Ataques a la Prensa   |   Brasil

Ataques a la prensa en 2010: Brasil

Principales Acontecimientos
• La censura judicial es generalizada; una resolución prohíbe a un diario informar sobre denuncias de corrupción.
• Se obtienen condenas por la muerte de un periodista mientras Brasil avanza en la lucha contra la impunidad.

Estadística Clave
398: La cantidad de reclamos presentados por autoridades brasileñas a Google para que quite contenidos en línea en los primeros seis meses de 2010.


Prolongando una tendencia hacia la censura impuesta desde los tribunales, los jueces regionales prohibieron que decenas de medios informaran sobre algunos de los más importantes temas de actualidad, incluyendo cuestiones relacionadas con la elección general de octubre, la gestión de gobierno y la integridad pública. El diario O Estado de S. Paulo enfrentó una orden de censura durante el año que le impidió tanto al periódico como a su sitio de Internet informar sobre una investigación acerca de un caso de corrupción que involucraba a la familia del Presidente del Senado José Sarney. Un reportero provincial cayó en represalia por su labor informativa, mientras que otros periodistas y trabajadores de medios fuera de los grandes centros urbanos sufrieron ataques cuando informaron sobre política y corrupción.

ATAQUES A LA
PRENSA EN EL 2010

Prólogo
Introducción
Análisis de Internet
Análisis Regional:
En América Latina,
el retorno
de la censura

Informes por país
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Brasil
Colombia
Cuba
Ecuador
Honduras
México
Haiti
Estados Unidos
Venezuela
En un Vistazo

Los tribunales locales prohibieron a los medios de prensa informar sobre un amplio espectro de cuestiones públicas, según reveló la investigación del CPJ. En mayo, un tribunal civil del estado de São Paulo ordenó que el Diário do Grande ABC detuviera la publicación de notas sobre supuestos casos de mal manejo de insumos para escuelas públicas luego de que el alcalde de São Bernardo do Campo afirmara que el periódico estaba dañando su reputación. En septiembre, un tribunal electoral en el estado de Mato Grosso prohibió al grupo de medios Gazeta Comunicação divulgar notas sobre la posición tomada por el diputado Carlos Abicalil en relación al aborto. Informes de prensa señalaron que el congresista apoyó legislación que despenalizaba el aborto, algo que el legislador negó. Ese mismo mes, una corte electoral en el estado de Tocantins prohibió que 84 medios, incluyendo a O Estado de S. Paulo, publicaran y emitieran informes sobre una investigación penal que involucraba al gobernador Carlos Gaguim. Un tribunal superior anuló la decisión en Tocantins, pero varias órdenes de censura seguían en vigencia.

En los últimos años, empresarios, políticos y funcionarios públicos han presentado cientos de demandas alegando que medios críticos ofendían su honor o invadían su privacidad, reveló la investigación del CPJ. Los demandantes en estos casos buscan, en general, obtener órdenes judiciales que prohíban a la prensa seguir publicando información o que obliguen a quitar el material ofensivo que se encuentra en línea. Un informe elaborado por Google en 2010 afirmó que las autoridades brasileñas habían exigido que el contenido fuese quitado de los servidores de la compañía en 398 ocasiones durante los primeros seis meses del año, duplicando el número del siguiente país en la lista, Libia. La mayoría de los pedidos brasileños fueron fallos judiciales, afirmó Google. El Centro Knight para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas documentó 21 casos de censura judicial sólo en las semanas que precedieron la elección presidencial del 3 de octubre. El estudio mostró que la censura era impuesta a los periódicos, emisoras, sitios de Internet y blogs. Varios medios en todo Brasil fueron multados, se les ordenó quitar contenido, se les prohibió publicar o transmitir información específica y fueron demandados por candidatos y partidos políticos, según el análisis del Centro Knight.

Uno de los casos de censura más controvertidos prohibió al matutino O Estado de S. Paulo y a su sitio de Internet publicar informes sobre un supuesto caso de nepotismo y corrupción que involucraba a Fernando Sarney, hijo de José Sarney, titular del Senado y ex presidente de la nación. La resolución fue dictada originalmente en julio de 2009 luego de que O Estado -citando transcripciones de escuchas telefónicas obtenidas con motivo de una investigación federal- atribuyó a la familia Sarney haber usado su influencia para otorgar puestos de trabajo y aumentos salariales a amigos y familiares. El juez Dácio Vieira inhibió a O Estado para continuar con su labor informativa y aseveró que el diario sería multado con 150 mil reales (88 mil dólares estadounidenses) por cada nota publicada sobre el caso. El Supremo Tribunal Federal, el máximo tribunal del país, debería expedirse sobre la apelación presentada por el periódico en 2011. El diario alegó que la prohibición es inconstitucional.

En general, el Supremo Tribunal Federal ha respaldado a la libertad de prensa a través de sus fallos, incluyendo una decisión de septiembre de 2010 que derogó una prohibición sobre las emisoras que utilizaran "trucos, montajes u otros atributos del audio y del video para degradar o ridiculizar a un candidato, partido o coalición". La ley de 1997 establecía multas de hasta 60 mil dólares estadounidenses a los medios que se burlaran de políticos, una prohibición pensada para impedir que comediantes y humoristas satirizaran a los candidatos durante la elección. Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto, vicepresidente del tribunal, sostuvo que sólo la declaración del estado de emergencia podía justificar semejantes limitaciones a la libertad de expresión.

