Nueva York, 27 de septiembre de 2001 --- Luego de una andanada
de críticas de parte de los medios y la sociedad civil, el
gobierno paraguayo derogó una nueva y controvertida ley de
acceso a la información que restringía la capacidad
de los periodistas de obtener documentos oficiales.
El 24 de septiembre, el presidente Luis González Macchi derogó
la Ley 1728 de Transparencia Administrativa y Libre Acceso a la Información.
La Cámara de Diputados —la cámara baja del Parlamento—
ya había votado a favor de revocar la ley el 16 de agosto,
mientras que el Senado confirmó la derogación el 13
de septiembre.
«Nos complace que el presidente González Macchi haya derogado
esta injusta ley», declaró Ann Cooper, directora ejecutiva
del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ,
por sus siglas en inglés). «Esperamos que esta administración
continúe apoyando una prensa libre y abierta.»
El presidente González Macchi había promulgado la Ley
1728 el 16 de julio. (Leer la alerta
del CPJ con fecha 25 de julio de 2001.) La ley supuestamente codificaba
el Artículo 28 de la Constitución paraguaya, según
el cual las fuentes públicas de información son «libres
para todos».
En realidad, la Ley 1728 hacía que fuera sumamente difícil
para los periodistas obtener cualquier documento oficial y dejaba
un enorme poder de discreción en manos del presidente y otras
autoridades. Los periodistas paraguayos también alegaron que
los funcionarios públicos podían aprovecharse de la
ley 1728 para entorpecer o retrasar investigaciones periodísticas
sobre la corrupción, y que los complicados trámites
burocráticos exigidos para obtener información oficial
socavaban la capacidad de la prensa de informar sobre el acontecer
nacional.
Ahora que la Ley 1728 quedó derogada, el Parlamento está
estudiando un nuevo proyecto de ley para tratar el tema del acceso
a la información. El proyecto de ley en estudio, redactado
en colaboración con el Sindicato de Periodistas del Paraguay
y otras organizaciones de la sociedad civil, acorta los plazos de
espera para obtener acceso a la información pública
y requiere que toda la información se facilite de modo gratuito.
FIN
