Ataques a la Prensa   |   México

Ataques a la prensa en 2010: México

Principales Acontecimientos
• En medio de una violencia sin control, Calderón respalda la federalización de los delitos contra la libertad de expresión.
• Más de 30 periodistas asesinados o desaparecidos desde que Calderón inició su mandato.

Estadística Clave
4: El número de periodistas secuestrados por criminales en Durango que demandan a emisoras de televisión que transmitan su propaganda.


Grupos del crimen organizado ejercieron una intensa presión sobre la prensa mexicana al tiempo que extendieron su control sobre vastas regiones del país y en casi todos los sectores sociales. Una autocensura generalizada en los medios de prensa en áreas bajo la influencia del narcotráfico fue la devastadora consecuencia de la violencia y la intimidación. Diez periodistas fueron asesinados, al menos tres de ellos en relación directa con su labor informativa y otros tres reporteros desaparecieron. Además, los periodistas fueron atacados, secuestrados u obligados a marchar al exilio, mientras que los medios fueron el blanco de atentados con bombas, situación que transformó a México en uno de los países más letales para la prensa. Luego de reunirse con una delegación del CPJ, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa se comprometió a impulsar legislación para federalizar los ataques contra la libertad de expresión y anunció el lanzamiento de un programa de seguridad para reporteros en situación de riesgo inminente.

ATAQUES A LA
PRENSA EN EL 2010

Prólogo
Introducción
Análisis de Internet
Análisis Regional:
En América Latina,
el retorno
de la censura

Informes por país
Argentina
Brasil
Colombia
Cuba
Ecuador
Honduras
México
Haiti
Estados Unidos
Venezuela
En un Vistazo

Las actividades de los grupos criminales despertaron mayor atención pública al desplazarse las guerras entre narcotraficantes a estados como León, Nayarit, Durango y Tamaulipas. Desde que el Presidente Calderón lanzó una masiva ofensiva militar contra los poderosos carteles de la droga tras asumir sus funciones en diciembre de 2006, unas 30 mil personas han muerto en crímenes vinculados al narcotráfico, afirmó la Procuraduría General de la República (PGR).

Uno de los peores distritos fue Ciudad Juárez, una importante ciudad en la frontera con Texas, en donde el gobierno federal se había comprometido a dar el ejemplo sobre cómo recuperar el país. A pesar de desplegar hasta unos 10 mil soldados y efectivos de la policía federal, el gobierno no logró arrancarle el control de la ciudad a los grupos del crimen organizado. Un editorial de septiembre publicado en el principal periódico local, El Diario, que perdió a dos periodistas víctimas de la violencia del narcotráfico desde 2008, definió la situación en términos descarnados cuando se dirigió a los dos carteles de la ciudad: "Ustedes son, en este momento, las autoridades de facto". Siendo así, preguntaba el editorial, ¿qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar? El editorial fue publicado un día después de que Luis Carlos Santiago, de 21 años, fotógrafo de El Diario, cayera muerto de un disparo en el estacionamiento de un centro comercial. El gobierno federal no respondió ante las acusaciones del editorial en el sentido de que los carteles controlaban la ciudad, afirmando en cambio que el periódico actuaba de modo irresponsable al publicar semejante propuesta.

Al margen de las incesantes matanzas que cautivaron la atención internacional sobre Ciudad Juárez, feroces combates armados entre carteles se extendieron durante meses en las ciudades del este, en el estado de Tamaulipas, también en la frontera con Texas. Pero los carteles ordenaron que la prensa local no publicara nada sobre los enfrentamientos, y así fue, a pesar del peligro para los civiles atrapados en el fuego cruzado. Pero ése fue sólo uno de los efectos que originó el control del crimen organizado sobre la prensa. Muchos reporteros en la ciudad más grande del estado, Reynosa, confirmaron al CPJ que el crimen organizado se había apoderado de la policía y de numerosas funciones municipales, pero que no se atrevían a informar al respecto y el público no sabía que la autoridad había perdido el control de la ciudad. A diferencia de Ciudad Juárez, con su escalofriante índice de asesinatos, gran parte del estado de Tamaulipas había permanecido bastante tranquilo hasta el 2010 cuando estalló la guerra entre carteles rivales.