Dilma Rousseff, economista y ex jefa de gabinete del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, derrotó a José Serra, ex gobernador de São Paulo, en la segunda vuelta electoral el 31 de octubre. Rousseff mantuvo una relación polémica con la prensa durante una enconada campaña política; Lula mismo acusó a los medios de mostrar parcialidad en contra de su protegida. En un discurso poco después de su victoria, Rousseff se comprometió a que su gobierno garantizaría la libertad de expresión en Brasil, aunque no brindó ninguna información específica al respecto. Lula, cuyos índices de popularidad seguían siendo muy altos en las encuestas, finalizó su mandato de ocho años como presidente con un registro desigual en materia de libertad de prensa. La justicia llevó a cabo investigaciones exitosas en casos de periodistas caídos en cumplimiento de su labor, lo que representó un importante paso adelante en la campaña contra la impunidad. Pero la censura judicial se convirtió en un grave problema, que inhibe seriamente la capacidad de los periodistas para informar sobre cuestiones de interés público. Más periodistas fueron asesinados en el interior del país, donde el estado mantiene una frágil presencia, mientras que la cobertura del crimen organizado expuso, inclusive a los periodistas de centros urbanos, a serios peligros.

Los periodistas del interior se mostraron vulnerables ante posibles ataques por su cobertura de política y corrupción a nivel local. Francisco Gomes de Medeiros, director de noticias de Radio Caicó, cayó muerto de un disparo el 18 de octubre en la ciudad norteña de Caicó. La policía arrestó a un sospechoso identificado como João Francisco dos Santos un día después y aseguró que esta persona habría confesado el asesinato de Gomes en represalia por la cobertura informativa del periodista sobre su condena por robo a mano armado en 2007. Sin embargo, un fiscal estatal informó a la prensa local que creía que dos Santos era en realidad un asesino a sueldo. En diciembre, los investigadores acusaron a Vladir Souza do Nascimento, un delincuente que cumplía una pena de prisión por narcotráfico, de contratar a dos Santos. Informes de prensa citaron a los investigadores diciendo que la tarea informativa de Gomes había obstaculizado las actividades delictivas que Souza manejaba desde la cárcel.

En mayo, tres atacantes encapuchados secuestraron y torturaron a Gilvan Luiz Pereira, director y editor de Sem Nome, un semanario conocido por su cobertura informativa crítica del gobierno local en Juazeiro do Norte, estado de Ceará, según informes de prensa. Pero la policía interceptó el vehículo de los secuestradores en las afueras de la ciudad, provocando la huida de los atacantes y permitiendo que el periodista fuese rescatado, según el sitio de noticias de Internet Portal Imprensa. Pereira indicó al CPJ que fue hospitalizado durante cuatro días y que necesitó 42 puntos de sutura para cerrar una herida en la cabeza. La policía del estado acusó a dos guardaespaldas de la alcaldía por el secuestro y tortura del periodista. El caso seguía pendiente hacia fines de año.

En un paso importante en la lucha contra la impunidad en los casos de periodistas caídos en cumplimiento de su labor, los fiscales lograron obtener condenas por la muerte en 2007 del reportero Luiz Carlos Barbon Filho. En marzo, un tribunal de São Paulo declaró culpables a dos efectivos de la policía militar y a un empresario y los condenó a 18 años y cuatro meses de prisión cada uno por las acusaciones de homicidio agravado y asociación ilícita, según informes de prensa. Un tercer policía fue condenado y sentenciado a 16 años y cuatro meses de prisión por los cargos de homicidio agravado. Atacantes encapuchados le dispararon a quemarropa a Barbon, de 37 años, mientras se hallaba sentado en la terraza de un bar en la ciudad sureña de Porto Ferreira. El periodista había despertado atención con un informe en 2003 sobre una banda local dedicada a la prostitución infantil. El informe, publicado en Realidade, un matutino del cual Barbon era dueño, implicó la condena de 10 personas.

En forma separada, en noviembre, la policía de Río de Janeiro arrestó a Eliseo Felicio de Souza, cabecilla fugitivo del narcotráfico, durante una redada en la conocida favela Complexo do Alemão, revelaron informes de prensa. De Souza, uno de los siete hombres condenados por el asesinato en 2002 de Tim Lopes, reportero de TV Globo, había escapado de prisión en 2007 en la mitad de su condena a 23 años de cárcel.

En abril, la Cámara de Diputados dio un paso adelante en pos de mayor transparencia gubernamental cuando sancionó un proyecto de ley sobre acceso a la información pública. La legislación garantizaría a los ciudadanos el derecho a la información sobre las agencias públicas, incluyendo presupuestos, salarios, dotación de personal, e informes internos. La ley, pendiente en el Senado a fines de año, exigirá que las agencias gubernamentales brinden la información solicitada en un plazo de 20 días.

El gobierno elaboró un proyecto de ley para regular Internet y generó preocupación entre blogueros y defensores de la libertad de prensa. El borrador inicial para un nuevo "Marco de Derechos Civiles para Internet en Brasil" habría restringido severamente la cobertura informativa en línea, afirmaron expertos en Internet. En una de las secciones más controvertidas del borrador del proyecto, los servidores de Internet podrían ser responsables del contenido de sus usuarios si no lo quitasen de modo inmediato tras recibir la notificación sobre un reclamo presentado por un tercero. Danny O'Brien, coordinador de campañas de Internet del CPJ, figuró entre muchos de los críticos locales e internacionales. El Ministerio de Justicia revisó la cláusula en respuesta a las críticas y la modificó haciendo que los servidores fuesen sólo responsables en los casos en que no cumplieran con una orden judicial directa para que el contenido sea removido. El proyecto estaba siendo preparado para su presentación en el Congreso hacia fines de año.

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