Cartas   |   Perú

Peru debe tomar medidas para despenalizar la difamación

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4 de agosto de 2011

Ollanta Humala Tasso
Presidente de la República de Perú
Lima, Perú

Estimado Presidente Humala:

Lo felicitamos por su primera semana en el cargo como presidente de Perú y quisiéramos aprovechar esta oportunidad para instarle a promulgar un proyecto de ley aprobado recientemente por el Congreso que elimina penas de prisión por difamación, un primer paso importante hacia la descriminalización de la injuria en su país. En un momento en el que funcionarios públicos están utilizando leyes arcaicas de difamación penal para castigar a los reporteros críticos, lo exhortamos a mantener su compromiso de proteger la libertad de expresión mediante la promulgación de este proyecto de ley y la promoción de cambios necesarios para una descriminalización completa de la injuria, dejando  la reparación de este delito a los tribunales civiles.

El 21 de julio, el Congreso presentó unos cambios en el código penal que eliminan las penas de prisión por difamación y aumentan multas y servicio comunitario como las sanciones para la injuria. El proyecto de ley está listo para que usted lo promulgue.  

Las disposiciones de difamación han sido utilizadas con frecuencia para silenciar a los periodistas críticos, muestra la investigación del CPJ. El 6 de julio, el reportero Hans Francisco Andrade Chávez fue condenado por difamación penal con motivo de un informe periodístico que emitió el 2 de marzo que involucró a un funcionario del gobierno local. Andrade Chávez, quien trabajaba para un canal de televisión en la ciudad de Chepén, realizó una entrevista a una dirigente  política que acusó  a Juan José Vásquez Romero, un funcionario de Chepén, de amenazarla de muerte. El 31 de marzo, Vásquez Romero acusó oficialmente a Andrade Chávez por difamación, según indicaron los informes de prensa local. En su sentencia del 6 de julio, la justicia indicó que las afirmaciones vertidas en el informe no eran ciertas, aunque la decisión escrita no citó evidencia alguna. Una jueza también multó a Andrade Chávez por 4,000 soles (1.430 dólares estadounidenses), indicó la prensa local. El periodista, quien aún no está encarcelado, afirmó al CPJ que apelará la decisión judicial.

Otro periodista peruano, Paul Segundo Garay Ramírez, conductor del programa "Polémica" en el canal de televisión Visión 47 y "La Voz del Pueblo" en radio La Exitosa, ha sido encarcelado desde el 19 de abril por difamar a un fiscal de Coronel Portillo, informó la prensa local. En su denuncia, el fiscal presentó un audio sin fecha en el cual, según él, Garay había  insinuado que estaba involucrado en actos de  corrupción y que había acosado sexualmente a unas litigantes jóvenes, el periodista indicó a CPJ. Garay niega que la voz en el audio sea suya - aunque ninguno presentó evidencia alguna en el juicio para comprobar sus afirmaciones - y considera que la denuncia  fue en represalia por sus reportajes sobre corrupción. Fue sentenciado a tres años de prisión y una multa de 20,000 soles (7,150 dólares estadounidenses). El 27 de julio, un tribunal de apelaciones de Ucayali confirmó la sentencia pero redujo su pena de prisión a 18 meses. Actualmente, Garay está cumpliendo su condena en la cárcel  Miguel Castro Castro en Lima. También es un testigo en el juicio contra un ex alcalde provincial en el asesinato de otro periodista en 2004.

En 2010, otros dos periodistas provinciales fueron procesados por difamación penal en Perú. Alejandro Carrascal Carrasco, editor del diario Nor Oriente de Bagua, y Oswaldo Pereyra Moreno de Radio San Lorenzo fueron ambos encarcelados por acusaciones de difamación originadas en su tarea informativa. La Corte Suprema de Perú revocó la decisión en el caso Carrascal y el periodista fue liberado, mientras que Pereyra salió en libertad luego de que un tribunal de apelaciones anulara la sentencia de la corte inferior en base a vicios de procedimiento. 

En abril, el CPJ participó en un evento en las oficinas del grupo regional de prensa Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en Lima, en el que usted afirmó que respetará el libre ejercicio del periodismo y no interferirá o enjuiciará a reporteros críticos. Nos alienta que usted haya reafirmado su compromiso al asumir el 28 de julio prometiendo ser un "defensor de los derechos humanos, la libertad de prensa y expresión".  

Existe un consenso creciente en América Latina que sostiene que las sanciones civiles proporcionan una reparación adecuada en casos de supuesta difamación. En diciembre de 2009, la Corte Suprema de Costa Rica eliminó la condena de prisión para los casos de difamación. Un mes antes, en noviembre de 2009, el congreso argentino derogó las disposiciones sobre difamación contenidas en el código penal para información de interés público. Y, en abril de 2009, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló la Ley de Prensa de 1967, una norma que imponía duras penas para los delitos de calumnias e injurias.

Existe un cuerpo creciente de opiniones jurídicas internacionales en el sentido que los funcionarios públicos no deben ser resguardados del escrutinio público. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobada en octubre del 2000, expresa que "los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".

Si bien el proyecto aprobado en el Congreso incluye multas elevadas y desproporcionadas y largos períodos de servicio comunitario como sanciones para el delito de difamación, el CPJ considera que representa un paso en la dirección correcta para proteger la libertad de expresión y honrar su compromiso. Lo instamos a promulgar la ley para que los periodistas peruanos puedan trabajar sin amenaza de cárcel. La entrada en vigencia de la ley permitirá también la liberación de prisión de Paul Garay, según informó su abogado. Lo exhortamos a adecuar las leyes de Perú en concordancia con estándares internacionales en materia de libertad de expresión a través de promover legislación que despenalice por completo la difamación.

Gracias por su atención a este asunto urgente. Esperamos su respuesta.

Atentamente,

 

Joel Simon
Director Ejecutivo

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