En septiembre, el CPJ publicó un informe especial, Silencio o muerte en la prensa mexicana, que reveló cómo la violencia y la corrupción vinculada al narcotráfico habían devastado a los medios de prensa y despojado a los ciudadanos de sus derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información. El informe describía cómo el temor y la autocensura han destruido la capacidad de la prensa para informar en libertad, mientras advertía que el futuro de la democracia mexicana estaba en riesgo.

Más de 30 periodistas han caído o han desaparecido en México desde que Calderón inició su mandato en diciembre de 2006, comprobó el CPJ, una cifra que compite con países asolados por la guerra como Irak y Somalia. Estos crímenes quedaron casi enteramente sin resolverse, no sólo como resultado de la negligencia y la incompetencia, sino debido a la vasta corrupción imperante entre los funcionarios de las fuerzas de seguridad, en particular a nivel estatal. El informe reveló que algunos periodistas, también, se habían convertido en herramientas de organizaciones criminales al aceptar dinero a cambio de divulgar propaganda. El informe responsabilizó a un sistema judicial débil, corrupto y sobrecargado por el fracaso en la investigación de crímenes contra periodistas, alentando así a que se cometan aún más. El informe concluyó con una exhortación: la crisis nacional exige una enérgica respuesta por parte del gobierno federal.

Dos semanas después de publicado el informe, una delegación conjunta del CPJ y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se reunió con el presidente mexicano. Luego de una discusión que se extendió durante 90 minutos, Calderón se comprometió a impulsar la ley para federalizar los crímenes contra periodistas que establecería la responsabilidad en niveles superiores del gobierno nacional. Al calificar el derecho a la libre expresión como una prioridad de su gobierno, el presidente afirmó que las autoridades federales implementarían un programa para brindar seguridad a periodistas en situación de riesgo, basándose en la exitosa experiencia que rige en Colombia. Afirmó que las fuerzas federales estaban trabajando para mejorar la capacitación y el entrenamiento en derechos humanos, y se comprometió a escuchar las inquietudes de los periodistas sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

El CPJ y la SIP han apoyado durante mucho tiempo la necesidad de una mayor intervención federal para resolver la crisis. La reunión, celebrada en la residencia presidencial en Los Pinos, incluyó al Procurador General, Arturo Chávez Chávez, y al Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora. La delegación del CPJ fue encabezada por su director ejecutivo, Joel Simon, e incluyó a un miembro de la junta directiva, María Teresa Ronderos, al coordinador senior del programa de las Américas, Carlos Lauría, y al representante en México, Mike O´Connor. La delegación de la SIP, encabezada por el Vicepresidente Gonzalo Marroquín, incluyó al director ejecutivo, Julio Muñoz y al director del Instituto de Prensa, Ricardo Trotti.

Calderón también anunció el arresto de un sospechoso por el asesinato del conocido reportero de Ciudad Juárez, Armando Rodríguez Calderón, en 2008. Un veterano reportero del crimen en El Diario, Rodríguez cayó muerto de un disparo delante de su pequeña hija en noviembre de 2008. Desde entonces, la investigación se ha paralizado y su periódico organizó intensas campañas reclamando justicia. El titular de la PGR afirmó que la cobertura de Rodríguez sobre el narcotráfico había motivado al sospechoso y sus cómplices. Pero un día después del anuncio del presidente, El Diario informó que el sospechoso, Juan Soto Arias, había sido torturado y coaccionado a confesar el asesinato del periodista. Las autoridades mexicanas no hicieron comentarios sobre el informe de El Diario, que se basó en fuentes anónimas.

A fines de año, el gobierno concretó algunos avances tras los compromisos asumidos para proteger a la prensa. En noviembre, la secretaría de Gobernación anunció detalles de un programa para brindarles a los periodistas en situación de riesgo una serie de medidas de protección, incluyendo guardaespaldas, carros blindados y asistencia para reubicarse. Sin embargo, algunos periodistas y grupos de prensa quedaron insatisfechos con el anuncio, alegando que el plan estaba enteramente diseñado por funcionarios sin suficiente comprensión de los problemas que viven los periodistas que cubren zonas de riesgo. El gobierno, afirmaron los periodistas, deberá superar la profunda desconfianza que existe en la prensa cuando avance con la implementación del programa de protección. En octubre, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados respaldó una enmienda constitucional para otorgarles a las autoridades federales amplia jurisdicción para investigar y procesar delitos contra la libertad de expresión. La propuesta, similar al proyecto de 2008 que finalmente quedó sin efecto, pasó luego a consideración de la cámara para su votación.

Más temprano en el año, el gobierno federal había adoptado algunas medidas en su lucha contra la impunidad. En julio, la fiscalía federal especial para atender delitos contra periodistas fue dotada de facultades más amplias y nuevas responsabilidades. Bajo el nuevo mandato, la función del fiscal será supervisada directamente por el procurador general y tendrá la responsabilidad de investigar los delitos cometidos contra la libertad de expresión. El gobierno también designó a Gustavo Salas Chávez, ex fiscal de Ciudad de México, como fiscal especial, en reemplazo de Octavio Orellana Wiarco, cuya permanencia en el cargo estuvo signada por una decidida falta de avance en la resolución de los casos de violencia contra la prensa. La fiscalía es potencialmente importante porque puede hacerse cargo de casos que han languidecido en manos de funcionarios estatales, según la investigación del CPJ.

En medio de una guerra entre el cartel del Golfo y el grupo criminal conocido como los Zetas en la ciudad de Reynosa, los reporteros Miguel Ángel Domínguez, Pedro Argüello y David Silva, todos vinculados al grupo de diarios El Mañana, desaparecieron a principios de marzo. Silva reapareció meses después, según informes de varios periodistas, aunque las circunstancias de su desaparición siguen siendo confusas. Los demás reporteros seguían desaparecidos a fines de año. El 6 de abril se denunció la desaparición del reportero Ramón Ángeles Zalpa, colaborador del diario Cambio de Michoacán, en el estado de Michoacán. Su hijo relató al CPJ que Zalpa había salido rumbo a su trabajo en la universidad local, en donde trabajaba como profesor, pero nunca volvió. Otra colaboradora del mismo periódico, María Esther Casimbe, desapareció en noviembre de 2009.

Los narcotraficantes adoptaron estrategias novedosas y sin precedentes en su batalla para controlar la información e influir sobre la cobertura noticiosa. Durante años, habían impuesto la censura sobre las organizaciones de prensa, sobornado o amenazado a periodistas para que escribieran notas favorables y en algunos casos habían intimidado a los medios para que presentaran información tendenciosa y sesgada. Pero en 2010, fueron aún más lejos. Obligaron a la prensa a que divulgara al público pura propaganda.

Luego de secuestrar a cuatro periodistas en el estado de Durango, los narcotraficantes indicaron que los reporteros no serían liberados a menos que se transmitieran ciertos videos por un canal de televisión local propiedad de Televisa y un afiliado de Milenio. Los videos, que las emisoras acordaron transmitir, parecían contener confesiones de gente en cautiverio que acusaban a narcotraficantes rivales de corromper a policías y funcionarios locales. Dos de los periodistas fueron liberados. El gobierno explicó que la policía federal rescató a los otros dos rehenes, pero uno de ellos señaló que los traficantes sencillamente les permitieron salir en libertad, desatando especulaciones de que el rescate había sido fabricado. Este fue el primer caso documentado en México en el cual se tomaron periodistas como rehenes para obligar a las organizaciones de prensa a transmitir propaganda sobre la organización criminal, según la investigación del CPJ. En septiembre, uno de los reporteros secuestrados, el camarógrafo de Televisa Alejandro Hernández Pacheco, solicitó asilo político en Estados Unidos. El reportero expresó que se sentía vulnerable en México, en especial luego de que funcionarios presentaran a los reporteros en una rueda de prensa y declararan responsable del secuestro al cartel de la droga de Sinaloa.

También en septiembre, un juez de El Paso, Texas, otorgó asilo político al periodista mexicano Jorge Luis Aguirre, director de noticias del sitio de Internet La Polaka. Aguirre había huido de Ciudad Juárez en noviembre de 2008 luego de recibir una amenaza de muerte el mismo día en que fuera asesinado Armando Rodríguez Carreón. Fue la primera vez en los últimos años recientes que Estados Unidos concede asilo político a un periodista mexicano, explicaron informes de prensa locales e internacionales, un tácito reconocimiento de que México se ha convertido en un lugar sumamente peligroso para la prensa.

El gobierno canadiense otorgó asilo político en junio a Luis Horacio Nájera, ex corresponsal del Grupo Reforma en Ciudad Juárez. Nájera y su familia se trasladaron a Vancouver luego de recibir amenazas de muerte de narcotraficantes, oficiales del ejército y policías en 2008. "Las amenazas llegaron de todos lados", escribió Nájera en un artículo en primera persona que publicó como parte del informe especial del CPJ Silencio o muerte en la prensa mexicana. "En el fuego cruzado, no tuve a nadie a quien recurrir. Tras ser testigo del clima creciente de crímenes violentos e impunidad, no podía confiar en el gobierno ni tampoco dejarme asesinar debajo de una solitaria farola".

En Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, la organización criminal conocida como los Zetas formó una unidad de relaciones públicas que envió comunicados de prensa por correo electrónico, incluyendo fotografías, a los periódicos locales que publicaron la propaganda por temor, según reporteros locales. Los comunicados de prensa fueron presentados como "notas periodísticas" que mostraban al ejército bajo una luz negativa. Otros comunicados de prensa elogiaban a la policía local, que según algunos reporteros se hallaba en connivencia con el cartel.

En las regiones en las que los narcotraficantes disputaban el control territorial, los medios fueron blanco de atentados con bombas. A fin de agosto, un coche bomba explotó en la sede central de Televisa en Ciudad Victoria. No hubo heridos, informó la emisora, pero la transmisión se interrumpió durante varias horas y los edificios linderos sufrieron daños. A principios de ese mes, una granada de mano fue arrojada contra las oficinas de Televisa en Monterrey, en el norte de México, mientras que atacantes no identificados lanzaron artefacto explosivo casero contra las oficinas de Televisa en Matamoros, estado de Tamaulipas, según los informes de prensa. No se registraron heridos.

Los periodistas informaron sobre numerosos instancias de hostigamiento y ataques cometidos por fuerzas militares y de la policía federal, que a menudo insistían en que sus acciones no debían ser cubiertas. Periodistas y fotógrafos en los estados de Michoacán, Sinaloa y Chihuahua, en donde el ejército contó con un amplio despliegue de fuerzas, se quejaron de recibir con frecuencia amenazas de soldados durante eventos noticiosos. A veces, afirmaron, los soldados los detuvieron o los golpearon, dañaron sus equipos o borraron las fotografías. Las declaraciones del ejército con frecuencia atribuían este trato a los nuevos reclutas que aún no estaban adecuadamente entrenados. Aún así, al menos cinco periodistas afirmaron haber sido detenidos y golpeados por miembros de la guardia militar personal del Presidente Calderón afuera del hotel donde debía hablar en Ciudad Juárez en febrero, según informes de prensa. En la reunión con el presidente en septiembre, la delegación del CPJ y la SIP expresó su preocupación de que fuerzas militares y efectivos de la policía federal estuviesen involucrados en abusos contra la prensa.

En mayo, un operador de cámara de video, un fotógrafo y un chofer de una revista de noticias en línea, Reporte Índigo, fueron detenidos cuando trabajaban frente al hogar de Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública. La revista había publicado una serie de notas cuestionando cómo había hecho García Luna para afrontar la compra de la casa. Los tres periodistas quedaron detenidos durante 20 horas, luego fueron liberados sin cargos, según el Centro para Periodismo y Ética Pública, un grupo mexicano defensor de la libertad de prensa. En una carta de junio dirigida al Presidente Calderón, el CPJ instó a que el gobierno desarrolle nuevos procedimientos y capacitación para asegurar que los militares y la policía federal no obstruyan la labor de la prensa.

En febrero, el único acusado por la muerte del periodista estadounidense Bradley Will fue exonerado por un juez. Will fue asesinado en 2006 cuando cubría protestas en el estado sureño de Oaxaca. Grupos de derechos humanos y la familia de Will indicaron que el acusado, Juan Manuel Martínez, era un chivo expiatorio, lo que apuntaba a hombres armados que trabajaban para el gobernador del estado como los supuestos responsables del crimen.

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