Ataques a la prensa en el 2009: Argentina

ATAQUES A LA
PRENSA EN EL 2009
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El gobierno afirmó que la ley pondría un freno a los monopolios y democratizaría la radio y la televisión.  Los propietarios de medios y políticos opositores, por su parte, consideraron a la ley como un instrumento del gobierno para ejercer mayor control sobre el contenido informativo y obligar a grandes grupos de  medios a desprenderse de algunas de sus empresas. El debate empeoró las relaciones entre el gobierno y la prensa y avivó enfrentamientos entre el gobierno y Clarín, el grupo de medios más grande del país.

La ley, que adoptó parte de una iniciativa redactada por una alianza de organizaciones civiles llamadas Coalición por una Radiodifusión Democrática, dividió al periodismo. La ley reemplazó una norma anacrónica sancionada durante el régimen militar, en 1980, que otorgaba al Poder Ejecutivo control total sobre la regulación de los medios audiovisuales. Cristina Kirchner presentó el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hacia fines de agosto y explicó que permitirá “que todo el mundo pueda expresarse”. A principios de octubre, luego de un encendido debate y más de 100 modificaciones en la cámara baja del Congreso, la iniciativa se convirtió en ley.

La ley reserva un tercio del espectro radioeléctrico para organizaciones sin fines de lucro, los otros dos tercios se dividirán entre compañías privadas y emisoras estatales. También limita el número de licencias que puede tener una empresa y establece cupos para la música, filmes y programas producidos a nivel nacional. Las empresas no podrán ser propietarios de un canal de aire y una empresa de cable al mismo tiempo. Este y otros aspectos de la ley fueron inmediatamente impugnados ante tribunales federales. En diciembre, un juez federal de Mendoza ordenó suspender la aplicación de la ley. El gobierno anunció que apelará la decisión judicial.

La mayoría de los periodistas argentinos afirmaron que era necesario remplazar la ley de radiodifusión del régimen militar, pero algunos expresaron preocupación de que la nueva ley limitaría la libertad de expresión. La composición de la autoridad de aplicación quedó en el centro de la polémica. La ley exige que el nuevo ente regulador esté compuesto por siete miembros: dos designados por el Poder Ejecutivo, tres por el Congreso y dos por un consejo federal constituido mayormente por gobernadores con algunos representantes de organizaciones de la sociedad civil. “La autoridad de aplicación dependerá, en gran medida, de nombramientos políticos y el ejecutivo tendrá mucho poder en la designación de sus miembros y el control de sus funciones”, advirtió Adrián Ventura, columnista del matutino La Nación y duro crítico del gobierno. Los detractores también apuntaron contra algunas definiciones vagas en el texto de la ley que, en su opinión, permitirían al nuevo organismo regulador revocar las licencias de radio y televisión.

Los partidarios de la ley respondieron señalando que si el gobierno quería ejercer control sobre los medios ya contaba con una herramienta efectiva en la norma de 1980. Entre quienes apoyaron la ley se destacó Frank La Rue, relator especial de las Naciones Unidos (ONU) para la libertad de opinión y expresión, que llamó a la nueva ley “un ejemplo para otros países”. Horacio Verbitsky, destacado columnista del matutino Página 12 y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, expresó que la ley representaba “un avance significativo hacia el enriquecimiento del debate democrático mediante el acceso a la comunicación de una mayor pluralidad de voces”. El CPJ indicó que, si bien la ley es una mejora importante con relación a la norma de 1980, sus disposiciones podrían usarse equivocadamente para fines políticos. En particular, el CPJ afirmó que realizará un monitoreo de su implementación para asegurar que la autoridad de aplicación no sea sometida a interferencias políticas indebidas.

A pesar de las negativas del gobierno, muchos analistas sostienen que la ley también tuvo la intención de debilitar al grupo Clarín, dueño de diarios, estaciones radiales, canales de televisión y de cable. Clarín, también  proveedor de servicios de Internet, tuvo una cobertura crítica del gobierno de Kirchner. El debate legislativo aumentó la animosidad ya existente entre el gobierno y Clarín. El gobierno y sus aliados dispararon contra Clarín por lo que percibieron como una cobertura sesgada, especialmente en las elecciones de junio en las cuales el partido peronista de Kirchner perdió su mayoría parlamentaria.

En medio de un clima cada vez más enrarecido, Clarín se vio sometido a un ataque directo por parte del gobierno. El 11 de septiembre unos 200 agentes fiscales allanaron las oficinas del diario Clarín, luego de que el periódico publicara una nota de tapa alegando que un organismo gubernamental había otorgado un subsidio agrícola de forma irregular. Clarín y otros medios denunciaron el operativo como una intimidación del gobierno. La agencia impositiva inmediatamente dio marcha atrás, sostuvo que el procedimiento había sido realizado por error y anunció el despido de dos funcionarios responsables de ordenar el operativo.

El gobierno también confirmó la apertura de una investigación para determinar quién ordenó el allanamiento y sus motivos, pero no reveló ningún resultado hacia fines de año. Citando documentos del organismo recaudador de impuestos, La Nación informó en diciembre que Ricardo Echegaray, director de la entidad, había ordenado el allanamiento y que, en realidad, los dos funcionarios nunca habían sido despedidos. El gobierno no realizó una investigación impositiva del matutino Clarín.

Clarín fue blanco también de otro episodio con tintes político. El sindicato de camioneros, liderado por Hugo Moyano, aliado al gobierno, bloqueó en noviembre por un breve lapso la distribución de Clarín, La Nación, Perfil y otras publicaciones exigiendo que los conductores de camiones que distribuyen los periódicos fuesen representados por ese sindicato. Los diarios y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, que reúne a los propietarios de los periódicos, lamentó que el accionar del sindicato fuese motivado políticamente.

En noviembre, en un importante avance a favor de la libertad de prensa, el Congreso despenalizó los delitos de calumnia y la injuria. La medida fue adoptada tras recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo de mayo de 2008. La corte, un cuerpo de la Organización de los Estados Americanos, anuló la condena penal por difamación contra el periodista y autor Eduardo Kimel de 1999. El caso se originó en un libro de Kimel, La masacre de San Patricio, en el cual criticaba la investigación por la muerte en 1976 de cinco sacerdotes durante la dictadura militar. La corte también instó a los líderes argentinos a reformar las leyes de difamación para alinearse con los estándares regionales.

Periodistas y defensores de derechos humanos también celebraron un fallo de enero dictado por una corte federal de apelaciones que encontró que el gobierno, en forma improcedente, se rehusaba a contratar espacios de publicidad estatal en publicaciones de la Editorial Perfil en represalia por su cobertura crítica del gobierno de Kirchner. El gobierno apeló la decisión y el caso seguía pendiente de resolución hacia fines de año.

El CPJ y otros analistas han señalado que la presidenta Cristina Kirchner, continuando con un sistema institucionalizado durante el mandato de su esposo, ha manipulado la distribución de publicidad oficial creando un sistema de embargos publicitarios a los medios críticos y recompensando con anuncios a los medios que apoyaron al gobierno. Defensores de la libertad de prensa argumentaron que la manipulación de publicidad oficial viola los Artículos 14 y 32 de la Constitución Argentina, que prohíbe la censura y garantiza la libertad de prensa, respectivamente, y el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.