utilizadas sistemáticamente para castigar a periodistas críticos. En marzo de 2010, Palacios fue condenado por el delito de injurias y se le ordenó a pagar diez mil dólares por costos del proceso judicial luego de criticar a un funcionario de una entidad financiera estatal. El funcionario retiró la demanda en junio y la acusación fue desestimada.  

La legislación ecuatoriana también contradice el consenso emergente en América Latina que considera a las leyes civiles como la solución adecuada para resolver casos por supuesta difamación. En diciembre de 2009, la Corte Suprema de Costa Rica eliminó la prisión como condena para casos de difamación. Un mes antes, en noviembre de 2009, el congreso argentino derogó la difamación incluida en el código penal. Y en abril de 2009, el Tribunal Supremo Federal de Brasil anuló la Ley de Prensa de 1967, una medida que aplicaba penas graves por injuria y calumnias.

Existe un cuerpo creciente de opiniones jurídicas internacionales en el sentido que los funcionarios públicos no deben ser resguardados del escrutinio público. En 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló: "En efecto, si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica".